La vía de nunca acabar – 2

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El problema de la negociación con las comunidades

Ni el Gobierno Nacional ni el contratista contaban con la aparición de nuevas comunidades afro e indígenas que reclamaran derechos en varios de los sectores donde se adelantan las obras

El año pasado la Cámara de Comercio de Cali y el Observatorio de la Infraestructura del Valle del Cauca señalaron que otro gran problema de las obras tiene que ver con las demoras en las negociaciones entre el gobierno nacional y las comunidades afrocolombianas e indígenas del departamento.

De acuerdo con estas dos organizaciones, cuando empezó el proyecto de la vía Buga-Buenaventura, el Ministerio del Interior y de Justicia solo reconocía tres comunidades afro e indígenas, denominadas Alto y Medio Río Dagua, Nasa-Kiwe y Chamí Aizama (Embera), entre Citronela y Loboguerrero.

Pero en el periodo 2008-2010, mientras se desarrollaban las obras, otras comunidades de la zona tramitaron su certificación ante el Ministerio del Interior y de Justicia.

Cada vez que uno de estos grupos étnicos es certificado, los contratistas y el Estado tienen la obligación constitucional de realizar la consulta previa con ellos y suspender los trabajos hasta llegar a acuerdos.

Por ejemplo, en 2009 el Ministerio estaba convencido de que entre Cisneros y  Loboguerrero no existían comunidades afro a las que se debiera consultar antes de iniciar la construcción del tramo IV de la vía Buga-Buenaventura.

No obstante, el consejo comunitario de El Naranjo y la comunidad indígena del río Pepitas reclamaron su derecho a ser consultados, y la ejecución de ese tramo también quedó en vilo.

El Observatorio de la Infraestructura del Valle del Cauca ha expuesto que los retrasos en las obras, ocasionados por los reclamos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, aumentan los costos de los proyectos y, por lo tanto, solo benefician a los contratistas.

En el caso del tramo Loboguerrero-Mediacanoa preocupa un antecedente de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca. En el Auto 1000 del 14 de abril de 2009, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se lee que dicho concesionario trató de ponerle trabas al proceso de consulta previa con la comunidad afro de El Tajo, vereda de Santander de Quilichao, Cauca.

La Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca obtuvo la licencia ambiental para la construcción de la Variante de Santander de Quilichao, Cauca, el 13 de agosto del año 2000.

Seis años después, el 22 de agosto de 2006, la Unión Temporal Vial solicitó que se le modificara la licencia ambiental para iniciar la construcción de la Intersección a desnivel de la entrada sur a la variante.

El 2 de octubre de ese mismo año, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le notificó al concesionario que suspendería el trámite correspondiente a la modificación de la licencia, hasta que no se llevara a cabo el proceso de consulta previa con las comunidades afro de ese municipio.

A lo largo de 2007 y 2008, la Unión Temporal Vial envió varios documentos al Ministerio, tratando de demostrar que sí se había realizado la consulta con dichas comunidades y que se habían estudiado los impactos ambientales del proyecto. Cada uno de esos documentos fue rechazado por el Ministerio.

Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2007 el concesionario hizo llegar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial un estudio titulado Identificación y evaluación conjunta de los impactos ambientales y medidas de manejo ambiental del proyecto Construcción y Operación de la Intersección a desnivel de entrada sur, Variante Santander de Quilichao-Cauca.

El Ministerio le respondió a la Unión Temporal que en ese documento “no aparecen señaladas las conclusiones sobre los impactos y medidas de manejo acordadas con estas comunidades”.

También le recordó al concesionario que ya antes le había exigido dos veces –mediante oficios emitidos en marzo y junio de 2007– que presentara esa información “de manera clara y precisa”.

Entre abril de 2008 y marzo de 2009, el Ministerio emitió cuatro oficios reiterándole a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, “que la información allegada a la fecha no evidencia el proceso por medio del cual se adelantó la identificación y evaluación de impactos con las comunidades negras de la vereda El Tajo del municipio de Santander de Quilichao”.

Este Auto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el que se obliga prácticamente al concesionario a realizar la consulta previa con las comunidades afro, sienta un alarmante precedente.

Es posible que la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca también pueda darle largas a la negociación con los grupos étnicos ubicados entre Loboguerrero y Mediacanoa. Al fin de cuentas, como lo ha dicho el Observatorio de Infraestructura, los retrasos en las obras favorecen al contratista.

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