Intervenir la producción de la hoja de coca

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Por: Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

En un momento en el cual el Gobierno Nacional responsabiliza al narcotráfico de las masacres en Colombia, al tiempo que insiste en volver al uso del costoso glifosato, 21 senadores de la república encabezados por Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, radicaron un proyecto de ley que tiene por objeto establecer dos regulaciones: por una parte, reglar el uso recreativo de la cocaína. Por la otra, intervenir el mercado de la hoja de coca y sus derivados con fines medicinales.

De ser aprobado, impondría un cambio en la manera de abordar el problema de las drogas en Colombia, toda vez que se haría tránsito de una gestión enfocada en la seguridad nacional a una administración del problema desde la óptica económica de Estado-mercado considerando elementos de Salud Pública y de derechos humanos.

¿Qué significa abordar el problema desde la mirada de Estado-mercado? Abordar el mercado de la hoja de coca desde la idea de Estado-mercado fue explicada por el senador Marulanda Vélez, quien es economista de formación, de la siguiente forma:

Primero, partiendo del conocimiento que se tiene hoy de los campesinos productores georreferenciados por los estudios de las Naciones Unidas, quiere decir intervenir el mercado de la hoja de coca a través de un mecanismo consistente en comprarles las cosechas al precio del mercado, operación que costaría alrededor de 2 billones de pesos anuales; es decir, 6 billones menos que el uso de glifosato en un año.

Segundo, esta compra tendría un efecto secundario: se recupera para la legalidad 200.000 hectáreas sembradas con el árbol de coca y, simultáneamente, significaría hacer ingresar a los campesinos al circuito tributario nacional, regional y local, al tiempo que se arrebata el negocio ilícito a las mafias del narcotráfico, nacionales e internacionales.

Y, tercero, los campesinos que son la mano de obra y base social que soporta a los narcotraficantes, creen los autores, pasarían al lado del Estado. La consecuencia, de darse estos supuestos (desde el punto de vista de seguridad nacional): la base social, que son los más, pasarían al lado de la institucionalidad y, las organizaciones de criminales, que son los menos, los armados y los dueños del 90% del mercado mundial, podrán ser de-financiadas y reprimidas hasta su exterminio, lo cual ahorraría gastos a la Policía Nacional y al Ejército.

Sin embargo, Estas explicaciones, desde la economía, no resuelven el impacto político que significa intervenir el mercado de este negocio cuyo volumen supera los $426.000.000.000 dólares americanos. En el aíre quedan varias preguntas: ¿cuál sería el impacto en las relaciones internacionales con los Estados Unidos de América? ¿Cómo garantizaría Colombia a sus vecinos que la medida no les impacte negativamente?

En conclusión: desde la economía, parece que es una buena salida. Pero, desde la política, ¿lo es? Habrá que debatirlo ampliamente, es un tema para convocar a la academia colombiana con sus grupos de investigación y, desde allí, observar su viabilidad o inviabilidasd.

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