Las marchas contra la institucionalidad extractiva de la salud

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez

Twitter: @Florohermes

Las marchas médicas, que a muchos sorprende y que disgustan a los beneficiarios del perverso sistema de salud, son la expresión del comienzo de un despertar tardío de los profesionales de la salud ante ese diseño institucional político y económico extractivo que encarece la muerte mientras la acelera de una manera imperceptible y progresiva, que es la Ley 100 de 1993, tal como lo expliqué en mi columna de 8 de diciembre de 2012 en EL PUEBLO titulada “¿Por qué la hecatombe de nuestra salud?”.

De ese comienzo de un despertar tardío dan fe las miles de personas vestidas con batas blancas que han caminado por las calles de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira, en señal de protesta contra el proyecto de Ley 210 de 2013, llamada “reforma a la salud”, pero que no es otra cosa que una simple redefinición, un “todo cambia” que quiere decir seguir igual, pues mantiene el sistema de negocio establecido por la Ley 100, como lo expliqué en mi columna del pasado 6 de abril de 2013.

Esas miles de personas de blanco, convocadas principalmente por los movimientos Por una Salud Digna en Colombia y Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, piden al gobierno nacional retirar el proyecto de reforma a la salud que está haciendo trámite en el Congreso y la construcción de un nuevo modelo que se elabore escuchando a los diferentes actores, lo cual indica que el personal médico está comprendiendo que la Ley 100 de 1993 no es otra cosa que una institucionalidad política y económica extractiva.

La petición de construir un nuevo modelo de salud, que beneficie a los pacientes y a los trabajadores de la salud, significa romper esa institucionalidad que, como lo dice el gobierno nacional en la página 37 de la exposición de motivos, incentiva a “los agentes hacia la extracción de rentas en demérito de los objetivos de salud de la población”.

Sin embargo, no obstante haber reconocido con su firma estampada en el proyecto del texto presentado al Congreso de la República, el señor ministro de Salud y Protección Social Pública, doctor Alejandro Gaviria Uribe, defiende obstinadamente la idea de redefinición que no de reforma; es decir que cuida con extremo celo el diseño institucional político y económico llamado Ley 100 de 1993, el cual permite una distribución estrecha del poder en pocas manos, por una parte, y por la otra, posibilita un enriquecimiento de unos inescrupulosos intermediarios financieros a expensas de todos nosotros.

En conclusión, estamos ante una pelea de boxeo con dos contendientes: en una esquina, los trabajadores de la salud expoliados por el diseño institucional político y económico llamado Ley 100 (quienes sí queremos ganar la batalla debemos sacar los pacientes a las calles); y, en la otra, el gobierno nacional con el exdecano de Economía de la Universidad de los Andes defendiendo unos intereses egoístas contra la idea liberal de asegurar la vida.

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