Están confundidos todos los que piensan que justicia es igual a cárcel: Ministro de justicia

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Casi todo lo que está pasando en la actualidad noticiosa colombiana tiene que ver con su gabinete: Reforma al equilibrio de poderes, tráfico de drogas, justicia transicional. Sobre esos y otros temas hablé con el abogado, con el ministro y con la víctima de la violencia.

Ministro de Justicia, Yesid Reyes
Ministro de Justicia, Yesid Reyes

Claudia Palacios: Ministro, hace unos días usted anunció un paquete de 26 medidas para acercar la justicia al ciudadano, pero hay que empezar por entender qué es lo que quiere decir la gente cuando pide «que se haga justicia».
Yesid Reyes Alvarado: Tenemos un concepto muy cerrado de justicia, la gente identifica justicia con derecho penal y a éste con cárcel. La justicia va desde altas penas privativas de la libertad hasta ausencia de imposición de penas. Están confundidos los que piensan que justicia es igual a cárcel.

C.P.: Entonces, ¿si la justicia no es para mandar a la gente que comete delitos a la cárcel, para qué es?

Y. R.: La justicia busca la recomposición de las relaciones sociales, es un tema de imaginación, reducirla a la cárcel es muestra de falta de imaginación. Hay otras alternativas a la reclusión intramural permanente, como por ejemplo, la reclusión durante el fin de semana, la reclusión nocturna, la vigilancia electrónica, entre otras.

C.P.: Entonces ¿no hay que construir más cárceles?

Y. R.: Por supuesto que hay construir más cárceles, lo importante es entender que no es la única solución. La solución parte de todas las ramas del poder público pues es necesario que los jueces y fiscales racionalicen la figura de la detención preventiva, que el legislativo no incurra en el populismo punitivo y que el ejecutivo contribuya con la construcción de cupos.

C.P.: Usted sabe lo que es buscar justicia, no sólo por su ejercicio como abogado sino porque usted fue víctima, perdió a su padre en la toma del Palacio de justicia. Los del M19 responsables de esa toma no pagaron cárcel. ¿Con el caso de su padre se hizo justicia?

Y. R.: Hubo justicia porque la amnistía es una forma de justicia. Después de ella no tengo nada que reprocharles a personas como Antonio Navarro o a Gustavo Petro. Recién ocurrida la toma del Palacio de Justicia esperaba que los responsables del M-19 fueran a la cárcel por los delitos cometidos durante ella, pero una vez concedidas las amnistías asumo que la justicia operó.

C.P.: Y ellos están libres mientras el coronel Plazas Vega está preso por los mismos sucesos…

Y. R.: En relación con el caso del Coronel Plazas Vega, que todavía no ha culminado, no voy a hacer ningún pronunciamiento mientras sea Ministro de Justicia.

C.P.: Algunos dirán que si amnistía es justicia los delincuentes de ahora y los que vienen no dejarán de delinquir porque sabrán que pueden ser amnistiados, o al menos tener rebaja de penas de cárcel, o en otras palabras, que saldrán premiados. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad, al llamarla a aceptar estos tratos?

Y. R.:¿Le parece poco ejemplo que una sociedad sea capaz de reconciliarse tras 50 años de violencia?

C.P.: Y ahora que empiezan a salir los exparamilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz, quienes según muchas de las víctimas incumplieron el compromiso de contar toda la verdad y de entregar sus bienes, ¿hay que decirle a la gente que como pasaron 8 años en la cárcel hubo justicia?

Y. R.: La Corte negó a los paramilitares el tratamiento de delincuentes políticos con el argumento de que no tenían fines altruistas ni se querían tomar el poder; claro que no tuvieron fines altruistas pero creo que teóricamente sí era viable otorgarles el tratamiento de delincuentes políticos y hacerlos responsables por los delitos comunes que no guardaran conexidad con ese propósito político. Sobre el funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz, puedo decirle que tuvo aciertos e inconvenientes y que de ambos debemos aprender para el futuro; hay errores que no podemos volver a cometer.

yesid_reyes_-_el_espectador_5C.P.:¿Y cuándo se negocia con los narcotraficantes y éstos siguen tranquilos por la vida con sus cuentas limpias, hay justicia?

Y. R.: Con ellos no se negocia que se queden con sus fortunas, sólo se negocia rebaja de penas. Y si colaboran como testigos en otros casos, tienen más beneficios.

