Inclusión social a través de las Rondas Mineras

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Simón Gaviria, Representante a la Cámara.

Colombia está viviendo reformas estructurales en su aparato productivo. Mucho se ha escrito sobre la enfermedad holandesa.  Más se ha dicho sobre el boom minero energético. Inclusive se ha dicho que como porcentaje del PIB, el sector minero al finalizar la década puede pasar del 1.5 % al 7 %.

El Gobierno piensa reorganizar el sector a través de un nuevo Código de Minas, también una sensata reorganización del esquema del licenciamiento que parecía desaforado y más diseñado para abogados que para mineros. Un esquema similar al de petróleo, que a través de las rondas no solo logrará que el Estado obtenga condiciones más favorables sino más orden en el sector.

Detrás de este fenómeno, y de la oportuna reorganización del sector, se aproxima una realidad social compleja. Uno de los efectos de poner la casa en orden debe tratar la informalidad minera. Se estima que del sector minero se sustentan alrededor de 450 000 personas de manera informal.

En tal medida, el nuevo sistema de regalías tiene el reto de desaparecer lo que muchas regiones sienten: que los beneficios directos de los nuevos proyectos no se ven en sus zonas. Situación evidente en un incremento significativo de la protesta social ambiental.

En diferentes partes del mundo dichas tensiones se han resuelto con medidas como la obligatoriedad de contratar localmente un porcentaje de la mano de obra de los proyectos. Muchas veces las mismas empresas utilizan su responsabilidad social corporativa para limar las asperezas en la región.

Aun, con iniciativas de esta naturaleza, la tensión social se mantiene. Y adicionalmente, las personas que vienen trabajando durante generaciones las minas quedan con migajas del potencial minero. Si a esto le sumamos que en el nuevo Sistema General de Regalías se pierde injerencia de las regalías directas, vamos a ver una reacción donde los municipios van a preferir que no se adelanten nuevos proyectos, ya que se quedan con el daño y no con el beneficio.

Por eso son tan relevantes las determinaciones planteadas en la sentencia T-291/09, que arrojó importantes conclusiones sobre los recicladores de Cali. En la mencionada sentencia se efectúa un desarrollo frente al derecho a la igualdad, extendiendo su alcance frente a grupos tradicionalmente discriminados, y reitera sus derechos a la libertad económica y a la libre empresa.

Es así como el Gobierno debe propugnar los grupos tradicionalmente marginados, para que superen sus condiciones de desigualdad, teniendo presente que la participación en procesos de inclusión social tiene que darse en relación a la capacidad de quienes pretenden ser tenidos en cuenta. Calidades como capacidad organizativa, ausencia de capitales de inversión, conocimiento técnico en materia de contratación pública, entre otras, son cualidades ausentes en los grupos que tradicionalmente han sido segregados; por eso, su participación debe darse en condiciones de igualdad material que permitan efectivizar sus derechos.

Situación similar han experimentado las familias que por generaciones han vivido de la minería, que son informales y que probablemente no van a poder competir en las rondas con las grandes empresas. Su exclusión total de la minería significaría un descalabro social en muchas regiones del país. Por eso de la misma manera que los recicladores de Cali hicieron parte de los grupos que licitaron por la recolección de basura, los pequeños transportadores de Bogotá fueron parte de los consorcios que hicieron parte de Sistema Integrado de Transporte Público. Lo mismo debería pasar en la minería.

En las licitaciones de nuevas concesiones mineras se debe premiar a los consorcios que más mineros artesanales de la zona acrediten. Muchas de estos mineros artesanales por sí solos no serían capaces de armar los megaproyectos. Que estos queden solo en manos de grandes empresas tampoco es razonable; esto permitiría no solo que se hagan los proyectos sino también que se reparta algo de la riqueza en la región, legitimando, adicionalmente, la actividad en la zona.

P.S.: En el código también deberíamos incluir que si alguna empresa tiene más del 30 % de sus activos en Colombia y está listada en alguna parte del mundo, debe listar en la bolsa colombiana. Muchas juniors que están listadas en Canadá son las encargadas de hacer la exploración en Colombia. No solo sería bueno para la bolsa sino útil para la vigilancia de las reservas mineras del país.

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