Fin del conflicto armado, un problema político antes que jurídico

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Alejo VargasPor Alejo Vargas Velásquez

Se ha dado una tendencia, promovida por los adversarios del proceso de solución negociada y que otros quizá, por confusión le hacen el juego, y es considerar que la gran dificultad para resolver el conflicto interno armado y llegar a acuerdos en la Mesa de Conversaciones en La Habana es  de orden jurídico. Pero lo que se debe recalcar es que la terminación de un conflicto interno armado es un acto de naturaleza política que lleva adelante una sociedad, liderada por su gobierno, y que busca dejar atrás un período de violencia, de enfrentamiento armado e iniciar un proceso de transición hacia una nueva realidad de reconciliación, convivencia, desarrollo y profundización de la democracia, que es lo que llamamos la paz.

Por eso es afortunada la asimilación al periodo que viene, una vez se concluyan los acuerdos políticos entre Gobierno y Farc –y luego, seguramente con el ELN–, como un periodo de transición, pero adicionalmente debemos resaltar que si bien los acuerdos son nacionales, su implementación será en los territorios.

Es allí, especialmente aunque no solo, donde se deben adecuar las instituciones, en las regiones y localidades que han vivido la intensidad y los horrores del conflicto armado, se deben preparar para la implementación de los acuerdos pero especialmente para empezar una vida de desarrollo y convivencia sin la zozobra de la guerra, la muerte y el miedo.

Desde la perspectiva académica podemos entender la transición como ese intervalo de tiempo que va desde el momento en que ha concluido un periodo de la historia de una sociedad (un conflicto armado, un periodo autoritario) y se inicia el tránsito hacia otro distinto (una sociedad que construye la paz, un régimen democrático); durante ese periodo hay tensiones, claro que sí, entre las fuerzas que están apegadas al pasado y las que quieren impulsar los cambios hacia un futuro más amable para todos. Casi siempre esas transiciones han estado precedidas de acuerdos que son fundamentalmente políticos.

Por ejemplo, la transición española se concretó en los llamados Pactos de la Moncloa –por el Palacio en el cual se firmaron– entre la mayoría de las fuerzas políticas (en principio la derecha se abstuvo, pero luego se sumó), también de las organizaciones empresariales y sindicales y fueron esos Pactos Políticos, pero que tenían componentes jurídicos, económicos y también propiamente políticos. Estos pactos permitieron no sólo darle formalidad a los acuerdos, sino que el tránsito de los mismos en la Cámara de Diputados y en el Senado garantizaran su aprobación sin mayores dificultades e igualmente que el desarrollo posterior de los mismos fluyera.

Guardadas las diferencias de tiempo, modo y lugar, algo similar fue el pacto entre los partidos Liberal y Conservador –con apoyo de los empresarios y demás fuerzas vivas de la sociedad en ese momento– que dio origen al Frente Nacional, la terminación definitiva de la violencia liberal-conservadora –con la modalidad de una cuasi amnistía con perdón y olvido–  y el inicio de la transición del gobierno militar a la democracia.

Situación parecida se dio con el Pacto de Punto Fijo en Venezuela entre los partidos políticos de los años 50s –especialmente los dos grandes, Acción Democrática y COPEI– y con el apoyo de empresarios y organizaciones sindicales, que permitió a Venezuela salir del decenio de dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el tránsito a la democracia.

Por supuesto el período de transición requiere no sólo que la sociedad haya apoyado los acuerdos políticos, sino su desarrollo tanto en lo normativo, como en su implementación, que insistimos tiene un gran componente en las regiones y localidades.

Esto debe llevar a los colombianos, a sus dirigentes políticos y sociales, en la medida en que avanzan de manera positiva las conversaciones de La Habana, a pesar de ciertas voces pesimistas que pretenden predecir catástrofes, como lo hicieron los gobernadores la semana anterior en Medellín, a empezar a analizar y a prepararnos, no sólo para la terminación del conflicto armado, sino para la aprobación de los acuerdos a que se llegue y su implementación, lo que tiende a denominarse como el postconflicto.

La reflexión anterior nos lleva a señalar que las conversaciones de La Habana y los acuerdos que se están construyendo deben terminar en un gran Pacto Político –entre organizaciones políticas, empresariales, sindicales, sociales y por supuesto los gobiernos regionales– que le dé salida real al conflicto armado y permita resolver los grandes problemas que se tienden a ver bajo la perspectiva exclusivamente jurídica, pero que son en esencia problemas de tipo político y que debe resolverse de esa manera.

Sabemos por la información pública que se ha avanzado hacia acuerdos entre Gobierno y Farc en relación con el tema del desarrollo agrario integral con enfoque territorial y se comienzan a construir los acuerdos sobre participación política y esto es una excelente noticia. Pero hay que comenzar a visionar y quizá a tejer y construir el gran Pacto Político que sea realmente el que le dé cierre y certezas a la sociedad, al gobierno, a  los alzados en armas y a la comunidad internacional.

Pero en paralelo hay que empezar a trabajar en estructurar la institucionalidad regional y local que tendrá la responsabilidad de la implementación de los acuerdos y a trabajar en el campo de la reconciliación, para que éste sea un periodo que se adelanté sin grandes traumatismos –habrá dificultades, sin duda– y, por el contrario, sea un momento de construcción de la sociedad sin conflicto armado que anhelamos todos los colombianos.

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