La desaparición forzada, una herida a sanar tras el acuerdo de paz

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En Colombia la desaparición forzada será una de las heridas profundas que deben cicatrizar tras el acuerdo final de paz. De acuerdo con un informe entregado por la Unidad de Atención para las Victimas en todo el territorio nacional existen 157.580 personas incluidas como víctimas de la desaparición forzada, de ellas 45.630 son víctimas directas y 112.831 son indirectas. Los departamentos con mayor número de cifras son Antioquia, Meta, Cesar y Valle del Cauca.

Andrés Felipe Ramos tiene 31 años, es recordado como un hombre trabajador y responsable con sus dos hijos, siempre fue importante para su familia, les generaba alegría y seguridad, pero hace veinte días su rumbo fue desconocido para todos sus parientes y en la actualidad lo buscan en cada rincón del Valle del Cauca con la fe de encontrarlo sano y salvo.

Andrés Felipe Ramos, 31 años de edad.
Andrés Felipe Ramos, 31 años de edad.

Don William Muñóz es su tío, entre sollozos y con una mirada que refleja preocupación dice que poca ayuda ha recibido de las autoridades en Cali, su desaparición inició luego de haber dejado a su compañera sentimental en el sitio del trabajo, un beso fue la despedida y no se supo nada más de èl.

El familiar asegura que “lo buscamos pero solo encontramos sus pertenencias en una finca de la familia, pero su paradero es incierto. Las autoridades han sido bastante negligentes, primero nos dijeron”.

Historias como esta se repiten a diario en millones de familias. Buscan desesperadamente la ubicación de sus seres queridos, pero las respuestas que logran encontrar son vanas y no les definen nada en lo absoluto.

Según la Unidad para las Victimas más de 45.630 personas han desaparecido de manera directa forzosamente en Colombia en el marco del conflicto armado interno.

Desde su creación en 2012, la Unidad ha atendido a cerca de 2.000 familiares de personas desaparecidas forzadamente en el marco de la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal. También ha brindado acompañamiento psicosocial a 1.600 familias durante la entrega de restos y cadáveres de sus allegados.

Los familiares de personas desaparecidas incluidos en el Registro Único de Víctimas tendrán derecho a medidas de asistencia como la ayuda humanitaria. En cuanto al programa de reparación individual, se han destinado más de 355.000 millones de pesos en la indemnización administrativa de unas 78.000 víctimas directas e indirectas de este hecho.
Este diario habló con Alan Jara, director nacional de la Unidad de Victimas, este calificó ese hecho como algo lamentable y una “tragedia que no se puede repetir”.

Jara dice que, “las desapariciones son toda una tragedia. Estamos ad portas de cerrar un conflicto que ha dejado tantas víctimas y este crimen como lo es el de la desaparición forzada y en ese acuerdo de paz el tema de victimas hace parte de su esencia, todo el acuerdo de justicia está basado en la verdad que las victimas reclaman, es una oportunidad de cerrar el conflicto y reivindicar los derechos de las víctimas”.

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Actualmente el Valle del Cauca cuenta con cerca de 6.974 desaparecidos directos, mientras que el departamento del Cauca tiene 620 víctimas directas de desplazamiento forzado, por otro lado Antioquia sigue siendo uno de los sectores que mayores cifras arroja con 10.855 personas afectadas directas por desaparición forzada, donde estarían involucrados agentes del Estado y grupos insurgentes, como guerrilla y exparamilitares.
El director de la entidad confirmó que se adelantan labores en diferentes zonas de Colombia para determinar el paradero de las personas reportadas como desaparecidas “es una comisión que se encuentra preparada para buscar a esas personas. Hemos hecho un acto humanitario, empezamos antes de la firma de los acuerdos a buscar los restos humanos en fosas comunes, cementerios, demás sitios que se han podido identificar y con Medicina Legal, CTI de la Fiscalía se ha logrado devolver algunos restos” manifestó.

Cuando dicha comisión logra identificar los despojos mortales de una personas de inmediato se activa la ruta para encontrar a sus dolientes, esto actos según Jara son, “ceremonias de profundo dolor, pero para poder cerrar ese duelo las familias tienen que tener en concreto la ubicación de por lo menos los restos de sus seres queridos”

Medicina Legal en búsqueda pero requiere modernizarse:

Basados en los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal consignados en el informe Forensis 2015, se puede determinar que el año pasado se denunciaron en Colombia 7.310 casos de personas desaparecidas. De ellas, fueron encontradas con vida 2.873 (el 39%), mientras que 191 aparecieron muertas por diversas causas. Eso significa que del total de casos del año pasado se sigue sin rastro de 4.246 personas. De ellas, 1.710 no han cumplido aún la mayoría de edad.

El director nacional de Medicina Legal Carlos Valdés indicó que permanentemente se ejecuta un plan de identificación de desaparecidos en el país pero ha llamado la atención del Gobierno Nacional toda vez que indica que requiere fortalecer el presupuesto durante posconflicto entre un 30 y 40%, de igual forma considera que se necesita ampliar el número del personal con 475 nuevos funcionarios los cuales llegarían paulatinamente en un tiempo aproximado de 4 años.

El funcionario ha advertido que, “se requiere de un esfuerzo presupuestal de parte del Gobierno Nacional que permita las adecuaciones institucionales para la atención de los casos que llegarán con el fin del conflicto”.

“No podemos dar una cifra exacta por el momento sobre cuántos recursos necesitamos, pero lo cierto es que se requieren por que los retos de Medicina Legal en el posconflicto son grandes por ejemplo en materia de reclutamiento forzado, violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, frente a la determinación e identificación de las víctimas, determinación de las secuelas del reclutamiento y desplazamiento forzado” manifestó Valdés.

El experto explicó además que otro de los grandes retos que tiene el instituto tiene que ver con tener mayor presencia en más zonas del país, dándole prioridad a aquellos territorios que históricamente han sido azotados por la violencia.

Actualmente la entidad de ciencias forenses solo tiene operatividad en el 9% del territorio colombiano.

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