La hora de la inteligencia

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leo quinteroPor Leo Quintero

El reporte del muertómetro de Cali  a octubre 31 era de 1.677 personas fallecidas violentamente, por arma blanca o a bala. Todos los hechos, según las autoridades, corresponden a casos  aislados; hasta el último, en el que perecieron nueve seres humanos  en un caso que luego de un Consejo de Seguridad, se consideró como el enfrentamiento entre grupos criminales organizados. Fue un crimen cometido por un solo sicario, con el apoyo de un menor. En el medio hubo una pistola con un cargador para 30 balas.

Al término del consejo de Seguridad todos se quedaron esperando las medidas, los anuncios, pero no los hubo. Solo la insistencia del Alcalde Rodrigo Guerrero, para que se apoye el Plan Desarme en la capital del Valle.

 ¿Pero nos vamos a quedar solamente con desarme y con ley semiseca, con el toque de queda para menores… o de fondo cuáles son las acciones que el Estado debe acometer cuando el enfrentamiento de bandas sicariales produce temor en la ciudad? Esa misma ciudad, víctima de tal informalidad, hoy está esperando acciones decididas que controlen a los grupos de pistoleros que como antaño tienen en Cali su lejano oeste, imponiendo la ley de gatillo, o como dirían las películas de los años setenta: por un puñado de dólares.

 La ciudad necesita de un papel más evidente del Estado, diferente a iluminar parques con luz blanca, que es apenas una sola de las herramientas para que una estrategia real de seguridad funcione. Porque además se siente que están solos en la lucha contra la inseguridad la Policía  Metropolitana y el mandatario local. Los otros actores  de la sociedad civil no intervienen. No hay presencia activa del sector privado, los gremios tan distinguidos de la ciudad; aunque todos dirán que su labor no tiene que ver con esos asuntos tan delicados, deberían pensar que si su territorio de acción es impactado de la manera como hoy en día se evidencia, es tiempo de sumarse a la campaña frente a la inseguridad que campea.

 Además se requiere que todos los actores del tema seguridad funcionen, la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía, los jueces, el Inpec y en el medio como eje central los organismos de investigacion del Estado: la inteligencia, cuyos resultados en Cali merecen una mejor suerte.

 Cuando en Colombia se cuestionó el papel de la inteligencia del Estado, de su capacidad de infiltración para luchar contra las cúpulas de la guerrilla, los mejores resultados se evidenciaron con la muerte de sus cabecillas más importantes, luego de operativos que se montaron de tal manera, que merecieron reconocimiento nacional e internacional.

 Con esa misma base, la ciudadanía se pregunta cómo es posible que a plena luz del día sigan funcionando los llamados puntos críticos, que la misma Policía identificó, estableció plenamente, pero cuyos resultados son exigidos hasta por el mismo presidente Juan Manuel Santos.

 Todas las versiones  de las autoridades sobre la oleada de homicidios en Cali señalan la lucha por el territorio, que son venganzas de grupos llegados de otras regiones del  Valle del Cauca y de Colombia; pero quién, desde el Estado, con las armas del Estado, tendrá la decisión para oponerse a la incursión periódica de grupos delictivos en la ciudad.

 Frente al panorama que evidencia la ciudad con sus indicadores y el muertómetro a bordo es hora de que todos los actores de la sociedad civil se sacudan respecto de lo que está pasando en su territorio, en las más de 13.000 hectáreas de patio urbano que tiene Cali, y se pregunten qué harán por rescatar la seguridad. Qué harán los empresarios privados para apoyar a la fuerza institucional, a la Policía Metropolitana, que reclama mayores recursos de los que pobremente han llegado desde la administración municipal, algo más de 4$.500 millones en este año, debido al esquema de financiación de la seguridad en Cali. Pero también desde el Estado municipal, para que los organismos locales se coordinen en campañas específicas de apoyo a los grupos altamente vulnerables, de donde sale la mano de obra para los criminales.

Es tiempo de que las políticas en materia de infancia y adolescencia en alto riesgo tengan un solo doliente en el gobierno caleño, para que no estén regadas en cuatro o cinco dependencias con esfuerzos aislados, pero sin estrategia de ciudad.

Que haya recursos en los planes del Estado local enfocados en los llamados Tíos, Territorios de Inclusión y Oportunidades, eje del programa social del gobierno de Guerrero, se sientan, se ejecuten y que haya resultados de carne y hueso.

Desde el Estado se le enseña a la comunidad que la seguridad es un asunto de toda la ciudadanía y es tiempo de que en Cali nos pongamos serios en esa materia. Porque no hay peor indicador que aleje la inversión, el desarrollo, la prosperidad que los registros de violencia, inseguridad y muerte.

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