La superpoderosa

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Camila Zuluaga @ZuluagaCamila

¿Es la contralora Sandra Morelli la funcionaria más poderosa del país? Así lo creen muchos sectores después de la decisión del Consejo de Estado que, al dirimir el conflicto entre la funcionaria y los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el  llamado “carrusel de pensiones”,  le otorgó la competencia de investigar fiscalmente a los funcionarios aforados constitucionalmente.

La preocupación sobre el poder de la Contralora ha llegado hasta las más altas esferas jurídicas,  incluso hasta el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien manifestó su temor frente a la facultad entregada al ente de control, el cual podría investigar y, si es el caso suspender, al Presidente y Vicepresidente de la República.

Sandra Morelli, la mujer  que hoy hace temblar a muchos funcionarios y contratistas de la Nación, llegó a la Contraloría General de la República con sobrados méritos, después de varias administraciones ineficientes, clientelistas y corruptas. Su llegada se vio enmarcada por un sentimiento generalizado de rechazo y hastío frente a las actuaciones irregulares y faltas de ética de los funcionarios públicos.

Muchos procesos se quedaban en simples denuncias estancadas en los anaqueles de los entes de control y sin el debido proceso fiscal que tanto aclamábamos los ciudadanos. Razón por la cual se estandarizó ese ideario nacional, que expresaba  que en Colombia,  a pesar de todo, “no pasa nada”.

Avalada por ese panorama de rechazo a la corrupción comenzó su mandato esta funcionaria que no le teme a nada ni a nadie.  Así mismo,  se empezaron a tomar por primera vez, desde  su creación en 1991, medidas de control extremas a gobernadores, alcaldes, contratistas y hasta magistrados de las Altas Cortes.

A  pesar de lo positivo de contar con una funcionaria valiente, vale la pena reflexionar si en algunos casos, a la contralora Morelli se le está yendo la mano a la hora de entrar a aplicar sus facultades. Durante su período hemos sido testigos de una feria de sanciones, embargos de sueldos, controles de advertencia, destituciones y ruedas de prensa con sonados escándalos; muchos de ellos acertados, y otros se han quedado en el anuncio y en la réplica mediática.

Entre los casos  más recientes están los embargos a los comisionados de televisión, de los cuales ha sido una de las más críticas, así como al director del Invías, Carlos Rosado.   En cuanto al embargo a los comisionados,  la medida se sustenta en que ellos les giraron un dinero a RCN Televisión y a Caracol Televisión, estipulado en un contrato.

Según la Contraloría, dichos dinero no debieron entregarse a los canales privados;  por el contrario, eran estos canales quienes le debían cancelar un excedente a la Nación. Los comisionados, en su defensa, argumentan que la única salida que tenían era demandar, y en efecto así lo hicieron.

En el caso del actual director del Invías,  la medida se da por no haber liquidado a tiempo un contrato del cuestionado Grupo Nule. El funcionario responde que estaba a la espera de una orden de la Superintendencia de Sociedades para poder llevar a cabo  dicha liquidación.  En ambos casos, los funcionarios se encontraban entre la espada y la pared. Cualquiera de las opciones escogida por estos les acarrearía una dificultad.

Es  ahí donde cabe la frase de mi compañero de mesa de todas las mañanas, Alberto Casas: “Se está  confundiendo e igualando, un error, con corrupción”. Todos los seres humanos se equivocan, quienes se encuentran en el servicio público no están exentos de ello.  Por eso la Contraloría está en la obligación de diferenciar entre una cosa y otra, para así cumplir a cabalidad con su función.

La injusticia suele llegar de la mano del exceso de poder. Sin duda, la hoy ratificada  Sandra Morelli es la funcionaria más poderosa del país. Por eso, respetada contralora, ante tanto poder sería importante que no olvide aplicar el viejo adagio popular que reza: “ni mucho que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

 

 

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