¿Extraditarlos o no?

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga

@zuluagacamila

 ¿Debe darse o no la extradición de  quienes participaron en el asesinato del agente de la DEA  James Terry Watson el pasado mes de Junio, después de abordar un taxi en el parque de la 93 en Bogotá?  Nuevamente este interesante  debate está sobre la mesa.

En esta oportunidad quien trajo el tema a colación fue el fiscal general Eduardo Montealregre, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia que autorice esas extradiciones. Que el fiscal se pronuncie es apenas normal, de hecho sabemos que lo hace a menudo para los medios. Lo que sorprende es que ese  concepto, el del fiscal, no está contemplado en el trámite de extradición.  ¿Por qué entonces lo hizo? ¿Será que quiere darle argumentos a la Corte para asegurar que su concepto sea favorable? ó ¿será que el fiscal Montealegre está buscando a futuro estar en un cargo electoral? ó ¿Será que está hablando para la galería? No lo sé, solo sé que esos interrogantes los tenemos muchos.

La discusión es tanto jurídica cómo política y se centra en si es posible que se pueda extraditar a un nacional por un delito cometido en territorio colombiano o no. La figura lo que contempla es que si el delito se desarrolla en territorio norteamericano aplica la extradición. Pero el asesinato del agente de la DEA ocurrió en Colombia, lo que en principio lleva a pensar que no cabría la figura. Sin embargo, el hecho fue cometido contra un agente de la DEA que para los gringos es considerado como un agente diplomático, lo que implica que su ataque se interpreta como un ataque en el país del norte.

Además de la mera discusión jurídica, también está el argumento emocional de quienes sentimos que nuestro territorio y jurisdicción es la que debe aplicar la justicia en este caso. ¿Por qué endosarle la justicia a otro? Más cuando la experiencia nos ha mostrado que extraditar no es garantía de justicia.  Hemos visto narcotraficantes subirse al avión con las esposas puestas, más alegres que tristes, pues  allá les quitan toda la plata o una parte importante de ella  y a los cinco años nos los devuelven. Es decir, les resulta mejor negocio irse que quedarse.

Pero para no quedarme en lo emotivo,  les contaré los principales argumentos expuestos  por  dos abogados amigos a quienes llamaré Pedro y Juan, que tienen opiniones encontradas, para que así ustedes saquen su mejor conclusión y decidan de qué lado están de acuerdo y cual argumento compran.

Al preguntarle a Pedro sobre qué opinaba frente a las declaraciones del fiscal, este me dijo: En un trámite de esa naturaleza cuenta el lugar de la ocurrencia del hecho.  De hecho la Corte creó una jurisprudencia  desde el caso de Jorge  Eliecer Ayala Barón  quien era el conductor del Coronel James Hyett y de su esposa Laurie Ann. Él era el agregado militar de la embajada americana en Bogotá. Los gringos, enviaban coca en la valija diplomática y los cogieron. La corte en esa situación interpreto que él, Ayala Barón,  era solo el chofer, que su delito solo paso aquí en Colombia,  y que el Art 35 de la Constitución  se aplica a hechos ocurridos total o parcialmente. Los diplomáticos llevan en teoría la ley penal consigo, pero ello existe por razón de prevención de sus sedes, de su vida y su misión. Está en un pacto multilateral. Así el agente de la DEA tenga fuero diplomático, no aplica para esta clase de asuntos, porque los atracadores no sabían de su condición ni su intención era atacar al país.

Juan, por su parte, dice que el  tratado que firmamos como país avala la extradición de los asesinos, pues lo único que hace el tratado es suponer que los hechos ocurrieron en EEUU y es el factor de competencia. Todo país tiene derecho a investigar los delitos cometidos en su territorio.  Pues a pesar de que el delito fuera cometido en territorio colombiano, fue en contra de un diplomático y los estadounidenses consideran que es como si el mismo se hubiera cometido en su territorio.  En resumen, según el tratado firmado por Colombia, se entiende que el agente fue asesinado en territorio norteamericano.

Sobre los anteriores y muchos otros elementos tendrá que discutir la Corte suprema para avalar o no la extradición. Como todo en derecho, hay diferentes lecturas e interpretaciones jurídicas.

El Fiscal basó su posición en que quería proteger las relaciones de cooperación con Estados Unidos y por eso se ampara en la tesis de que la víctima era una “persona protegida” por lo que debe ser la justicia de su país de origen la que juzgue el hecho. Lo que Montealegre no dijo era quien “protegía” a las decenas de colombianos que también fueron víctimas de “paseos millonarios” cometidos por los mismos delincuentes y con cuya extradición quedarán en la completa impunidad.

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