La reforma que sí era

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Editorial

En la semana que comienza se inicia la segunda vuelta de la reforma constitucional llamada de equilibrio de poderes y ajuste institucional. Se radicó una ponencia que fue suscrita por representantes de seis partidos políticos, incluida la Alianza verde, que no forma parte de la Unidad Nacional. Hubo acuerdos sobre los ejes fundamentales de la reforma y en ella están plasmadas la gran mayoría de medidas que el Presidente Santos anunció como necesarias para recuperar la confianza en la justicia, agobiada en estos días por el escándalo alrededor del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel.

Aunque en la primera vuelta la iniciativa había sido criticada porque no tenía un “norte” y varios sectores incluidos los de la academia habían propuesto que se circunscribiera a la eliminación de la posibilidad de la reelección presidencial que tanto daño hizo a nuestro sistema político, ahora la propuesta cuenta con el apoyo de varios de sus más duros críticos y los aspectos relacionados con el componente de justicia de la reforma han sido bien recibidos por ONGs, académicos e incluso los jueces y los miembros de las Cortes.

El proyecto de acto legislativo, que muy seguramente será aprobado en el primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República el próximo jueves, ha perfeccionado la redacción de la propuestas que desde el inicio el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional habían planteado para buscar una mayor eficacia de la justicia y cerrar los poros que el diseño original de la Constitución del 91 había dejado y por los que se habían metido prácticas indebidas que ponían en riesgo la independencia y la imparcialidad del poder judicial.

La reforma le quita a las Cortes su participación en la postulación del Procurador y Contralor que produjo un efecto dañino de clientelización en las más altas corporaciones judiciales, llevado a extremos inaceptables en la Procuraduría de Alejandro Ordoñez. Impide que continúe la “rosca” que se estaba formando con la fórmula de “yo te elijo, tú me elijes” y que llevo al propio Consejo de Estado a anular la elección en el Consejo de la Judicatura de los magistrados Ricaurte y Munar que salieron de la Corte Suprema de Justicia a la Sala Administrativa del Consejo en un abuso de poder intolerable. Hace más exigentes los requisitos para aspirar a las altas Cortes y amplía las inhabilidades y las incompatibilidades de los ex magistrados para evitar que usen su influencia para conseguir tal o cual decisión judicial o para que hagan cálculos políticos al momento de dictar una sentencia.

En la ponencia que se radicó se llegó a una fórmula razonable en el punto que había generado mayor controversia: el del régimen de responsabilidad de los magistrados y el Fiscal. Por una larga tradición constitucional esos funcionarios en la práctica eran prácticamente irresponsables por sus conductas que pudieran ser constitutivas de delitos o faltas disciplinarias. Como lo hace la Constitución de los Estados Unidos, en Colombia los magistrados se asimilan para esos efectos al Presidente de la República, en un sistema presidencial que se basa precisamente en la estabilidad del jefe del ejecutivo. Esa situación hoy no tiene ninguna justificación y se hacía necesario revisarla para impedir que casos como el del Magistrado Sanabria, o el del propio Pretel de llegarse a comprobar siguieran en la impunidad.

La fórmula no es sencilla porque cualquier control mal diseñado puede derivar en una pérdida de la independencia judicial. Por eso la discusión había sido tan álgida. La propuesta ahora logra un equilibrio entre independencia de quienes controlan, garantías institucionales para el poder judicial, participación del Congreso, garantías personales del procesado y eficacia del mecanismo.

Habrá una comisión de juristas, lo que deja claro que el proceso es jurídico y no político, que investiga y acusa. Habrá un debate público en el Congreso, ante el cual esa Comisión tendrá que sustentar –en todos los casos- su acusación lo que garantiza que no será un acto banal de persecución, sino que existen motivos fundados para actuar. Habrá una intervención rápida del Congreso en la que puede declarar la indignidad por mala conducta en un lapso de dos meses. Habrá un juicio con todas las garantías en la Corte Suprema de Justicia.

El cambio entre primera y segunda vuelta se concentró en precisar el rol del Congreso, que resulta fundamental por dos razones: una, porque el principio de separación de poderes está basado en un esquema de controles cruzados y dos, porque allí hay una deliberación abierta que también da la oportunidad a la opinión pública de participar a través de mecanismos formales e informales y controlar a los unos y a los otros.

Hizo bien el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en perseverar con esta reforma que incluso al interior del Gobierno algunos estimaban no necesaria y resultó que sí era.

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