Hay razones para protestar

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga

@ZuluagaCamila

Colombia está en paro,  Catatumbo, cafeteros, agricultores y mineros han salido a las carreteras del país a manifestar su hastío frente a la situación económica, política y social que les ha tocado vivir durante décadas.

Como lo han registrado las noticias, hay algunas manifestaciones que ya han incurrido en la violencia, toma de carreteras y aeropuertos han afectado  el interés del resto de la comunidad. En particular, el paro minero se ha hecho protagonista por lo acontecido el viernes en el aeropuerto de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en donde un grupo de manifestantes accedió a la pista imposibilitando el despeje y aterrizaje de aviones en ese terminal.

Sin duda son cuestionables muchas de las actitudes tomadas por aquellas personas que hoy están reclamando, pero ¿qué hay detrás del grito desesperado de estas comunidades?

El gobierno nacional se ha encargado de decir que en el caso particular del paro minero, este está siendo promovido por aquellos involucrados en la minería ilegal que hoy están deforestando al país y afectándolo ambientalmente. Vale la pena recordar que se han venido tomando medidas para erradicar ese tipo de minería y censar a un sector que hoy supone para el país una de las locomotoras de la economía.

Sin embargo, al gobierno se le ha olvidado compartirnos un detalle a la hora de explicarnos la forma en que se han venido haciendo los procesos de formalización. Existe una ley, la 685 de 2001 con la que, según  los   mineros que hoy están manifestándose, se les cercenó la posibilidad a quienes se han dedicado a la extracción artesanal, de poder extraer minerales legalmente.  Antes de esta ley el código de minas era el decreto 2665 de 1988; en ese decreto existían tres categorías mineras: pequeña, mediana y gran minería. Esas figuras desaparecieron con la ley 685 y se creó el contrato único de concesión minera, en donde quien no posea titulo minero es ilegal.

En otras palabras aquel que no cuente con un titulo minero será visto como ilegal. Y hoy con dicha ley los pequeños mineros no tienen alternativa alguna de acceder a la formalidad a través de la adjudicación de uno de estos títulos. La ley quedó hecha para atacar a los pequeños y favorece a los grandes. Es por eso que hoy la minería informal tiende a confundirse arbitrariamente con la minería ilegal.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el de Gabriel Ordóñez, un indígena de la etnia Embera Chami, quien por tradición ancestral y a lo largo de su vida, se ha dedicado a la minería artesanal en minas de oro que fueron heredadas  con títulos reales en el municipio de Marmato. Hace quince años, sin ninguna explicación, el ministerio de minas entregó  esas áreas a una empresa llamada Mineros Nacionales, hoy Colombian Gold. En el año 2005, el señor Gabriel, queriendo formalizar su actividad en una de las áreas de explotación, tuvo un resultado negativo. Las autoridades, a través de una resolución, le dieron como respuesta que no se le podía conceder el titulo pues existía una “superposición” con un área de Mineros Nacionales.

Así como la historia de don Gabriel, existen muchas otras de mineros, también artesanales y ancestrales, que  no han podido formalizar su actividad y a quienes se les califica como practicantes ilegales de la misma. Entonces lo que reclaman hoy los que están saliendo a las calles, es que la legislación quedó hecha para dejarlos en desventaja ante los grandes emporios mineros del planeta y hace que los confundan con quienes son responsables de hacer de la minería un negocio ilegal que en muchos casos financia a los grupos armados ilegales. Es cierto que hoy existe una macabra asociación entre los narcocultivos y la minería en las montañas colombianas, pero eso no le resta responsabilidad a los gobernantes a la hora de darles garantías a quienes no son ilegales y ancestralmente han venido desempeñando esa labor en el país.

Las razones de la protesta no son menores, y es importante saberlo. Que los desmanes violentos son cuestionables, no cabe duda, pero que las autoridades deben actuar de manera no improvisada, tampoco. Lo que pasa es que para que esto se de, deberíamos contar con un ministro experto en el tema y lamentablemente como en tantos otros, este no es el caso. Federico Rengifo, actual jefe de la cartera, poco sabe al respecto, con él se aplica la jurisprudencia Santos, tan común en este gobierno: nombrar a los amigos y mantenerlos en sus cargos, así no sirvan para nada.

Una cosa más: ¿Será que esta semana el presidente Juan Manuel Santos anuncia la salida del embajador de Colombia en Washington Carlos Urrutia?

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