Intervención en “ollas”, una solución a medias

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Las casas expendedoras de droga son marcadas con una X.
Las casas expendedoras de droga son marcadas con una X.

A veinte días de que termine la intervención especial en las ‘ollas’ de Cali, el alcalde Rodrigo Guerrero pedirá acciones para combatir las redes de fabricación de los estupefacientes.

Después de cuarenta días de intervención policial en las llamadas ollas o centros de expendio de droga en Cali, el alcalde de la ciudad le solicitará a la Policía un plan para combatir las redes de producción y distribución de los alucinógenos que finalmente son vendidos en esos espacios.

El mandatario le dijo a EL PUEBLO que espera que este jueves próximo,  cuando se llevará a cabo un consejo de seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana, general Fabio Castañeda, le presente un plan de acción para atacar a los fabricantes. Además espera un informe con los resultados operacionales de este mes y medio de intervención en diez grandes centros de acopio de estupefacientes.

La semana pasada el presidente de la república, Juan Manuel Santos, reveló que los operativos de la Policía contra las ollas se han cumplido en un 65 % a nivel nacional.

Además, destacó que este trabajo realizado durante sesenta días en veinticuatro ciudades, “tiene que ser sostenido y complementado con la labor de los alcaldes, de las sociedades territoriales y del resto del Estado”.

EL PUEBLO le solicitó un consolidado la Policía Metropolitana sobre las cifras de los cuarenta días de intervención, pero la institución no brindó tal información.

El presidente del Concejo, José Fernando Gil Moscoso, señaló que aunque se trata de una labor importante, esas acciones deben ir acompañadas de una política de inclusión social y de renovación urbana.

“Es un trabajo que había sido aplazado por todas las administraciones y el gobierno nacional durante mucho tiempo. Solo hasta ahora le están dando la connotación que requiere. Lo preocupante es que si no se dan esas condiciones adicionales, el problema puede aparecer de nuevo”, agregó el cabildante.

Gis Moscoso subrayó que faltan acciones de renovación en las zonas despejadas de ‘jíbaros’, de manera que esos inmuebles se puedan convertir en locales comerciales para que “no saquemos a unos y vuelvan otros al dejar esos sitios abandonados.  Debe haber una política de inclusión social con oportunidades para que la gente tenga a qué dedicarse”.

Un habitante del barrio Sucre, ubicado en el corazón de Cali, explicó que mientras los policías se encuentran en la zona todo es calmado y disminuyen las peleas entre los expendedores por el control territorial y, por ende, la inseguridad. “En este barrio en cada cuadra hay dos o tres expendios, y cuando la Policía cierra uno, los ‘jíbaros’ se trasladan a otra cuadra. Aquí ya hay varias casas selladas y marcadas con una X. Quedan vacías”.

“Este trabajo debe ser constante y controlado para que pueda dar resultados reales, no solo se deben ocupar las casas sino sitios fachadas como tiendas y chatarrerías, donde se vende droga”, agregó el residente.

De otro lado, un habitante del sector El Hueco, en el barrio Siloé, donde funciona una olla, aseveró que la solución de esta problemática no está tanto en el pie de fuerza sino en oportunidades laborales y recreativas para los jóvenes que son los que consumen vicio. “Esa olla ha sido intervenida y eso funciona porque allí se genera mucha violencia, pero esto tiene que ir de la mano con programas sociales, los muchachos no tienen empleo y por eso se enfilan en las bandas”.

En los barrios El Calvario y Sucre, donde se concentran unas cinco mil personas, los expendedores compran hasta cien kilos de base de coca que lo mezclan con cal y harina para multiplicar tres veces esa cantidad. En las casas la droga es empacada con la marca de Diablo Rojo y cada papeleta es vendida a $300 o $500. En un día se puede comercializar hasta 1.500 dosis por vivienda. En cada expendio “trabajan” unas treinta personas, algunas ayudan a empacar los alucinógenos, otras las venden en carritos de dulces y otras las llevan a domicilio.

De acuerdo con una fuente judicial, los traficantes traen la base de coca de la zona Pacífica y del Bajo Naya, mientras que la marihuana es sembrada en el norte del Cauca. Luego son transportados en camiones, en caletas escondidas. Cuando la ciudad duerme, los cargamentos son ingresados en horas de la madrugada a estos sectores de la Comuna 3. Se cree que cada mes los vendedores ganan cien millones de pesos.

En este mes y medio de intervención, la Policía ocupó con fines de extinción del dominio siete viviendas, las cuales pasaron a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, y permanecen marcadas con un X y. por supuesto, selladas.

El personero de Cali, Andrés Santamaría, cuestionó los operativos en las ollas  en el sentido de que estos sitios no son los grandes centros de acopio sino de concentración de los adictos, los cuales no reciben rehabilitación alguna. Reiteró que lo que se debe hacer es atacar las organizaciones criminales que fabrican y distribuyen los estupefacientes.

“Las ollas son problemas de adictos y habitantes de la calle y estas personas no han recibido atención sicosocial. Como estrategia funcional no es la más contundente sino tiene un manejo social. En Bogotá se acabó El Cartucho, pero el problema se trasladó al Bronx”, afirmó Santamaría.

Según el personero, “acabar con un expendio no disminuye la inseguridad ni el microtráfico, el problema se traslada a otra parte porque se deben atacar las estructuras fuertes que tienen las bodegas con la droga en otros sitios y menos sabiendo que los operativos son anunciados con anticipación por las autoridades. El Calvario no surte para toda la ciudad, sino para esa comuna”.

Respecto del tema, el secretario de Gobierno Municipal, Carlos José Holguín, es consciente de que en sesenta días no se puede rehabilitar a una persona, “es algo complejo”, como lo afirmó recientemente.

“La intervención de aquellas zonas vulnerables llamadas ollas y que están ubicadas en los barrios El Calvario y Sucre no es exclusivamente una intervención policial sino social. No se trata de sacar a todos los que viven en estos sitios ni de atomizar la situación al resto de la ciudad. Aclaramos que queremos sacar a los delincuentes”, acotó el funcionario.

Aunque estos esfuerzos policiales no erradican por completo el microtráfico de droga, que hace parte de una problemática mundial, al observar los operativos los ciudadanos sienten un alivio ante el agobiante crecimiento de la delincuencia y la violencia.

Hace dos semanas una red de vendedores de bazuco y pastillas fue desarticulada por la Policía, en un parque del barrio La Campiña. El arresto de siete personas generó tranquilidad, dado que días antes un hombre fue asesinado en ese sector. En la calle se rumoraba que la víctima era un ‘jalador’ de carros que tenía nexos con los expendedores, lo cual generó temor entre los habitantes.

Los delincuentes fingían ser deportistas y ocultaban la droga en sus partes íntimas, salían a venderla desde tempranas horas del día y permanecían allí hasta la medianoche. En un día distribuían hasta 1.400 dosis de marihuana y ganaban un millón de pesos. Con ese dinero compraban más dosis en el sector marginal de La Isla, en el barrio Popular.

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