Los conflictos ambientales que contaminan y secan al Valle del Cauca

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Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, son once conflictos ecológicos y espacios de resistencia que presenta el Valle, los cuales afectan reservas naturales, comunidades afrodescendientes y derechos fundamentales.

Esta obra de $20.000 millones, tendría la capacidad de procesar 4 litros de lixiviados por segundo
Esta obra de $20.000 millones, tendría la capacidad de procesar 4 litros de lixiviados por segundo

Hablar de los conflictos ambientales en el Valle del Cauca no es noticia, pero sí debería de serlo decir que actualmente este departamento ocupa el primer lugar en conflictos ecológicos y espacios de resistencia en Colombia, país que a su vez ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo superado por India.

Esta información ha sido publicada hace unos días en el Atlas Global de Justicia Ambiental y es uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade).

No obstante, según expone el doctor Luis Valdivia Rojas, fundador del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, “uno de los principales problemas que existe es el desconocimiento y el desinterés de la geografía, el territorio y el ecosistema del Valle del Cauca por parte de sus habitantes”.

Por esta razón, hay que conocer que en el Valle del Cauca se manifiestan once de los setenta y siete casos del país, lo cual preocupa en gran medida. Sin embargo, lo que realmente debería alarmar son los tipos de conflictos que se presentan, que afectan reservas naturales, comunidades afrodescendientes y derechos fundamentales como el acceso al agua. De los once casos, tres son de minería ilegal, tres de gestión del agua, tres son conflictos por la tierra, uno de gestión de residuos y el último de infraestructura y medioambiente.

Cerca del 80 % de la minería en el Valle del Cauca corresponde a una extracción de oro a pequeña escala   
Cerca del 80 % de la minería en el Valle del Cauca corresponde a una extracción de oro a pequeña escala

La minería en los ríos Dagua, Guabas y en la quebrada El Chontaduro

Cerca del 80 % de la minería en el Valle del Cauca corresponde a una extracción de oro a pequeña escala; sin embargo, según Oscar Libardo Campo director de la CVC, un gran porcentaje se esta minería se da por personas que cuentan con título inscrito pero que no tiene licencia ni plan de manejo ambiental o que simplemente no cuentan con título minero.

Respecto al caso de la quebrada El Chontaduro en Jamundí, la extracción de oro lleva más de diez años, lo cual ha aumentado el asentamiento de grupos poblacionales que llegan a la zona con el sueño dorado. Por esta razón, según comenta Carlos Augusto Duque, director de gestión ambiental de la CVC,  “se han llevado a cabo operativos por parte de la Policía y la institución con el objetivo de controlar este inconveniente; no obstante, esta problemática es obligación del gobierno municipal de Jamundí”.

Desde años atrás, la CVC le ha pedido a la Alcaldía de Jamundí que se suspenda esta actividad. El argumento es la inexistencia de títulos inscritos ante el Instituto Colombiano de Minería y Geología (Ingeominas) por parte de los pequeños mineros, por medio de los cuales se debe obtener la aprobación de su licencia o el plan de manejo ambiental según corresponda.

El Atlas Global de Justicia Ambiental, uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT
El Atlas Global de Justicia Ambiental, uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT

El caso de río Dagua es aún más complicado. El foco principal se encuentra en Zaragoza, municipio de Buenaventura, donde la extracción del oro a cielo abierto ha contaminando toda el agua que pasa por ahí, específicamente el río Dagua, que recorre la región de la llamada cuenca del Dagua hasta terminar en el océano Pacifico, zona considerada nacional y mundialmente como una de las áreas más importantes de riqueza ambiental y biodiversidad.

Pero este es apenas un inconveniente que ha generado la explotación minera. Según Duque, el problema principal es el desvío del cauce del río y la tala indiscriminada de bosques, que afecta la flora y la fauna del corazón de la selva del Litoral Pacífico. Pero también hay otros problemas, la violencia por parte de grupos ilegales, las enfermedades como la malaria, el alto contenido de mercurio en el agua del río que por su desembocadura en el océano ha tenido incidencia en la piangua.

De igual modo, existe un conflicto ambiental y social en el río Guabas, que se da por la explotación de oro por parte de diferentes actores ilegales y por algunos títulos concedidos por Ingeominas que les brinda cierta legalidad, a pesar de las evidentes consecuencias, sobre todo en aspectos como la contaminación con mercurio y cianuro del agua que sirven para el consumo de los municipios de Ginebra y Guacarí en el centro del Valle del Cauca.

Por esta razón, en 2011 las autoridades del Valle del Cauca hicieron controles ambientales y detectaron altas cantidades de cianuro en el agua y en los peces, por lo que emitió una orden del cierre de por lo menos treinta minas.  Sin embargo, según Duque, “la contaminación no genera problemas de salud en la población porque las trazas de mercurio y cianuro encontradas en el agua son muy bajas y pueden ser removidas en el tratamiento de potabilidad. El problema es que el lugar donde se llevan a cabo las actividades de minería fue reconocido como reserva natural”.

El proyecto del acueducto en Pance fue cancelado, la opción más viable ahora sería el río Timba
El proyecto del acueducto en Pance fue cancelado, la opción más viable ahora sería el río Timba

La falta de agua no afecta solo a municipios pequeños 

El abastecimiento de agua para la zona sur de la capital del Valle es una prioridad, ya que el corredor Cali-Jamundí es una importante zona en expansión. Debido a esto en un inicio se planteó la construcción de un acueducto en el río Pance, proyecto que fue suspendido porque los impactos socioambientales que generaría eran muy elevados y afectarían en forma irreversible el patrimonio recreativo mas importante de los caleños; además, es el ultimo de los siete ríos que le queda a Cali al que se le da este tipo de uso. Los otros seis han sido afectados por la intervención antrópica y por proyectos similares.

