La prevención de desastres en Colombia

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Luis Eduardo Lobato Paz

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Con mucha profusión de detalles y con algunas dosis de amarillismo, los medios de comunicación colombianos recordaron recientemente que hace treinta años se produjo el peor desastre ambiental de nuestra historia: la avalancha de Armero, Tolima. Un suceso en el que murieron cerca de 22.000 personas. Un balance posterior estableció que faltó una labor pedagógica de las autoridades locales, regionales y nacionales para dar a conocer a los habitantes de este municipio cuáles eran las áreas de mayor riesgo, los potenciales peligros a los cuáles estaban expuestos, haber activado el sistema de alarmas a tiempo o coordinado un plan de evacuación de los moradores de esta zona de influencia del Volcán- Nevado del Ruiz.

El manejo de este desastre y uno anterior en Popayán (1983) dejó en evidencia lo mal preparado que estaba el país para atender emergencias de gran magnitud y sin contar con un organismo que coordinara los esfuerzos de instituciones dispersas que realizaban esa labor hasta ese entonces : Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpos de Bomberos. A esto se le añadía que el cuerpo de personas que hacían parte de esas asociaciones no tenía la preparación suficiente, la mayor parte de ellas no  recibían recursos oficiales y su participación era voluntaria. Tuvo que pasar cuatro años (1989) para que en el gobierno de Virgilio Barco se creara el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

El terremoto de Armenia (1999) develó que faltaba mucho por hacer todavía en materia de prevención de desastres. En el momento de realizar un censo de los damnificados, las autoridades gubernamentales no encontraron registros actualizados de los habitantes de la ciudad y esto dio lugar a un desplazamiento masivo de personas de otros lugares del país que buscaban recibir auxilios estatales y en algunos casos resultaron favorecidos en detrimento de otros que si habían perdido familiares y bienes por esta acción telúrica. Esta misma situación se había dado años atrás en Popayán.

Las crisis sociales, económicas y ambientales producidas por los fenómenos de El Niño y La Niña (en 2002, 2009, 2011 y 2012) siguieron evidenciando que a este Sistema de Prevención de Desastres le faltaba más coordinación institucional, actualización de estudios sobre mapas de riesgo y más recursos monetarios. En 2002 el desabastecimiento de agua afectó a un porcentaje importante de municipios, se multiplicaron los incendios forestales y el país tuvo que soportar un racionamiento energético sin parangón en la historia reciente. En 2009 se vivió una situación muy parecida aunque no se presentó racionamiento energético. Entre 2011 y 2012 las estaciones lluviosas dejaron al descubierto que no había un plan o programa para verificar el estado de los diques que protegen las inundaciones de los ríos. El resultado fue miles de damnificados por todo el país

Ante la crisis provocada por las inundaciones que dejaron las temporadas invernales, en 2012 se creó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). Se buscaba con esta nueva unidad que toda la información respecto a riesgos, censos de damnificados, pronósticos del tiempo estuvieran sistematizados y que en cada departamento se adelantaran acciones de comunicación y educación respecto a medidas de prevención durante las diferentes estaciones climáticas.

Una revisión de las noticias sobre desastres, que aparecen registrados en los periódicos nacionales en los últimos tres años,  nos muestra que sea estación seca o lluviosa, los estragos siguen siendo los mismos: poblaciones sedientas, incendios en el primer caso o pueblos anegados, deslizamientos en carreteras  y avalanchas en áreas de ladera de los centros urbanos en el segundo caso.  Cuando se trata de encontrar responsables de estas problemáticas, se sindica  a las corporaciones municipales o regionales encargadas de la gestión ambiental de no estar realizando las labores para las cuáles fueron creadas, estas a su vez aducen que no tienen poder judicial o policivo para detener a los responsables de acciones que afecten los ecosistemas y también se saca a relucir la falta de conciencia ciudadana para evitar la contaminación  o afectación de los espacios naturales.

Para completar este panorama de despreocupación o de debilidad institucional frente a la prevención y gestión del riesgo en Colombia, la Subdirección  de Planeación Nacional revisó los Planes de Ordenamiento territorial presentados por los municipios del país y se encontró que el  97 % de ellos no tienen estudios de amenazas de riesgos. Situación que pone en peligro a miles de colombianos ya que en el mismo informe se establece que 52,5 % de los centros urbanos fueron construidos en áreas con escasez de agua, el 33% en zonas donde hay riesgos de deslizamiento y 48% en lugares en los que hay peligro de inundaciones.[1]

Han pasado treinta años de la catástrofe de Armero, pero parece que no aprendimos la lección y todavía no asumimos  con responsabilidad las tareas necesarias para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Mientras no se estructure  un programa nacional de gestión del riesgo con el presupuesto, la coordinación, la logística y la preparación de los funcionarios encargados de poner en marcha los programas de contingencia,  seguiremos achacándole a la naturaleza la causa de los desastres y eludiendo las responsabilidades humanas.

[1] El Tiempo. “Municipios se rajan con sus Planes de Ordenamiento”, noviembre 17 de 2015.

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