Institucionalidad e implementación

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Por Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Con la firma del Acuerdo Final (II), su refrendación en el Congreso y los ejercicios legislativos (fast track) que se vienen haciendo, se deberá sostener el proceso de implementación[1] de lo pactado en La Habana.

Lo que se viene para el país en materia de implementación es de tal magnitud, que debiera de preocupar a quienes intentarán llegar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, y fungir, uno de los candidatos, como jefe de Estado y de Gobierno.

Para dar cuenta de lo acordado y para asegurar procesos eficientes en la implementación de lo acordado en Cuba, se necesitará de la creación de instituciones y de una renovada institucionalidad[2]. De lo contrario, en pocos años y después de la dejación de armas de las Farc y convertidas estas en partido político, estaremos ante un enorme fracaso de esa paz estable y duradera de la que habla el Acuerdo Final.

Baste con leer los principios que aparecen en el acápite que da cuenta lo que se conoce como la Reforma Rural Integral, para entender la dimensión de lo acordado y sus implicaciones: “Transformación estructural. 2. Igualdad y enfoque de género. 3. Bienestar y buen vivir. 4. Priorización y 5. Integralidad. 6. Regularización de la propiedad. 7. Presencia del Estado…”[3].

En la página 14, en el mismo acápite, se señala lo siguiente: “El Gobierno nacional pondrá en marcha una nueva jurisdicción agraria que tenga adecuada  cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis  en las zonas priorizadas…”[4]

¿Qué implica la creación de una nueva jurisdicción agraria? Ello implicará, por ejemplo, el desmonte de un ineficiente Incoder? Surgen otras preguntas: ¿Cómo dialogará esa nueva jurisdicción con la jurisdicción especial indígena y con el régimen económico y de la hacienda pública?

La preocupación parte de un hecho real: la débil institucionalidad que acompaña a la operación del Estado. La misma institucionalidad que por largo tiempo lo ha consolidado como un orden precario y además, profundamente capturado por mafias clientelares ancladas al funcionamiento de los partidos políticos.  No será fácil dejar atrás la enorme incapacidad estatal para responder a las demandas sentidas de la sociedad civil, en especial porque los partidos políticos existentes funcionan más como carteles desde donde se emana el ethos mafioso[5] que acompaña a la vida pública (política) de la Nación.

Más adelante, en el mismo documento, se lee que se “Creará una instancia de alto nivel en el marco de las competencias del Gobierno nacional que se encargará de la formulación de los lineamientos generales orientados a una planeación indicativa de uso de la tierra para coordinar, articular y armonizar las políticas sectoriales, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural establecidas en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equitativa de hombres y mujeres y de las autoridades territoriales”.[6]

Al leer el documento que dio vida al Acuerdo Final (II) en perspectiva institucional, lo primero que debe hacer el Estado colombiano es copar todo el territorio; sacar a los ilegales, paramilitares, narcos y bandas criminales y remplazarlos, sin que ello signifique que solo enviará la tropa oficial. Por el contrario, lo que se espera es que se construya Estado desde abajo y no desde la tradicional lógica con la que suele pensarse el país desde las cómodas oficinas de planeación en Bogotá.

Eso sí, no será suficiente con sacar a los ilegales y remplazarlos, si no se logra depurar a los partidos políticos a partir del establecimiento de un pacto ético-político de nuevo cuño, que involucre a los empresarios que suelen patrocinar políticos y financiar campañas políticas. Esa dinámica económica y política electoral ha facilitado la captura que del Estado han hecho el empresariado, industriales y  banqueros, con el claro objetivo de privatizarlo y ponerlo al servicio de sus mezquinos intereses.

El reto es mayúsculo. Y a juzgar por los últimos casos de corrupción público-privada, lo acordado en La Habana podría terminar en un enorme fiasco, situación que serviría para reconfirmar la incapacidad de la dirigencia del país, para transformar lo que por años legitimó la presencia y la lucha armada de las guerrillas.

Adenda: quienes hoy piden a gritos la renuncia de Santos por la entrada de recursos económicos a la campaña presidencial, Santos Presidente, de 2010, muy seguramente guardaron cómplice silencio ante  casos más delicados de corrupción política: la yidispolítica y la parapolítica. Y callaron ante semejante nivel de desinstitucionalización, por miedo a ese Gobierno de mano dura que se instauró en Colombia entre 2002 y 2010. Mano dura que se aplicó contra pensadores, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, académicos y críticos de un Presidente que actuó “combinando todas las formas de lucha”.

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