La importancia del tejido empresarial para el desarrollo en Colombia

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Por Iván Leonardo Urrea Rios

La crisis económica desatada a raíz de choque del COVID-19 no tiene precedentes en la historia reciente del país. La producción interna cayó cerca de 7% durante 2020, generando la destrucción de un poco menos de 2 millones de puestos de trabajo. Dentro de los grandes actores afectados estuvo el sector privado, en particular el tejido empresarial colombiano, que es el generador de riqueza y empleo por naturaleza. En este artículo me encargaré de presentar sucintamente qué efecto tuvo la crisis para las empresas colombianas, y cuáles son los retos a solucionar de cara a la política económica de un nuevo gobierno 2023-2026. Esto, con el objetivo de convertir a Colombia en una sociedad de altos ingresos con movilidad social.

Es absolutamente necesario iniciar esclareciendo la estructura de nuestro sector privado y empresarial. Como punto esencial, en su mayoría está compuesto por pequeñas empresas que no crecen en el tiempo (las razones de ello las daré más adelante). Según Confecámaras, las microempresas son el 93% del total de firmas en Colombia, estas a su vez, son más del 80% de las empresas de los sectores de comercio, construcción, industria, y servicios, sectores que a su vez son los principales generadores del empleo del país.

Dado que las empresas pequeñas son menos productivas que las medianas y grandes, la productividad agregada de la economía colombiana (cuanto somos capaces de producir con nuestras habilidades, herramientas y tecnologías por trabajador) es significativamente menor que países como Chile y México, y muchísimo menor que los países de la OCDE, con consecuencias negativas para generar mejores salarios, y en general para el crecimiento económico.

Las actividades económicas que más se vieron afectadas durante 2020 fueron las actividades artísticas y de entretenimiento (-23,4%), la construcción (-23,4%), el comercio (-17,8%) y la manufactura (-11,1%). Esto implicó una tragedia con millones de puestos de trabajo destruidos, donde muchas empresas vieron interrumpidos sus canales de suministro, se les contrajo significativamente su demanda, y tuvieron que continuar con obligaciones laborales y de funcionamiento básico, todo al mismo tiempo.

A raíz de este difícil escenario, muchas compañías no pudieron soportar los cierres, y no clasificaron a los apoyos gubernamentales, generando interrupciones en el flujo de pagos y un daño profundo en el sistema económico. Muestra de ello es que la Superintendencia de Sociedades recibió un 45% más de solicitudes de insolvencia y reorganización en 2020 versus 2019. Al mismo tiempo, la proporción de empresas en operación interrumpida estuvo en 10% para noviembre, después de haber estado en 64% en el mes de mayo, mostrando una recuperación, pero con sectores como construcción, servicios de entrenamiento y turismo aún bastante afectados por las cicatrices del primer y el segundo rebrote.

La situación que deja el COVID en la economía colombiana para el tejido empresarial es tan compleja, que para noviembre, 15% de las empresas reportaron reducción de trabajadores u horas trabajas según el DANE, y más del 40% presentaron reducción significativa en la demanda de sus productos o servicios y reducción de su flujo de efectivo. Así, a pesar de que el 70% de las empresas habían solicitado o se habían beneficiado de políticas gubernamentales de apoyo, sólo el 39% esperaban un aumento en sus ingresos entre diciembre y febrero, y un 23% esperan retrasarse en el pago de sus pasivos pendientes a inicios de 2021. Sin embargo, este desolador panorama para el empresariado colombiano sólo es la profundización de una constante tragedia que ya sufrían desde antes.

Lo explicaré a continuación:

Los bajos niveles de productividad empresarial en el país están explicados por diversos factores según diversos estudios de entidades multilaterales y centros académicos nacionales: La informalidad, la mala educación de trabajadores, el mínimo nivel de innovación e investigación, la regulación excesiva y discrecional, el sistema impositivo contra las empresas, y la deficiente infraestructura y de logística que encarece las actividades de transporte y exportación. Estos problemas los sufren a mayoría de las empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas que en muchos casos se ven obligadas a la informalidad porque cumplir regulaciones y obligaciones tributarias las dejaría en la quiebra.

Las empresas pequeñas y medianas estaban menos preparadas que las demás para enfrentar los golpes de la pandemia, esto producto de las razones anteriormente esbozadas. El punto central, es que dentro de esas empresas muchas son pequeñas porque la estructura regulatoria y la diáspora de problemas descritos fomentan el enanismo (o más bien no incentivan el crecimiento y la inversión empresarial), privando al país de las ganancias en productividad y empleo que son la clave la conversión en una sociedad de altos ingresos con movilidad social. Un programa de gobierno para 2023-2026 debería facilitar y no entorpecer la creación y el crecimiento empresarial del país.

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