La paz no es solo La Habana

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GUIDO-HURTADOProfesor Guido Germán Hurtado Vera

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

En Colombia durante el segundo semestre de 2013 se registraron importantes acciones y movilizaciones sociales que el polarizado ambiente electoral invisibilizó y no fueron tema del debate. Tales reclamos ciudadanos deben ser considerados como un argumento más para entender por qué el fin del conflicto armado es hoy un asunto vital.

Para los meses de julio y agosto el país conoció de algunas acciones y movilizaciones colectivas: el paro minero, la huelga de los trabajadores de la Drummond, la participación ciudadana en el caso de Piedras (Tolima) y el Paro Nacional Agrario

El paro minero se concentró en los departamentos productores y las movilizaciones exigían al Gobierno acompañamiento en el proceso de legalización e inclusión en la economía minera. Las exigencias de los trabajadores de la firma Drummond eran la de mejoras salariales y aumento de seguridad industrial. El municipio de Piedras fue el escenario de un inusual proceso de participación ciudadana, el 96% de sus habitantes decidieron que no quieren que en su territorio se adelanten proyectos de minería a gran escala. Y el Paro Agrario tenía como eje de la movilización el abandono del campo y la crisis agraria que enfrenta el país.

Es evidente que para el segundo semestre de 2013 las acciones y movilizaciones colectivas aumentaron vertiginosamente. Los casos anteriores son una prueba indiscutible para afirmar lo anterior.

El escenario electoral se centró en la mesa de La Habana pero dejó por fuera dos argumentos importantes que son esenciales en el debate por la paz.

El primero, la discusión sobre la política minera. Para esta discusión existen dos enfoques que señalan los beneficios y daños que trae para el país. Algunos expertos aseguran que la locomotora minera produce alucinaciones que impide ver los costos sociales y ambientales que trae. Advierten que no sólo está causando daños irremediables a los ecosistemas, sino que además las cifras del crecimiento económico que anuncia el Gobierno no armonizan con el desarrollo humano. Y otros plantean el concepto de minería sostenible. Manifiestan que el asunto no se queda exclusivamente en la explotación y exportación, que además de los beneficios económicos para el país podría generar valor agregado para el medioambiente.

El segundo, la discusión sobre la movilización social. Es preciso indicar que ésta no es nueva en Colombia. Hace parte de la historia de la construcción del Estado-Nación. Las acciones de indígenas, campesinos, obreros, sindicatos y estudiantes que demandan o presionan soluciones ante el Estado, por injusticias, exclusiones o desigualdades, han estado presentes durante todo el siglo XX. Y la democracia colombiana ha sido tan frágil que explica como la protesta social es un rasgo tan íntimo en su vida política. Por ello, la protesta no se tramita por las vías institucionales porque las demandas nunca son tenidas en cuenta. Al contrario, han sido las vías de hecho el principal recurso que han encontrado los actores sociales para demandar la satisfacción de sus necesidades. Y los gobiernos han respondido con violencia y criminalización.

En el debate electoral no se habló de política minera y social. Y como no hay política minera y social, hay protesta y movilización. Y cuando hay movilización social, se criminaliza. Y el asunto es más complejo, porque los gobiernos de turno señalan que detrás de esa movilización social está las Farc.

Sí se firma un cese al fuego y el inicio de un proceso de paz, las movilizaciones en Colombia no deberán entenderse entonces como unas acciones de guerrilleros y criminales. El asunto deberá entenderse como acciones de ciudadanos que exigen y demandas acciones para que el ensanchamiento de la democracia. La protesta social es una expresión de esta débil democracia.

Así que, uno de los grandes desafíos que tendrán que estimar los gobernantes de turno es la de superar la idea que la democracia se agota única y exclusivamente en la terminación de un conflicto armado o en los mecanismos electorales y de representación institucional. La democracia y la paz es mucho más que eso, son verdaderas reformas políticas, económicas y sociales que garanticen los derechos a sus ciudadanos para que las vías de hecho desparezcan como argumento de demandas.

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