Justicia injusta

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Gustavo-OrozcoPor Gustavo Orozco

En Colombia parece que pensáramos que la mano dura es la solución para muchos de los problemas del país. Lo hemos visto repetidamente con el tema de nuestro conflicto, y ahora renace con el debate de la paz. Uno de los infortunados legados de Uribe. No son pocos los que insisten en la guerra a toda máquina, en la necesidad de multas fuertes a los infractores y en la cadena perpetua para los violadores. Ahora casi todos se montaron en el cuento de siempre pedir cárcel para cualquier investigado (no sólo para el culpable).

Gradualmente nos hemos acostumbrado a ver a los sindicados encerrados en cárceles mientras son investigados. La famosa medida de aseguramiento se aplica a diestra y siniestra, cuando en realidad debería ser solo una excepción. Así lo dijo Yesid Reyes en su reciente columna de El Espectador: “Para una medida de aseguramiento se debe probar que ese sujeto va a seguir delinquiendo, va a entorpecer el proceso o se va a fugar; si ninguna de esas excepcionales circunstancias se demuestran, entonces tiene derecho a permanecer en libertad hasta que el Estado le quiebre la presunción de inocencia a través de una sentencia condenatoria.”

Los casos de Sigifredo Lopez y Andrés Felipe Arias son bastante conocidos; ambos fueron asegurados sin haberse probado su culpa, bajo motivos que después fueron desvirtuados. La presunción de inocencia se ha perdido en Colombia, ni siquiera la Fiscalía parece advocar el respeto por ese principio. ¡No podemos terminar todos encarcelados por meras sospechas o acusaciones!

Algo similar pasa en estos días con los conductores borrachos; tema de moda en los medios de comunicación, quienes ahora parecen ser jueces y abogados. La indignación en las últimas semanas por el muy mediático caso de Fabio Salamanca abrió un nuevo capítulo de la historia que comenzó con el caleño Juan Carlos Varela Bellini. La gente pide cárcel a gritos, pero en los casos recientes los jueces se han rehusado a dictar medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios. Todos reconocen que conducir con tragos es un acto de irresponsabilidad que deber ser sancionado, pero la pregunta que despiertan estos casos es de qué manera la sociedad y el Estado deben castigar su comportamiento.

No hay dudas de que tomar y manejar es una problemática sería que urge de una solución estructurada de las autoridades. ¿Pero cuál? Razón tienen las familias de las víctimas en pedir un castigo, pues su dolor y tristeza es comprensible. ¿Pero, otra vez, cuál?

El fiscal general dijo recientemente que la cárcel no era la solución para el problema de los conductores borrachos, así reaccionó frente al escándalo desatado por la libertad otorgada a Fabio Salamanca por una jueza de garantías. En un país como el nuestro, la cárcel es difícilmente una solución para cualquiera de los comportamientos que se busca sancionar. Nuestras cárceles no son lugares de resocialización ni de reintegración; son nidos de delincuencia, escuelas de formación de vándalos y ghettos insalubres. Privan de la libertad a una persona, sin buscar modificar y mejorar, como en teoría deberían hacer. Sirven únicamente, como dicen algunos vulgarmente, para que se pudran en la cárcel.

Los accidentes producidos por conductores embriagados son resultado de una irresponsabilidad incuestionable. Todos conocemos el riesgo que existe de manejar con nuestros sentidos limitados, pero estas personas no conducen con la expresa intención de matar. Irresponsables sí, ingenuos también. Jóvenes que como muchos creen que a ellos nunca les pasará. Pero consecuencias son consecuencias y así no sea la cárcel, como argumenta el fiscal, su conducta debe ser reprochada social y penalmente, más aún con víctimas fatales de por medio.

Pero el problema de nuestra justicia no es solo de las cortes, sus jueces y nuestros abogados, sino que viene desde el significado mismo de justicia para nuestra sociedad. Como bien indicó el fiscal, la solución para este caso no está únicamente en la justicia penal. Como mucho de los problemas en Colombia, las soluciones nos corresponden a nosotros mismos. El rechazo social en nuestra sociedad hacia manejar embriagado parece existir, pero es sobre todo a posteriori, cuando las tragedias han sucedido. Ahí sí todo el mundo critica, todos gritan y se indignan – solo porque hay muertos. Pero pocos hacen reproches a sus amigos por manejar después de tomarse unas cervezas, aun sabiendo que el riesgo existe. El “simple” acto de ingerir alcohol y conducir no parece ser socialmente rechazado per se. Sobre todo ahora que los adolescentes piensan que tomar es ser macho y manejar rápido aún más.

Las campañas de sensibilización han sido insuficientes, las autoridades locales han logrado poco en concientizar a la ciudadanía. Las multas por sí solas, como la amenaza de cárcel, no bastan para detener a los conductores embriagados. Porque es más, con la inefectividad de nuestro aparato judicial el efecto de estas no es ni será por lo pronto el deseado. Las sanciones administrativas que existen deberían ser aplicadas severamente, no es necesario buscar nuevas penas cuando ni siquiera podemos imponer las que tenemos. Frente a unos cuerpos policiales corruptos, juzgados ineficientes y sobrecargados la única esperanza que nos queda es cambiarnos los unos a los otros. De algo servirá poner en práctica la ‘presión de grupo’.

Nuestros clamores de justicia deben advocar una justicia imparcial, mas no desmedida. Todos tenemos el derecho a defendernos bajo la presunción de inocencia. Pidamos justicia, sin olvidar que mañana el sentado en el banquillo, por infortunios de la vida, también podría ser usted.

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