C.P.: Para muchas víctimas lo más importante es saber la verdad, por qué los despojaron, secuestraron o asesinaron a su seres queridos, pero para algunos pensadores en temas de reconciliación, la verdad le pone trabas a La Paz, hace más difícil conseguirla porque es como echarle sal a la herida…

Y. R.: Para acabar de pasar la página es importantísimo saber la verdad. En lo personal, sigo con la incertidumbre permanente de saber cómo murió mi papá.

C.P.:¿Y no le ha preguntado a los ex M19?

Y. R.: Entiendo que todos los integrantes del M-19 que participaron activamente en la toma del Palacio de Justicia están muertos.

C.P.: ¿No va a buscar esa verdad?

Y. R.: No voy a buscar la verdad porque si alguien hubiera interesado en decirla ya la habría dicho.

C.P.: ¿Quién podría saberla?

Y. R.: El expresidente Betancourt, tal vez.

C.P.: ¿Y no le ha preguntado?

Y. R.: No.

C.P.: Pero a usted, ahora de ministro, le quedaría más fácil buscarla…

Y. R.: Como abogado no exijo esa verdad porque no es una verdad jurídica, como hijo la quiero, pero no la busco.

C.P.:  Supongo que tendrá una hipótesis…

Y. R.: Por supuesto que la tengo. En términos generales, asumo que mi padre murió en el intercambio de disparos cuando se tomaron el cuarto piso del Palacio..

C.P.: ¿El hecho de haber recibido una indemnización importante pesa en la certeza que usted tiene de que, a pesar de la incertidumbre de no saber cómo murió su papá, se hizo justicia?

Y. R.: Fue una reparación económica, importante para mi madre que va a poder vivir de eso el resto de su vida, pero no para mis hermanos y yo, que ya éramos profesionales. Es el reconocimiento de que el Estado se equivocó, de que la fuerza pública usó desproporcionadamente las armas, y es eso lo que da la tranquilidad de que se hizo justicia.

C.P.: ¿Y que se haya hecho justicia le ha servido para perdonar?

Y. R.: Yo perdoné a quien haya ocasionado la muerte de mi padre, que no sé quién fue. Mi conciencia está en paz, superado el dolor se van racionalizando las cosas, lo importante es conseguir una vida interna y social armónica. Y sí, el hecho de que haya habido procedimientos que llevaron a la amnistía y a una condena al Estado, sí ha servido para sanar heridas.

C.P.:  Usted le dijo hace unos días al fiscal, palabras más palabras menos, que se calle porque con esas propuestas de cerrarles los procesos a los guerrilleros si se firma el acuerdo de paz, no refleja la postura del gobierno y puede quitarle legitimidad al proceso. ¿Cuál es entonces la postura del gobierno sobre esos procesos judiciales de los guerrilleros?

Y. R.: Nunca ha sido mi propósito acallar opiniones diversas a las mías; lo que he propuesto es justamente abrir el debate con argumentos sobre temas como los fines de la pena; pero me parece inconveniente anticipar las conclusiones de un debate que, como ese, no se ha dado.

C.P.: ¿Y sobre la negociación con las Bacrim el gobierno sí está alineado con la postura negociadora del fiscal?

Y. R.: Creo que las palabras del Fiscal han sido malinterpretadas. Con las bandas criminales está previsto un procedimiento colectivo de sometimiento a la justicia, no una negociación como la que se adelanta con las FARC. Otra cosa es que en ese proceso de sometimiento se puedan llegar a negociar las penas, como ocurre con cualquier persona que acepta anticipadamente su responsabilidad penal y colabora con la administración de justicia.

C.P.: ¿El presidente puede aplicar una ley, como la 418, en un país que no sea Colombia? Esto a propósito de las autorización para el viaje de Timochenko a La Habana…

Y. R.: La logística del proceso de paz es competencia exclusiva del Presidente y la mesa negociadora.

C.P.: ¿Si la 418 es para levantar órdenes de captura, y en este caso, según la fiscalía, las órdenes de captura contra Timochenko no fueron levantadas porque no era necesario, pues se sabe que no está en Colombia, cuál es el propósito de decir que hubo autorización del presidente? Igual puede viajar sin que Colombia autorice, y no hay que hacer cese de operaciones ni trasladarlo con apoyo de la Cruz roja…

Y. R.: Le repito, la logística del proceso de paz es competencia exclusiva del Presidente y la mesa negociadora.

C.P.: Explíqueme, ¿cuál es el mecanismo jurídico que se usó para autorizar esa salida de Timochenko, sin que fuera necesario levantar las órdenes de captura?

