La Drummond y la política ambiental

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Guido Hurtado - nueva fotoPor Guido Germán Hurtado Vera
Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, Cier
Universidad Autónoma de Occidente

Esta multinacional estadounidense opera en Colombia desde 1995. Ingresó por La Jagua de Ibirico y Chiriguaná y después “ocupó” los territorios de Becerril y Codazzi. Según cifras de la compañía, registra más de 2 billones de toneladas de reserva en los proyectos La Loma, El Descanso, El Rincón Hondo, Similoa y Cerrolargo, todos en la costa caribe; y vende aproximadamente 29 millones de toneladas de carbón cada año, de las cuales 25 millones se “extraen” en Colombia.

Señala en su página web que como compañía establecida en Colombia, el compromiso por este país es firme. ¿Y cómo no podría serlo sí más del 90% del carbón que exporta lo obtiene de nuestro suelo?

A la Drummond la puso en evidencia en febrero de 2013 el periodista samario Alejandro Arias, quien hizo públicas las imágenes sobre el derrame de carbón en la ciénaga de Santa Marta. Por esta razón, la multinacional deberá pagar a la nación una multa de 3.5 millones de dólares, que viene dilatando con tretas legales. Al mismo tiempo, enfrenta sanciones por el incumplimiento de la construcción de un puerto de cargue directo, que debería empezar a operar el 1 de enero del 2014.

Es decir, una compañía cuyas actividades han generado y generan graves efectos socio ambientales. De esta manera, se diluye su discurso respecto al compromiso que tiene con el país.

En mayo del 2006, Luis Ernesto Mejía, Ministro de Minas y Energía, presentó al país el Plan Nacional de Desarrollo Minero y Política ambiental Visión Colombia 2019. Por un lado, en este Plan fijó hacer de Colombia un país minero, lo que supone la exploración y explotación total de las riquezas naturales para alcanzar el desarrollo económico y social que tanto se necesita. Si bien, la actividad minera es de larga data, el boom minero extractivo creció vertiginosamente en la última década, escenario que conllevó a trazar una normatividad ambiental que puso al país como territorio “encantador” para la entrada de grandes multinacionales. En el 2009, la Drummond inicia la explotación de su segundo proyecto.

Y de otro lado, en términos tributarios so pretexto de crecer la competitividad de Colombia se esbozaron reglas favorables para los inversionistas extranjeros. Se tasaron regalías más bajas que en la década de los 90 y los impuestos fueron reducidos, llegando incluso a superar el monto de las regalías que se quedan en Colombia.

El incremento en la explotación y exportación de minerales es ascendente y por ello el pago de regalías al Estado debe ser semejante. Según cifras del Dane, la explotación de carbón pasó de 43 millones de toneladas, en 2001, a 67 millones de toneladas a noviembre de 2013.

Visto así, las consecuencias del boom minero en materia de regalías sería la de un gran desarrollo en materia de infraestructura, en calidad de vida, en salud, educación, recreación y cultura para los habitantes de las regiones mineras y del resto del país. La realidad es otra, al lado de estos megaproyectos encontramos pueblos miserables y territorios arrasados, al mismo tiempo con las regalías los gobernantes de turno siguen practicado el deporte favorito: politiquería y corrupción.

El debate hoy es sí la multinacional finaliza el cargue de carbón en barcazas se dejaría de exportar alrededor de US$516 millones que afectarían las regalías que percibiría el país. La pregunta es ¿Qué es mejor: permitir a la Drummond continuar con el cargue de carbón en barcazas, exponiéndose a un nuevo accidente ambiental, o resignarse a recibir las insignificantes regalías por la exportación del carbón? Ni lo uno ni lo otro, ¡que se vaya! Cabe igualmente preguntarse si la más reciente sanción contra esta multinacional es suficiente o se debieron aplicar medidas más contundentes.

En un reciente artículo publicado en la Revista Semana, León Valencia la señala como “contaminadora, paramilitar y tramposa”. De lo contaminadora existen muchas evidencias, el caso de las barcazas en la bahía de Santa Marta es solo una. De lo de paramilitar, existen imputaciones  por la muerte de tres sindicalistas, asesinados por paramilitares. Y lo de tramposa, resta señalar que lo cierto es que en materia fiscal y pago de regalías a la nación las cuentas no cuadran.

Lo que salta a la vista, con el caso de la Drummond, es que en Colombia no existe política ambiental y menos aún una institucionalidad -ambiental- capaz de defender el interés nacional. Ya lo han anunciado expertos como el exministro Manuel Cipriano Rodríguez Becerra. En política ambiental el país recorrerá el mismo camino de los tres últimos años, en los cuales las locomotoras del desarrollo han tenido poco miramiento con el desarrollo social y la protección de la riqueza natural. Lo que conllevará al recrudecimiento de viejos conflictos socio ambientales, y por supuesto el nacimiento de otros.

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