Justicia indígena

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga
Twitter: @ZuluagaCamila

Es de público conocimiento la crisis carcelaria por la que atraviesa el país. Los centros de reclusión están con miles de internos en los pasillos, que no tienen la posibilidad de contar con un espacio meramente digno para dormir. Son latentes los riesgos de repetir sucesos como el incendio de la cárcel Modelo de Barranquilla, que ya cuenta entre sus victimas a más de diecisiete muertos y cuarenta heridos. Es muy difícil la vida dentro de la cárcel, me cuentan quienes llevan años en ella. Activistas presos que trabajan por mejorar las condiciones de los internos hacen un buen resumen de lo que ahí sucede. Sin embargo, mucho más difícil es ser indígena y estar allí.

Esta semana, la Corte Constitucional tomó una histórica decisión que será trascendental para los reclusos de las minorías indígenas, generará muchas críticas y suscitará un gran debate. 

La historia comenzó con una tutela interpuesta por  “César”, quien tenía una novia menor de edad llamada “Catalina”, con quien sostenía relaciones sexuales consentidas dentro del resguardo indígena en el que ambos habitaban. Ante los ojos de la justicia ordinaria, esto es un delito; no importa si la relación es consentida o no, un mayor de edad no puede sostener relaciones sexuales con una menor, razón por la cual “César” fue condenado y puesto en prisión sin que su comunidad tuviera conocimiento de ello. 

Para “César” los tortuosos días que pasó en aquel recinto penitenciario al que fue trasladado fueron injustamente impuestos, pues al momento de juzgarlo no se tuvieron en cuenta sus costumbres ni su condición de indígena. En consecuencia, la sentencia de la corte que hoy mencionamos ordenó, ante la tutela interpuesta por “César”, que él debía ser juzgado bajo las leyes de su resguardo porque fue allí donde ocurrieron los hechos, y en ese lugar hay unas normas centenarias que permiten que la formación de una familia contemple otros mínimos de edad requeridos.

En el mismo texto, el alto tribunal reconoció una jurisprudencia sin precedentes en el país, en la cual admite que aquellos indígenas que se encuentran privados de la libertad están siendo objeto de un atentado contra su cultura. Por esa razón estableció diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de condenarlos y enviarlos a un centro de reclusión.

La historia es romántica hasta aquí, ¿pero qué consecuencias tiene esta sentencia para las instituciones carcelarias? ¿Significaría, entonces, que los dos pabellones de la cárcel de Popayán que hoy cuentan con más de quinientos indígenas condenados por la justicia ordinaria, bajo justificación indígena deberán regresar a sus cabildos? ¿Qué pasará con aquellos que están condenados por la misma jurisdicción indígena y además sus gobernantes los obligan a pagar su pena en una cárcel convencional, como les sucede a muchos?

Sin duda, este es un precedente judicial que abre el camino para que otros iguales puedan interponer el mismo recurso y verse beneficiados. Ahí es donde nos veremos avocados al debate. A veces las normas no son correctas para todos los casos; sin embargo, el derecho y las leyes están para lograr un consenso que favorezca a las mayorías y asimismo defienda los derechos de las minorías. Por eso, una vez más, la justicia se pondrá a prueba a la hora de individualizar estos casos. Aunque de alguna manera es un grano de arena que contribuye a solucionar el hacinamiento carcelario.

Una cosa más: ¿Será que ahora que se habla de que el candidato a vicepresidente es Germán Vargas u Óscar Naranjo, el presidente Santos seguirá sosteniendo que esa figura es inútil y se debe acabar?

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