Informe de la comisión de académicos

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Álvaro Guzmán Barney

Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Se divulgó recientemente el informe de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, conformado por 12 trabajos de investigación y dos relatorías. En conjunto, más de 800 páginas que se deben leer con todo cuidado y que son un insumo muy importante para apoyar el actual proceso de paz, pero ante todo para fomentar y orientar la discusión que debe seguir con posterioridad a los deseados acuerdos de paz. Éste es el último de varios informes que se han hecho en el país desde la época de La Violencia en el que han participado “académicos”. Incluso hay una Tesis de Doctorado que se hizo sobre estos informes por parte del profesor Jefferson Jaramillo de la Universidad Javeriana (2014).

El informe que nos ocupa tiene la particularidad de que no ha sido encomendado por el Gobierno nacional, sino por las dos partes que se encuentran en la negociación de paz de La Habana. Los doce investigadores y los dos relatores fueron postulados equitativamente por las partes. De este hecho se desprende una primera percepción, a partir de una primera y rápida lectura. En efecto, el origen de la postulación de alguna manera se refleja en el análisis que cada autor hace en cuanto al carácter político del conflicto y de los actores involucrados. Esto no desvirtúa la validez de los distintos enfoques. Más bien muestra como la objetividad en las ciencias sociales es indispensable, se sustenta en la argumentación y es distinta de la neutralidad que no es posible ni deseable. Lo importante es que los autores asuman la sustentación de su análisis y develen las consecuencias prácticas y políticas del análisis que hacen.

Los doce textos de los investigadores que se incluyen en el informe son distintos y esto es un rasgo que debe tenerse en cuenta. Esta es una diferencia notable, por lo menos con los informes de otras Comisiones, en particular la del Gobierno Barco (1988), que en un corto lapso produjo un informe colectivo de un número apreciable de académicos. En la presente oportunidad, tal vez de manera pragmática, se optó por la modalidad de informes por cada investigador. Pero puede haber otras razones de fondo detrás de esta presentación, como la fragmentación de puntos de vista públicos sobre el conflicto armado que se relacionan y racionalizan en el medio académico que finalmente las reproduce. La gran virtud de este medio es que el conflicto entre académicos es también radical, pero puramente conceptual y fundado en la argumentación. Como se dijo antes, puede tener consecuencias prácticas que es necesario asumir.

Pero también se puede argumentar que hay puntos comunes y coincidencias entre los informes, asunto que se debe tener en cuenta. Se requiere una lectura detenida para encontrar coincidencias de enfoque, sobre los problemas que se quisieron investigar, sobre el papel de los distintos actores en el conflicto. Se puede argumentar también por otro lado, que a pesar de las diferencias entre los trabajos, hay una posición valorativa común de los investigadores según la cual existen condiciones para superar un conflicto armado de más de cincuenta años. Este mensaje es importante para la opinión pública nacional, una parte de la cual quiere persistir en la guerra para terminarla con una victoria militar.

De manera intrigante, los dos relatores debían precisamente mostrar las coincidencias y diferencias de los distintos trabajos. Aparentemente no lograron ponerse de acuerdo tampoco o no lo intentaron y cada uno de ellos produjo su versión. Solamente en una introducción de dos páginas, los dos relatores contextualizan los trabajos y muestran el interés común que los mueve alrededor de la paz. Una primera lectura de las dos relatorías, permite ver dos posiciones bien distintas sobre el conflicto armado en Colombia, sus orígenes y desarrollos, la legitimidad de la lucha guerrillera, sus relaciones con el sistema económico y con la intervención del Estado.

Aunque se requiere una lectura más detenida, se debe tener en cuenta el análisis centrado en los actores colectivos, sus formas de representación institucional y en el conflicto cambiante con énfasis en las actuales condiciones de Eduardo Pizarro y un análisis en el que se privilegia la incidencia de condiciones estructurales, de desigualdad y opresión, claramente denotadas como producto del capitalismo de Víctor Manuel Moncayo. Son dos posiciones muy respetables ambas, la segunda muy discutible, en mi opinión, para caracterizar la particularidad del conflicto armado colombiano. Hay que esperar que el informe en su conjunto pueda tener amplia difusión y discusión entre la opinión pública, especialmente en el medio académico.

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