La pandemia y el acuerdo de paz

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Por Angélica Mayolo

La pandemia de Covid-19 ha cambiado, alterado y aplazado temas de la agenda pública nacional. De un momento a otro empezamos a hablar con frecuencia inusitada de unidades de cuidados intensivos, vacunas, curvas epidemiológicas y, trágicamente, de muertes. Por supuesto, temas centrales y determinantes para el futuro del país han entrado en pausa, entre ellos la implementación del acuerdo de paz.

Ciertamente, estamos frente a un acuerdo de paz imperfecto, con debilidades en los procesos de verdad, justicia y reparación, así como deficiencias en la entrega de bienes por parte de los excombatientes. Sin embargo, con todas sus falencias, representa el mayor avance en la historia reciente de Colombia en términos de cese al conflicto armado y plantea las bases para la reducción de desigualdades en el país. En su implementación, el Gobierno Nacional ha logrado que alrededor de 13.104 excombatientes se mantengan en el proceso de reinserción, quienes desarrollan más de 1.000 proyectos productivos.

Igual de importante ha sido la formulación e inicio de puesta en marcha de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (los PDET), que buscan mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la Colombia profunda, cientos de municipios con baja capacidad institucional, tejido empresarial débil o inexistente, carentes de infraestructura básica, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y con el fantasma del narcotráfico acechando.

Con la pandemia, el acuerdo de paz dejó de ser el centro de la discusión política, mientras las regiones más golpeadas por el conflicto armado observan los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas.  En noviembre serán cuatro años desde la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá y, me atrevo a decir, luego de este tiempo transcurrido, que estamos en ese momento que los aviadores llaman punto de no retorno. Es más fácil llegar al otro lado que devolvernos, por lo cual, debemos seguir avanzando en las políticas que promuevan el desarrollo rural y la inclusión productiva de las comunidades más vulnerables.

Los efectos de la pandemia ya evidencian el dramático impacto en las finanzas públicas, en el crecimiento económico, en el desempleo y la pobreza, entre otras variables en las que Colombia había avanzado. Estaremos entonces frente a un escenario en el que el acuerdo de paz podría dejar de ser una prioridad y, creo, ese es un falso lujo que no podemos darnos. Si bien ya seremos un país con mayor población en situación de pobreza y más desigual, no podemos permitir reactivar los niveles de violencia del pasado.

Así las cosas, el llamado sigue siendo a continuar con la implementación de los PDET, al sector privado a apostarle por las obras por impuestos y demás alternativas que permitan que la recuperación económica llegue a las regiones con mayores vulnerabilidades como el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y las zonas de frontera. La prioridad debe ser la generación de oportunidades en las zonas que más padecieron los rigores de la guerra, para no lamentar su resurgir.

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