La multinacional Veolia y el negocio de las basuras en Cali

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Por Valentina Bradbury

En el 2005 la Empresa del Servicio Público de Aseo de Cali E.S.P – EMSIRVA es intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con fines liquidatarios. Las razones para la intervención, según la entidad nacional fueron la baja cobertura del servicio de barrido y limpieza, los costos ineficientes, el incumplimiento de la normativa sobre disposición final de residuos y la provisión de información financiera no confiable, entre otras.

La Constitución de 1991 a través de su artículo 365 introduce la posibilidad de que -además del Estado- comunidades organizadas y particulares puedan prestar los servicios públicos. Esta novedad obedece al contexto político de la década de los años 90 en el que las perspectivas neoliberales impulsadas por el Consenso de Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se vieron reflejadas en la Constitución de 1991 a partir de disposiciones que buscaron reducir la participación del Estado en el mercado y fortalecer la libre competencia entre privados.

Desde la perspectiva neoliberal, el monopolio del Estado para la prestación de servicios públicos ha sido considerado como ineficiente y no deseable, pues en principio, el libre mercado permitiría una mayor competencia entre privados generando una mejor calidad del servicio a un menor costo. El artículo 365 de la Constitución preserva la función de regulación, vigilancia y control del Estado sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos, sin embargo, restringe su rol como principal productor y comercializador. En efecto, después de la promulgación de la ley 142 de 1994, múltiples entidades territoriales trasladaron a particulares la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, obedeciendo a las orientaciones de las organizaciones internacionales previamente mencionadas.

En el marco de esta normatividad, Susana Correa, excongresista del Centro Democrático y actual directora de Prosperidad Social, en calidad de agente interventora de EMSRIVA, implementó un modelo de sectorización y privatización dividiendo a la ciudad de Cali en 4 zonas y desarrollando contratos con  4 operadores privados -Ciudad Limpia, Promoambiental Cali, Promoambiental Valle y EMAS Cali- para la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección de residuos sólidos, corte de césped y poda de árboles, barrido y limpieza de vías y áreas públicas.   Estos contratos fueron realizados entre 2008 y 2010 con un plazo de ejecución de 7 años y en 2015 prorrogados por 8 años más hasta el 2024.

La calidad en la prestación del servicio público de aseo por parte de los operadores privados no ha parecido cumplir con las expectativas generadas por parte de quienes defendieron el modelo, pues en los últimos años, los ciudadanos de la ciudad vienen quejándose de la acumulación de basuras en andenes, separadores viales y zonas públicas, especialmente en el centro y oriente de la ciudad. De hecho, a principios del año 2020, el alcalde alertó sobre los riesgos de una epidemia de dengue producto de la acumulación de residuos en la ciudad.

En la zona del oriente de Cali, específicamente las comunas 11, 12, 13 14, 15 y 21 el operador encargado de la prestación del servicio público de aseo es la empresa Veolia. Esta multinacional francesa registra anualmente ganancias por más de 30 mil millones de dólares anuales y ha venido creciendo en el mercado colombiano con presencia en Cúcuta, Montería, Tunja, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Cartagena y Pasto.  Desde que adquirió el 80% de las acciones de la empresa de Aseo Urbano, pasó a ser propietaria de EMAS Cali y responsable del servicio público de aseo en este sector de la ciudad de manera posterior al proceso de convocatoria pública y a la prórroga adelantada por EMSIRVA.

Pero además de su crecimiento en el mercado colombiano y en el mercado internacional, Veolia también ha sido reconocida por una práctica que parece sistemática, llevar a los Estados ante tribunales de arbitraje internacional cuando considera que dichos países adoptan decisiones que van en contravía de sus intereses económicos. Uno de los casos más emblemáticos fue la demanda multimillonaria a Egipto ante la CIADI cuando el Estado decide aumentar el salario mínimo de los trabajadores, pues según la multinacional, estas nuevas disposiciones salariales violaban los acuerdos del convenio contraído entre la empresa y la ciudad de Alejandría. Igualmente, llevó a Lituania ante el mismo tribunal porque el país decidió no dar continuidad a los contratos de concesión con Veolia y así mismo ha hecho con otros países de la región africana y latinoamericana.

A propósito de estas querellas entre intereses públicos y particulares y a propósito del proceso de liquidación de EMSIRVA que se encuentra pronto a terminar y quien además es responsable de la supervisión de estos contratos, podemos preguntarnos ¿Cuáles son los alcances de control político, disciplinario y fiscal que tienen los organismos de control como la contraloría o la personería, o el mismo Concejo Santiago de Cali, sobre operadores de capital privado nacional e internacional? En Europa, desde hace varios años, viene aconteciendo una ola de remunicipalizaciones con más de 835 de estos casos. ¿Las razones? Búsqueda de reducción de costos en las tarifas, mejoramiento de condiciones laborales, transparencia financiera y recuperación de capacidad y control operativo. Valdría la pena revisar críticamente estos ejemplos para plantear nuevas perspectivas más democráticas en la prestación y garantía de los servicios públicos.

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