Y. R.: El Presidente, supremo director del proceso de paz, ya se pronunció al respecto.

C.P.: A propósito de otro tema del proceso de paz, el del narcotráfico, tanto que estamos dedicados a ver qué se hace con el negocio ilícito tradicional, y ahora las drogas sintéticas son una desafío igual o mayor. ¿Cuál es el diagnóstico de producción, venta y consumo de drogas sintéticas en Colombia?

Y. R.: En ese asunto nos enfrentamos a un reto de salud pública pues, debido a la alteración de estas sustancias, no es posible determinar cuáles son los efectos en el organismo y los riesgos para la salud. Colombia no es un productor de drogas sintéticas, las altera con sustancias como cafeína, analgésicos, bazuco, e incluso anestésicos para animales. En cuanto al consumo hemos detectado que ha superado el 1%, según el Estudio Epidemiológico Andino de 2012.

C.P.:¿Y el plan para enfrentar esa problemática?

Y. R.: Justamente el Ministerio de Justicia y del Derecho realizó esta semana un encuentro internacional con expertos de todo el mundo sobre la materia para buscar estrategias que permitan preparar a Colombia para enfrentar este problema en materia normativa, judicial y de salud pública.

C.P.: A propósito de nuevos desafíos para la justicia, ¿qué piensa hacer para recuperar el prestigio de la rama judicial? Mire nada más la encuesta sobre percepción de seguridad en Bogotá que arrojó que la gente no cree en la honradez de sus jueces.

Y. R.: La desconfianza de la gente hacia la administración de justicia se deriva en buena parte de las dificultades que tiene para acceder a ella, y para que le solucione de manera rápida sus conflictos. Por eso hemos puesto en marcha una estrategia que apunta a facilitar el acceso, a mejorar los servicios y a generar una cultura ciudadana de respeto por la ley; la mayoría de los proyectos que la conforman no supone modificaciones legales, sino que son estrategias de gestión, o de incorporación de nuevas tecnologías al sistema para hacerlo más eficiente. El conjunto de todas estas iniciativas que ha diseñado el Ministerio contribuirán a cambiar la percepción que hoy tiene la ciudadanía sobre la justicia.

C.P.: Y qué decir de los magistrados de las altas cortes. Yo sé que el presidente dijo que no hay que colgarle adornos a la reforma al equilibrio de poderes, como si fuera árbol de navidad, pero ¿cree que con lo que va aprobado se arregla el problema o qué le cambiaría?

Y. R.: El problema de la administración judicial, que pretende atender el Ministerio, sí se soluciona con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. No se trata de cambiarle el nombre a una institución para que funcione de la misma manera sino modificar por completo su funcionamiento para que pueda administrar mejor los recursos de la Rama y representar verdaderamente a las bases del sistema judicial. Esto, de la mano con los proyectos de gestión que ya estamos poniendo en marcha en el Ministerio, conducirá a un cambio estructural de la percepción y el servicio de la justicia en Colombia.

C.P.:¿Por qué el gobierno piensa que el tribunal de aforados sólo debe investigar y no juzgar? La senadora López dice que eso es quitarle los dientes al tribunal…

Y. R.: En el procedimiento complejo que hoy existe para procesar aforados, las fallas se han presentado en la primera fase, que se contrae a la investigación, hoy a cargo de la Comisión de Acusaciones. Por eso es indispensable cambiarla por un cuerpo de expertos en esa labor de investigación, con un origen mixto que no los ate ni a la rama judicial ni al congreso. Pero sobre la Corte Suprema de Justicia, que actualmente es la encargada de juzgar a los aforados, no hay ninguna crítica en cuanto a su probidad y capacidad para adelantar esa labor, luego no veo ninguna razón válida para quitarle esa competencia. En cuanto a que un organismo encargado de investigar, pero despojado de la labor de juzgar no tiene dientes, conviene recordar que la Fiscalía es exactamente eso: un ente despojado no solo de la facultad de juzgar, sino de detener y restringir derecho individuales; y sin embargo, pocos dirían que se trata de una entidad que no tiene dientes. Lo evidente es que el éxito de un juicio depende en gran parte de una buena labor de investigación.

C.P.: Si usted fuera un colombiano de a pie, ¿cuál de las 26 herramientas nuevas para acercar la justicia al ciudadano se convertiría en su ángel de la guardia en caso de un pleito?

Y. R.: Una de las que más me gustan es la de Casas de Justicia. Esta iniciativa puede cambiarle la cara a la relación de la justicia con la ciudadanía. Tener un lugar que esté estratégicamente pensado y diseñado para cada comunidad, donde la gente pueda obtener respuesta fácil y rápida a todos sus conflictos, por más pequeños que sean, generará un verdadero cambio.

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