La protesta social en Colombia: ¿un asunto de terroristas?

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GUIDO HURTADO 2.0Por Guido Germán Hurtado Vera

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, Cier

Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Occidente

En alocución del 16 de julio, Juan Manuel Santos expresó que “no es posible entender cómo la guerrilla, mientras negocia en La Habana, infiltra la protesta social”. En otra, del 22 de agosto, el ministro de Defensa expresó a los medios de comunicación “que detrás del actual paro están las Farc”.

Sin más, presidente y ministro descalifican equivocadamente a quien desafía el poder político. Esta es una costumbre que suelen tener nuestros gobernantes, y  no hay forma de quitárselas.

La lucha social no es nueva en Colombia, hace parte de la historia de la construcción del Estado y la Nación. Las acciones de indígenas, campesinos, obreros, sindicatos y estudiantes que demandan o presionan soluciones ante el Estado, por injusticias, exclusiones o desigualdades, han estado presentes durante todo el siglo XX.

La democracia colombiana ha sido tan frágil, que explica cómo la protesta social es un rasgo tan íntimo en su vida política. Por ello, la protesta no se tramita por las vías institucionales, porque las demandas nunca son tenidas en cuenta.

Al contrario, han sido las vías de hecho el principal recurso que han encontrado los actores sociales para demandar la satisfacción de sus necesidades. Y los gobiernos han respondido con violencia y criminalización.

Y lo que está de fondo es un patrón de desarrollo socialmente excluyente y la incapacidad del Estado para solucionar las demandas ciudadanas. Al mismo tiempo, la debilidad de los espacios públicos y representativos y el acceso restringido al ejercicio de los derechos ciudadanos constituye la huella cultural y política de este país.

Lo natural de los gobernantes es deslegitimar la protesta social. Siempre están detrás –como siempre– los “terroristas” de las Farc. Y un argumento que explica tal señalamiento es la persistencia del conflicto armado.

Nunca los gobernantes explican que este es un momento histórico de inflexión; que los viejos problemas son los nuevos problemas, reflejados en saldos negativos en productividad, inequidad y pobreza, pero también en problemas de confianza institucional, límites de los sistemas de representación y crisis de los partidos políticos.

Menos aún, revelan que el modelo de libre mercado es un fracaso; que este ha sido incapaz de promover un nuevo orden económico y social; que sus reglas de juego impiden el fortalecimiento institucional, la equidad, la inclusión social y la participación ciudadana.

Un poder político subsumido por la economía. Los mercados financieros son los que, en definitiva, dictan y determinan el comportamiento de los responsables políticos. A la política actual la remolca la economía financiera, la economía especulativa.

El mercado solo integra aquellos elementos que son solventes. Todo aquello que no es solvente no está en el mercado. La protesta social es el disolvente de los TLC firmados por Colombia, porque los cuestionan y ponen entre dicho. Acuerdos comerciales que están acabando con el agro colombiano y ponen en peligro otros sectores de le economía. Por tal razón, en defensa del mercado, los gobiernos  satanizan la protesta social.

Así que uno de los grandes desafíos que tendrán que estimar los gobernantes de turno es superar la idea de que la democracia se agota única y exclusivamente en los mecanismos electorales y de representación institucional.

La protesta social no se puede criminalizar y es una acción política legítima. La protesta social es una expresión de esta débil democracia y no un asunto de terroristas. Es un asunto de ciudadanos –hoy agricultores, campesinos, mineros artesanales, transportadores– que exigen equidad y justicia social.

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