La vía de nunca acabar

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La construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura, quizás el más importante proyecto de infraestructura vial en el Valle, ha sido también el más cuestionado por entes de control, medios de comunicación y otras organizaciones.

Lo que ocurre con el tramo Mediacanoa-Loboguerrero es una muestra del triste ritmo al que avanza la vía Buga-Buenaventura. El tiempo perdido se transforma en altísimos sobrecostos que solo benefician a los contratistas de estas obras.

Los atrasos en la construcción de la doble calzada Mediacanoa-Loboguerrero son un ejemplo de la lentitud a la que marcha la infraestructura que acortará los trayectos entre Buenaventura y el resto del Valle.

Hace unos días, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de esa vía porque el concesionario Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, encargado de la obra, y el gobierno nacional no consultaron con las comunidades afro e indígenas de los sectores en donde se están realizando los trabajos.

La suspensión se suma a una cadena de irregularidades que han alterado los tiempos de ejecución de este tramo de la doble calzada Buga-Buenaventura. Dichos incumplimientos han llamado la atención de la Contraloría General de la República.

En septiembre pasado la Contraloría inició investigaciones contra la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca por incumplimientos en las fechas establecidas contractualmente.

El ente de control detectó que la etapa de construcción, que debía iniciar en octubre de 2008, empezó en junio de 2009. La Contraloría determinó que, por causa de ese atraso de siete meses, el contratista recibiría 355,71 millones de pesos adicionales, lo que constituye un detrimento patrimonial a la nación.

Según la edición de febrero de 2009 de la revista Acción, publicada por la Cámara de Comercio de Cali, el costo del tramo Loboguerrero-Mediacanoa es de unos 280.000 millones de pesos, y su construcción se proyectó a cinco años, es decir que las obras deben ser entregadas en 2014.

Sin embargo, un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, indica que hacia noviembre de 2011 los trabajos para la construcción de la segunda calzada del  tramo habían avanzado apenas en un 47 %.

El documento también revela que la construcción del sector 1 del tramo tampoco había iniciado para esa fecha porque aún no se contaba con la licencia ambiental.

Los principales accionistas del concesionario Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca son los hermanos Carlos Alberto Solarte Solarte y Luis Héctor Solarte Solarte, ambos con un 36,67 % de participación accionaria. Luis Héctor, el mayor de los hermanos, falleció a mitades de este año. El otro accionista del concesionario es Pavimentos Colombia S.A., con un 26,67 % de participación.

De acuerdo a un estudio de la Superintendencia de Transporte, los hermanos Solarte controlan el 12,3 % de las concesiones viales y aeroportuarias en Colombia. Estos hermanos de origen nariñense participan con 3,7 billones en seis de las más grandes concesiones del país: dos tramos de la Ruta al Sol, la doble calzada Neiva-Espinal-Girardot, además de macroproyectos en el Valle y en el Cauca.

En 2011, la Superintendencia de Sociedades llamó la atención sobre el hecho de que los hermanos Solarte no hubieran constituido un grupo empresarial. Al no hacerlo, existe el riesgo de que no tengan cómo responder financieramente si los concesionarios que ellos respaldan incumplen los términos de los contratos.

Además, Luis Héctor Solarte Solarte estuvo involucrado en un caso de contratación irregular que lo benefició financieramente a él y perjudicó a Popayán.

En 1994, el gobierno de dicha ciudad contrató a un concesionario de Solarte para construir cinco anillos viales y recuperar la vía Panamericana. El proyecto se presupuestó en 4.831 millones de pesos y se estimó que su ejecución duraría 103 meses (ocho años y medio).

La Alcaldía de Popayán pensaba financiar las obras con un peaje, pero la ciudanía reaccionó en contra de la propuesta, y el gobierno local pagó los trabajos con la sobretasa de la gasolina.

Cinco años después, la Alcaldía rompió el contrato al considerar que ya se había pagado la totalidad de los recursos al contratista. Solarte respondió demandando a ese municipio ante el Tribunal Superior del Cauca.

El Tribunal ordenó a la ciudad pagar 35.000 millones de pesos a Solarte. El caso sigue vivo en Consejo de Estado, pues el contratista nariñense tenía pretensiones por 103.000 millones.

A los retrasos del tramo Loboguerrero-Mediacanoa se suma otra irregularidad que ha sido denunciada por el Observatorio de la Infraestructura del Valle del Cauca. Su directora, Lourdes Salamanca, ha dicho que el concesionario estaría construyendo taludes de mala calidad. Según Salamanca, ya se han presentado deslizamientos de tierra que aumentan el costo de los trabajos.

Para la Contraloría General de la República no es claro por qué el contrato dice que la ANI asumiría los costos de la remoción de escombros en caso de derrumbe.  El ente de control considera que esa actividad debe ser tarea del concesionario, que es también encargado de construir los taludes para que no ocurran deslizamientos.

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