Improductividad por el pésimo transporte público

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Por Gustavo Muñoz SinisterraGustavo_Munoz_Sinisterra

El Gobierno debe ser un facilitador con sus políticas públicas para que el sector empresarial sea más productivo y competitivo, genere más empleo, pague mejores salarios, aporte a la seguridad social, apoye programas de responsabilidad social, transforme sus procesos para que sean amas amigables con el medioambiente y se convierta en la columna vertebral de contar con una sociedad feliz, lo cual está demostrado que impacta positivamente la productividad y la calidad de vida.

Pero vemos cómo una de las políticas del Gobierno, que tiene que ver con la movilidad de la mayoría de los ciudadanos –que es el transporte público–, ha sido hasta ahora un fracaso en resultados de calidad y cobertura. Muchas políticas como estas persiguen buenos objetivos para organizar el tránsito, tener buses con más comodidades y motoristas mejor remunerados, presentados y educados, pero detrás de las buenas intenciones están las malas administraciones y los intereses privados al concesionar servicios como el de transporte público sin que sea un negocio rentable para el empresario privado. El incumplimiento del sector Gobierno en vías, rutas, estaciones, talleres y flujos de pasajeros no dan viabilidad económica al privado. Un privado no invierte para perder dinero y por eso en los contratos de transporte público si el gobierno no cumple con las condiciones que lo hacen rentable, entonces, el servicio recibido es de pésima calidad, como ocurre actualmente.

El transporte público es un servicio esencial y constitucional del ciudadano, y el Gobierno está obligado a prestarlo con calidad y eficiencia, así deba ser socio subsidiario del privado o no concesionarlo y que sea 100 % público, pero que garantice calidad y sea digno de usarlo. Hoy en Colombia el 77 % de las personas se moviliza en transporte público, y este es ineficiente e inhumano por sus condiciones de hacinamiento, seguridad, cantidad y frecuencia. Entre las personas que invierten una y más de dos horas en llegar a sus empleos, un 57 % debe levantarse más temprano y dormir menos, un 26 % gasta más dinero en movilizarse, un 12 % sufre de estrés a causa del largo recorrido y un 5 % dice sentirse desmotivado en sus tareaslaborales.

Un sondeo revela que el 64 % de los empleados llega tarde al trabajo una vez a la semana por inconvenientes con el tráfico. Entre ellos, un 65 % indicó gastar entre $2.900 y $5.000, mientras que un 29 % aseguró invertir más de $5.100 pero menos de $10.000, y el 5 % afirmó gastar incluso más de $10.000 diarios. El tiempo que pierde en promedio un ejecutivo por los problemas de movilidad  lo llevan a malgastar mínimo el 25 por ciento de su jornada productiva. Las pérdidas oscilan entre los $8.021 y los $642.000 diarios por cada 15 minutos de tardanza.  A esto se suma que el 44 % de los trabajadores discute con sus jefes por los retrasos. Tomémonos la tarea de cuantificar las pérdidas en materia de salud, felicidad y dinero para ver si nuestros administradores públicos, que no utilizan este sistema, se responsabilizan y ajustan el modelo financiero y operativo, como lo exige su cargo.

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