Gobernación del Valle en crisis financiera

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Luego que el pasado 27 de abril el Gobernador encargado del Valle en ese momento, Aurelio Iragorri, anunciara una “emergencia jurídica”, se dio a conocer que demandas por más de 700 mil millones estarían “desangrando el departamento”, según aseguró el mandatario.

El hoy exgobernador Iragorri, quien estuvo en su cargo sólo un mes, reveló un dato que no se conocía hasta el momento y es que más de 3.400 demandas contra el departamento que tiene actualmente y en donde mensualmente llegan 400 tutelas, en su mayoría por pasivos pensionales, están siendo atendidas por un equipo de sólo cinco abogados.

Después de diez días de posesionada como Gobernadora encargada, Adriana Carabalí presentó un informe el pasado 16 de mayo sobre la situación fiscal del departamento, anunciando que se tendrán que congelar 32 mil millones. Afirmó además que uno de sus principales objetivos será apoyarse de un equipo jurídico y acogerse a la ley 550 de 1999 para congelar pagos de embargos y demandas.

Lo cierto es que el departamento tiene embargos, demandas y un déficit que supera los 112 mil millones, pagos pendientes por vigencias anteriores por 67 mil millones y un 40% de los embargos son por pasivo pensional, alrededor de 80 mil millones, ya que el departamento tiene 6.000 pensionados y sólo a mil se les ha cumplido con el reajuste.

A esto se suma que el Contralor Departamental Adolfo Sinisterra, dio a conocer este jueves 24 de mayo, en un informe sobre la Gobernación del Valle en el periodo 2011, que se encontraron 41 hallazgos que suman alrededor de 29 mil millones y en donde se acusa al Gobernador en ese entonces Francisco Lourido por presuntos manejos irregulares de dineros públicos, quien al conocer la acusación afirmó en entrevista al noticiero 90 minutos que “estamos tranquilos porque creemos que hicimos lo adecuado”.

‘Ley de quiebra’

Durante el informe realizado por la Gobernadora encargada Adriana Carabalí, se anunció que el Departamento se acogía a la ley 550 de 1999 para blindar al departamento de más demandas y tutelas, además de congelar los pago de embargos y demandas. Un ley que apoya a empresas o entes territoriales cuando no tienen solvencia económica para cancelar sus deudas.

Luego de congelados los procesos judiciales, se iniciaría un plan de reestructuración teniendo como prioridad los pagos laborales, las entidades públicas, entidades financieras y otros acreedores, respectivamente.

Una medida que da alivio a la Gobernadora encargada, sin embargo un reto para quien quede elegido el 1 de julio como Gobernador del Valle hasta el 2015. Frente a esto los candidatos declararon al noticiero 90 minutos que:

 Ubeimar Delgado, candidato Conservador y avalado por la Unidad Nacional.

“Es una ley que se puede aplicar como una herramienta para ordenar los pasivos, que se están en este momento debiendo, ordenar a quién se le debe, por qué se debe, cuánto se debe, de esa manera podemos priorizar las transferencias de la nación en salud y educación.”

Carlos Gonzalez, candidato del Polo Democrático Alternativo.

“Poner en orden las fuentes de recursos propios, es decir, hay que ver qué está pasando en licorera, en acuavalle, etc..habría que hacer la priorización de gastos con dineros de transferencias y habría que tener una mirada muy rigurosa con el tema de transferencias, que si bien tienen una destinación específica, también es posible a través de ellas atender las dificultades sociales que tiene el Valle.

Francined Cano, candidato del PIN y el MIO.

“Considero que la ley 550 puede ser un respiro para el departamento, para trabajar con tranquilidad, que toda esa plata que está embargada, como 80 mil y 90 mil millones de pesos, puedan entrar de nuevo al arca del departamento y puedan generar desarrollo e inversión social. Pero igual la ley tiene que aprovecharse para que en el lapso de dos o tres años el departamento vuelva a quedar con la categoría con la que venía.”

 El reto: la recategorización

En septiembre del 2010, en el Gobierno de Francisco Lourido, se dio a conocer que el departamento bajó de categoría especial a primera categoría, lo que significó una disminución en la transferencia de los recursos por Sistema General de Participaciones.

Esta medida se aplicó luego de que un informe del 2009 de la Contraloría del Valle revelara que los gastos del departamento superaron el 53%, dándose desbordantes gastos como 1.900 millones en vallas publicitarias o que la Industria de Licores del Valle haya regalado 3 millones de botellas que representarían 60 mil millones destinados a la salud y la educación.

Los entes territoriales de categoría especial no pueden execder sus gastos de funcionamiento en más del 50% de sus ingresos corrientes según la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda bajo la ley 617 del 2000, sólo podrán destinar ese porcentaje permitido para cubrir salarios de empleados públicos con las mesadas de los pensionados, atender servicios públicos de la Gobernación, comisiones de viaje y suministros como papelería, gasolina, entre otros.

Un reto para el próximo Gobernador del Valle tanto para recuperar la credibilidad en la gestión pública del Departamento como para aumentar los presupuestos recortados por esta sanción en su mayoría de inversión social e infraestructura.

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