La patria minera

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Camila ZuluagaPor Camila Zuluaga

El desastre de la locomotora minera no lo han querido contar como es. Ya es un refrito decir que el presidente Santos  tiene en su gobierno la minería como pilar del desarrollo económico del país.  Sin embargo, lo que no sabíamos –intuíamos, sí, pero no creíamos que fuera tan grave– es que Colombia no tiene cómo fiscalizar, supervisar y auditar esta actividad. Así como lo lee, aquí cualquiera se lleva lo que quiera, y nuestras autoridades no tienen cómo saber qué y cuánto se están llevando.

La historia reciente de este drama comenzó con Carlos Rodado como ministro de Minas, al inicio del gobierno del presidente Santos. En su respuesta a los medios de comunicación sobre los graves episodios ocurridos en el departamento de Boyacá, donde la explosión de unas minas dejó como consecuencia varios muertos y heridos, dijo palabras más, palabras menos, lo siguiente: “No tenemos hoy cómo controlar y auditar todas las minas que existen alrededor del país”.

Por esa razón, frente a la inminente necesidad de contar con  un mecanismo de control para esta actividad económica, que ya venía apoderándose del país, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de Fonade, hizo una invitación pública para encontrar dos empresas que pudieran hacer ese trabajo.

Después de un largo proceso de contratación pública, de innumerables denuncias sobre la forma irregular en que se iban a adjudicar esos contratos, el 27 de junio del año pasado, las compañías Bureau Veritas Tecnicontrol y Gennibar en asocio con HMB ingenieros se llevaron estos millonarios contratos. La nación, por su parte, destinó $284.169’991.533 millones para auditar todos los títulos mineros del país en un periodo de veintisiete meses.

Hoy, casi diez meses después de su adjudicación, estos contratos no están siendo ejecutados de la forma en que se estipuló en los pliegos de condiciones. La razón, según estas empresas, es que el país no cuenta con los profesionales que exige Fonade para poder hacer la fiscalización minera.

Entonces, lo que debemos preguntarle a estas empresas es por qué aceptaron las condiciones del contrato si sabían que no lo iban a poder cumplir. ¿Será que estas rimbombantes empresas internacionales están aplicando también la máxima de que aquí en Colombia se debe aceptar cualquier contrato y por el camino, mediante otrosí, lo van arreglando?

Es grave que Fonade acepte que esto suceda y asimismo acceda a firmar los otrosí solicitados por las empresas para cambiar las condiciones iniciales, con las cuales se ganaron los contratos. Esto, entre otras cosas, puede llevar a que el Estado colombiano sea sometido a una demanda millonaria por faltar a la igualdad de condiciones con los otros participantes de la licitación.

Pero lo que es más grave aun es que en este momento cualquier cosa se puede hacer con los títulos mineros. Grandes multinacionales extraen nuestros recursos y nosotros no tenemos certeza si estas le están declarando al país exactamente  lo que corresponde por lo que están extrayendo y sacando del territorio nacional.

En una entrevista reciente, la directora de la Agencia Nacional de Minería me dijo que por ahora en nuestro país tenemos que someternos a la buena fe. ¿Y entonces los contratos que ya se firmaron para que unas empresas hicieran la fiscalización, qué? Pues nada, porque como lo he explicado en estas líneas hasta ahora están mirando cómo cumplen con el contrato.

Ahora, para que se sorprendan aún más, una de esas empresas, Bureau Veritas, ante la información que ha sido publicada en los medios sobre la realidad de esos contratos, decidió contratar a una empresa de comunicaciones. Es decir, en vez de estar pensando en ejecutar correctamente el contrato que se ganaron, lo que les interesa es no quedar mal ante la opinión. Así como lo leen, más importa la imagen de su empresa que hacer bien su tarea.

¿Por qué, señores, no se dedican más bien a encontrar el personal idóneo para cumplir con el contrato que se ganaron, en vez de mirar cómo se relacionan con los medios?  Además, uno tampoco se explica cómo es posible que en el Gobierno, especialmente las autoridades mineras, no se pongan las pilas para que estos contratos  se cumplan.  Lamentablemente solo podemos decir, por ahora, que esperamos que algún día, más pronto que tarde, finalmente sepamos qué es lo que se nos llevan las empresas extranjeras, no sea que por andar elevados se nos lleven todo y no nos demos cuenta.

Una cosa más: Tal y como lo dije en este mismo espacio, estaba cantada la decisión del Consejo de Estado frente al periodo del fiscal general Eduardo Montealegre. Lo que sí es cierto es que esta jurisprudencia durará hasta que llegue otro que no guste y no convenga.

 

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