Ya que el tema del abastecimiento de agua es algo fundamental, Carlos Augusto Duque, el director de gestión ambiental de la CVC dice que se han planteado varios proyectos para cumplir con esta cuestión: “Hay dos posibilidades, la primera es traer el agua desde la Represa de la Salvajina; sin embargo, por la distancia creemos que no tendría rentabilidad el proyecto. La mejor opción sería un embalse en el río Timba, que cumpliría con los requisitos para brindar el agua a toda esta población del sur de la ciudad”.

El tema de Candelaria es más crítico, ya que desde su fundación este territorio ha contado con una deficiente cobertura de agua potable. Según Duque, se han planteado igualmente dos posibilidades: traer agua desde la planta del municipio de Florida o la extracción de agua subterránea, aunque esta sería la última opción ya que primero se tiene que pensar en aguas superficiales.

Por otra parte, una de las grandes inquietudes, según un comunicado de la CVC, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo la cual no tendría la capacidad para tratar aguas residuales de nuevas áreas de expansión. Esta planta se encuentra actualmente en un 20 % de ejecución y debe ser ejecutada por planes parciales. Entonces, los planes parciales que se desarrollen por ahora podrán conectarse a la PTAR de Cañaveralejo, pero una vez aprobado el POT, desarrollos posteriores no podrán construirse hasta que exista una PTAR al sur, a no ser que los planes parciales incluyan plantas de tratamiento propias.

PanceLa tierra cultivable se acaba 

Como es sabido el monocultivo de caña de azúcar ha sido en los últimos años uno de los principales factores generadores de conflictos por tierra en el departamento, al ocupar más de 223.905 hectáreas, de las cuales el 24 % corresponde a tierras propias de los ingenios, y el restante 76 %, a más de 2.700 cultivadores de caña.

Los problemas se han generado por la compra de predios que estaban destinados para la agricultura; además, los corteros de caña de azúcar han entrado a paro repetidas veces por las precarias condiciones laborales.

“La caña ya me tiene rodeado, no me han dejado camino para salir y me han ofrecido muchas veces que alquile la tierra pero no he querido. Uno está acostumbrado a sembrar y a cultivar y eso es lo que le da para vivir”, comenta Fabio González, quien tiene un finca con cultivo de cítricos en la vía Florida-Puerto Tejada. Según este sexagenario, la gran cantidad de cultivos de caña que circundan a su alrededor están acabando con sus 150 árboles de limón y naranja y con los pocos de mango y mamey que dan los frutos que le lleva a su nieta cada vez que madura uno.

No obstante, este no es el único cultivo de gran escala que se ha apoderado del valle del río Cauca, la siembra de pino y eucalipto en la zona de selva tropical en el Bajo Calima ha generado pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria, erosión del suelo, contaminación del agua superficial, deforestación y la pérdida de la cubierta vegetal. Además, ha propiciado desplazamiento y desempleo de los habitantes de la zona, debido a la compra de tierra de vocación agrícola y ganadera en el municipio de Sevilla, donde el monocultivo de las dos especies mencionadas ha generado la contaminación de los recursos hídricos del municipio, a raíz de la aplicación de agroquímicos que van a parar a los cuerpos de agua.

Debido a esto, el Concejo de Sevilla aprobó en 2004 el Acuerdo 011 de su Plan de Desarrollo, en el cual prohibía la extensión de la siembra de especies tales como pino y eucalipto, con destino a la explotación de la industria maderera, en toda la jurisdicción del municipio de Sevilla. Sin embargo, después de que la administración municipal informó al presidente de la Junta Directiva de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, mediante oficio de septiembre del 2008, sobre el contenido del acuerdo, la empresa hizo caso omiso y continuó imponiendo con las actividades forestales de siembra y resiembra de las especies prohibidas.

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Navarro aún no deja de oler mal

Después de seis años de la clausura del Basuro de Navarro aún no se terminan las obras que permitirían a los habitantes de la zona respirar tranquilos y olvidarse del vecino incómodo. La Planta de Lixiviados de Navarro que se planteó como un proyecto a terminar en enero de este año aún no ha sido entregada.

Esta obra de $20.000 millones tendría la capacidad de procesar 4 litros por segundo y apunta a mejorar las condiciones de los proyectos de urbanísticos que se adelantan en la zona sur oriente de la ciudad.  En el último informe que se hizo en el mes de enero se informó que el avance en ese momento era más del 55 % y que para el mes de agosto se iba a tener totalmente clausurado este botadero.

Otro propuesta del municipio, según informa la CVC, fue nombrar inicialmente el toda el área de régimen diferido en el POT del 2000 conocida como Navarro como suelo de expansión urbana. “Pero teniendo en cuenta que son suelos de protección y patrimonio ambiental, comenta el director de la CVC, antes de declararlos suelos de expansión urbana era preferible dejarlos como suelo rural  con la condición de que en un Plan Zonal de 400 hectáreas se pudieran desarrollar los estudios necesarios para saber si podía habilitarse a futuro como un desarrollo urbanístico”.

Una problemática que parece no acabar, y como muchas de la ciudad y del departamento se ha ido aplazando por años, llevando al olvido, enfermando a las comunidades, contaminando ríos y, por supuesto, generando acciones de resistencia, que en la mayoría de los casos han sido en vano pero que son señales de que las cosas no andan bien.

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