La desconfianza en la justicia o la injusticia institucionalizada

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez

Twitter: @Florohermes

Esta semana muchos medios masivos se han concentrado en nuestra desconfianza hacia la justicia: un 72 % de los colombianos han manifestado no confiar en ella, según dice la encuesta Colombia Opina de la firma Ipsos Napoleón Franco, cuestión que en su momento no fue adecuadamente difundida por los medios que la contrataron. ¿Olvido o mala intención?

Esta lamentable situación es coherente con la deplorable calificación de 3.8 (5.0 máxima corrupción, 1.0 máxima transparencia) emitida por los mil y un colombianos encuestados en dieciséis ciudades diferentes por el décimo Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International, situación sobre la cual escribí la columna “Colombia cada vez se percibe más corrupta”, en julio 13.

¿Cómo explicar tan lamentable situación y tan deplorable calificación? Para hacerlo, es necesario recordar que desde la independencia del país, su historia “ha estado marcada por violaciones de libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra los civiles y guerras civiles”, según nos lo rememoran los profesores Daron Acemeglu y James Robinson, del MIT y de Harvard, respectivamente.

En otras palabras, de acuerdo con los dos prestigiosos profesores, la historia de Colombia se ha caracterizado por la injusticia institucionalizada ante prácticamente poca, o ninguna, ley y orden, que se expresa en un mínimo de autoridad judicial, que en ningún caso es suficiente para lograr un poco confianza, pero sí para alcanzar mucha desconfianza ante el hecho de la inseguridad jurídica que hemos vivido durante toda la vida como país independiente.

Prácticamente poca o ninguna ley y orden es fácil de evidenciar: es el caso inmediato, para todos quienes habitamos Cali y en el Valle del Cauca, del exdiputado Sigfredo López, víctima de nuestro precario aparato de justicia, cuyos actores ahora se ven enfrentados a los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, es un ejemplo que reclama explicación, pero que es parte de nuestra injusticia institucionalizada y de nuestra inseguridad jurídica, la cual debemos resolver si aspiramos a ser una verdadera liberal democracia.

Sin embargo, hay que advertir, es una injusticia institucionalizada y una inseguridad jurídica a pesar de la existencia en el país de más ciento setenta y cinco pregrados en Derecho (solo 29 con acreditación de alta calidad) y otros tantos cientos de especializaciones, una demostración de que las universidades del país desoyen al liberalismo político, que reclama perpetuamente más y mejor educación al unísono con ese deber social liberal de mejorar a los demás, y de que poco o nada aportan al alza moral e intelectual de nuestros jueces.

En conclusión, en vez de un Estado de derecho (que es lo propio de toda liberal democracia), hay una injusticia institucionalizada, cuyo resultado es una sociedad de la que no hace parte de su convencimiento ni de su accionar el acatar, respetar y obedecer las leyes y, consecuencialmente, hay una inseguridad jurídica que deviene en prácticas clientelares que anulan las capacidades y privilegian la influencia, acallando las conciencias, exaltando al vividor y haciendo del aprovechamiento un valor.

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