Las exigencias del posconflicto

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Germán Ayala OsorioPor Germán Ayala Osorio

Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Para superar un conflicto largo y complejo como el que soporta Colombia desde hace cincuenta años se requerirá, inexorablemente, de mayúsculos esfuerzos económicos, sociales, políticos y culturales que pueden, incluso, mejorar los que aparezcan de los acuerdos a los que lleguen los representantes de las Farc y del Gobierno, que hoy negocian en Cuba. Esto, claro está, si Santos logra hacerse reelegir y si se consigue blindar dicho proceso contra las embestidas de la férrea oposición, de aquellos sectores de poder económico y político que buscan mantener la guerra interna, con la premisa de acabar militarmente con las guerrillas.

Es decir, si lo acordado entre los negociadores se refrenda o se valida a través de referendos o marcos legales, ello no será suficiente de cara a construir y consolidar verdaderos escenarios de posconflicto.

Se va a necesitar de la participación de sectores poderosos de la sociedad civil que de tiempo atrás vienen aportando a la guerra sumas importantes de dinero. Estos mismos patrocinadores de la guerra interna deberán aportar recursos económicos para la paz. Por ejemplo, para aquellas iniciativas de desarrollo rural que se presenten, con el claro propósito de garantizar la viabilidad de las Zonas de Reserva Campesina.

Una vez se definan dichas zonas, los espacios deberán servir para una efectiva y definitiva reinserción de los guerrilleros desmovilizados, así como para otras iniciativas y experiencias productivas (agrarias e industriales) de cara a modificar sustancialmente las condiciones y las circunstancias en las que hoy  opera, subsiste y se da la llamada seguridad alimentaria. Todo lo anterior, bajo consideraciones de sostenibilidad ambiental y social de los proyectos agropecuarios que se echen a andar.

El país del posconflicto deberá, además, revisar a fondo la locomotora minera del gobierno de Santos, para así diseñar proyectos productivos alejados del boom minero que hoy tiene en grave peligro ambiental a zonas frágiles y biodiversas. La necesidad de conseguir recursos económicos para financiar el posconflicto no puede poner en riesgo valiosos ecosistemas naturales de los que dependemos todos los colombianos para sobrevivir (zonas de páramos y subpáramos, por ejemplo).

En la misma dimensión nacional, se requerirá que el Sena, universidades y colegios, públicos y privados acojan a exguerrilleros, adultos y menores de edad, para darles la oportunidad de rehacer sus vidas, al aprender un oficio o estudiar una carrera, caminos posibles para garantizar su reinserción a la sociedad.

Las víctimas de las acciones criminales de los guerrilleros deberán hacer un gran esfuerzo para aceptar que sus verdugos hagan política sin armas, como miembros del Congreso, de Asambleas y Concejos. Igual actitud se espera de aquellos que, no siendo víctimas directas de las Farc, ideológicamente no aceptan su presencia histórica y menos aún consienten imaginar que varios de ellos hagan política o desarrollen actividades agrícolas con el patrocinio de la empresa privada o del Estado.

Se necesitarán políticas públicas para los sectores productivo y agrario, así como para la industria cultural, sobre todo en lo que corresponde al papel de los medios masivos  y de la publicidad en la construcción del posconflicto. Es claro que la producción televisiva (novelas y series, entre otras que se propongan) deben estar pensadas bajo parámetros y criterios que incluyan el respeto al dolor de las víctimas, la reconstrucción sistémica de episodios de la violencia armada y que eviten hacer apología a un grupo armado e, incluso, a la propia violencia estatal.

Este asunto es, quizás, el de mayor importancia pero el de mayor complejidad en su diseño, implementación y respeto. Por ello, se requerirán políticas públicas de comunicación y cultura que promuevan principios y valores que sirvan para que las audiencias entronicen la reconciliación y el perdón, como pilares para avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad y de unas nuevas relaciones. Es decir, avanzar hacia la construcción de una sociedad del posconflicto.

Es posible que el Estado colombiano requiera del apoyo de la banca multilateral para afianzar el posconflicto. Se abre, entonces, la posibilidad de solicitar empréstitos y apoyos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para consolidar los proyectos económicos de un posconflicto cuya implementación muy seguramente será costosa. Para ello será necesario no solo del consenso social y político para hacerlo, sino del efectivo control de organismos como la Procuraduría y la Contraloría, para evitar que dichos recursos económicos se queden en redes clientelares. Allí el reto será para una clase dirigente y empresarial contaminada históricamente por prácticas y actividades clientelares y corruptas.

De esta manera, la construcción de escenarios de posconflicto tiene, en los acuerdos a los que puedan llegar los negociadores, una cuota inicial importante, pero no definitiva. Por el contrario, para la consolidación del posconflicto se necesitará del concurso de una sociedad que de tiempo atrás ha construido relaciones sociales excluyentes, violentas y profundamente estigmatizadoras con aquellos que piensan distinto.

No será fácil lograrlo, pero estamos ante una oportunidad histórica de lograr la paz con los grupos alzados en armas y de avanzar hacia la construcción de un país, de una nación, de unas audiencias y de una opinión pública capaces de convivir en la diferencia, no solo haciendo posible los mandatos consagrados en la Carta Política, sino dando un giro profundo a los golpeados  procesos civilizatorios llevados a cabo hasta el momento.

Lo anterior puede darse al acoger la imperiosa necesidad de hacer una profunda revolución cultural. Hay que desechar ese ethos mafioso con el que actúan políticos, gobernantes, empresarios y ciudadanos, en general. Hay que consolidar una nación bajo la idea de un proyecto incluyente que recoja las experiencias de vida de indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y finalmente, el reto está en aprender a vivir en un país cultural y ambientalmente biodiverso, que requiere con urgencia que se deconstruya el discurso del desarrollo y, por ese camino, repiense las relaciones entre nosotros y el entorno natural.

 

 

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