La renta básica y un sistema de protección social universal

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Por Héctor Riveros Serrato

Director del Instituto de Pensamiento Liberal

@hectorriveross

La afectación generada por la pandemia provocada por el Covid 19 ha impedido que millones de personas  tengan ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas, especialmente de alimentación, vivienda y servicios públicos esenciales, es decir que se ha amenazado o imposibilitado el goce efectivo del derecho fundamental al mínimo vital construido jurisprudencialmente y soportado en el deber de garantizar a todas las personas de gozar de una vida digna y de contar con instrumentos de protección derivados del derecho a la seguridad social.

Esa circunstancia ha dinamizado el debate sobre la necesidad de diseñar y poner en marcha un programa que asegure los ingresos mínimos para la satisfacción de las necesidades básicas en especial la adopción de un programa de renta básica universal como el que han propuesto desde hace ya varios años expertos en política social.

En varios países del mundo, con ocasión de la crisis, se han adoptado políticas de este estilo. España aprobó el ingreso mínimo vital (IMV) que beneficia a quienes no tengan ingresos de al menos 461 euros mensual y es compatible con otros ingresos hasta completar el monto. Se trata entonces de un subsidio monetario focalizado y no universal como se propuso originalmente.

En Colombia, el Gobierno Nacional incrementó los programas de subsidios monetarios dirigidos a las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad y creó el programa Ingreso solidario con el que transfiere en forma temporal, por tres o cuatro meses, a unos tres millones de personas un subsidio monetario de aproximadamente 40 dólares mensuales, cuyos beneficiarios son quienes no lo son en los demás programas asistenciales.

La Corte Constitucional colombiana ha creado jurisprudencialmente el derecho al mínimo vital, que no sería otra cosa que la garantía que deben tener todas las personas de obtener los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades que le permitan tener las condiciones de una vida digna y proveerse de una canasta alimentaria básica, vivienda y servicios vitales como agua potable, energía eléctrica y salud.

No es solo la jurisprudencia, a partir de la noción de vida digna, sino que tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, reconocen éste derecho, como ocurre en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que dispone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

En términos similares, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) dispone que los Estados deben garantizar “un nivel de vida adecuado para [las personas]y su familia, que incluya alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Tratándose de un derecho fundamental su satisfacción corresponde al Estado en el caso en el que la situación personal del titular por razones de pobreza, de vulnerabilidad o de otra similar no pueda satisfacerlo con sus propios recursos.

En nuestro país hay un disperso conjunto de programas y acciones que intentan satisfacer diversos componentes de éste derecho a las personas que no tienen cómo proveérselos directamente: i) los subsidios monetarios condicionados que se entregan a personas en situación de pobreza; ii) el sistema de seguridad social en salud que garantiza que a través del régimen subsidiado o del contributivo todas las personas tengan derecho a recibir atención en salud; iii) el sistema de seguridad social en pensiones que busca proveer ingresos a las personas que llegan a una edad económicamente no activa; iv) el derecho al mínimo vital de agua que garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a un consumo mínimo de agua potable; v) los subsidios a servicios públicos domiciliarios para personas clasificadas como de ingresos bajos o en pobreza; vi) los programas subsidiarios a la pensión de jubilación como los beneficios económicos periódicos; vii) los programas de protección al cesante o seguro de desempleo.

Hay otros varios programas dirigidos a satisfacer el goce de este derecho como pueden ser los que proveen alimentos a menores escolarizados o adultos mayores en lugares de protección.

A pesar de las múltiples y variopintas acciones que tienen el propósito de asegurar alguno de los componentes del derecho fundamental al mínimo vital, en la práctica es claro que un porcentaje alto de la población no tiene garantizado el goce efectivo de ese derecho, o bien porque la focalización es imperfecta, o bien porque muchas personas ven amenazado ese derecho por razones coyunturales y transitorias, justo como ocurrió con los efectos de la pandemia, o como sucede con una persona (por razones culturales, mayoritariamente las mujeres) que debe dejar de desarrollar actividades que le generan ingresos para dedicarse al cuidado de familiares que requieren asistencia.

El Congreso debería legislar para garantizar el goce efectivo del derecho al mínimo vital que es subjetivo, fundamental, universal y que requiere justamente de decisiones legales y administrativas para garantizar su eficacia, como ocurre con otros derechos como la seguridad social que, de alguna manera, se encuentran subsumidos en este concepto más amplio.

Ya la bancada del Partido Liberal de la Cámara de Representantes presentó un proyecto que debería ser la base de la discusión. En el Senado cursa una idea con objetivos similares, pero solo dirigida a garantizar el ejercicio del derecho temporalmente mientras duren los efectos de la pandemia.

El Congreso tiene una oportunidad única dado que tiene una competencia amplia para modificar o adicionar los decretos dictados por el Presidente de la República como resultado de la pandemia para establecer la renta vida que debe garantizársele a todo aquel que no tenga como proveerse lo necesario para su mínimo vital.

La propuesta debe estar unida a resolver varios de los problemas socio económicos más graves: la informalidad, la baja cobertura del sistema pensional y la dispersión y poca eficacia en materia de pobreza e igualdad de los subsidios estatales.

Los cuatro temas están íntimamente ligados: por una parte, el reconocimiento del derecho universal al mínimo vital; por otro, por esa vía incluir en el sistema de protección en salud y pensiones a quienes no lo están (informalidad); en tercer lugar la realización del concepto, ya recogido en nuestro ordenamiento, que el derecho a la seguridad social es también un derecho universal que no depende de la existencia de una relación laboral y al que debemos aportar todos, en virtud del principio de solidaridad, en proporción a los ingresos independientemente de cual es su fuente, sea ella rentas de trabajo o de capital, y finalmente, la urgencia de dirigir los subsidios públicos a quienes los necesitan y de que produzcan el resultado, después de distribuidos, de mejorar los indicadores de pobreza y desigualdad.

Ahora que hay ambiente político, que académicos e incluso economistas ortodoxos atemorizados por los efectos de la pandemia están sensibilizados con la importancia de un sistema de protección universal, como el que se propone de Renta Vida, es el momento de avanzar.

Manos a la obra.

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