Las contradicciones del Estado frente a los asentamientos informales en Cali

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Por Hernando Uribe Castro

Magíster en Sociología

Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacifico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente 

El trabajo de campo y la revisión de los archivos a lo largo de los últimos años en asentamientos como Floralia, Paso del Comercio, Los Samanes del Cauca y Navarro demuestran que existe una desorganización sistemática del Estado, que no solo le impide atender el fenómeno de las ocupaciones informales e ilegales en la ciudad, sino que en específicos momentos  aupó y facilitó el poblamiento del jarillón del río Cauca.

Un Estado que actúa de forma fragmentada y desorganizada toma decisiones equivocadas y contradictorias; el siguiente caso lo demuestra: en Los Samanes del Cauca, la Secretaría de Vivienda Social otorgó a los pobladores la respectiva personería jurídica para la constitución de su junta de acción comunal, adscrita a la Comuna 21. Así, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal emitió cobros de impuesto predial a esa comunidad y la reconoció como asentamiento de la Vereda Cauquita, del Corregimiento de Navarro. No obstante, la Alcaldía, a partir de los anuncios de la inversión de $1.3 billones para atender el caso del jarillón, pretende desalojar y reubicar estas comunidades desconociendo el alcance institucional que logró Los Samanes del Cauca con las entidades mencionadas.

Un Estado que opera y actúa desde la descoordinación produce y genera baja institucionalidad, procesos de desintitucionalización que terminan en actuaciones erróneas cuando se trata de solucionar problemas complejos como el de los asentamientos informales. Entonces, argumentos y acciones contradictorias entre los mismos agentes estatales terminan beneficiando a las fuerzas del mercado y dejando de lado las responsabilidades con comunidades vulnerables específicas.

A esta desorganización se suman unos agentes que poco escuchan a las comunidades, a pesar de que estas buscan establecer diálogos con el propio Estado. Las instituciones no están respondiendo a las demandas y necesidades de las personas, pues sus agentes interactúan con las poblaciones a través de los medios de comunicación y no de modo directo.

 Un Estado que al contraerse de responsabilidades deja grandes espacios, que son tomados por las organizaciones del mercado para hacer de la ciudad el espacio propicio para la reproducción de excedentes de capital, como está sucediendo con el mercado del suelo, que  poco a poco se ha despreocupado de los asuntos del mercado de tierras, para dejar  esa función  en manos de las corporaciones, los comerciantes  y las grandes constructoras, que se vienen encargando de  diseñar el desarrollo urbano de la ciudad.

Un Estado que considera que los problemas de los asentamientos informales e ilegales se resuelven solo con asistencialismo, como sucede con las cien mil viviendas para las comunidades vulneradas y marginales, pero se olvida de la necesidad de consolidar una política pública de vivienda, es proclive al incumplimiento de derechos y responsabilidades constitucionales.

Se tiene así, un Estado precario y con una profunda labilidad institucional. Ante hechos críticos, como el caso de los procesos de poblamiento, las autoridades responden de forma desorganizada, pero con claros visos de autoritarismo, a veces con violencia y sin oídos para escuchar a la gente.

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