Los focos del desplazamiento urbano en Cali

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Este establecimiento fue destruido porque sus dueños no pagaron las “vacunas”
Este establecimiento fue destruido porque sus dueños no pagaron las “vacunas”

El flagelo del desplazamiento forzado traspasa las fronteras del conflicto armado en el campo y llega a algunos barrios vulnerables de Cali, donde familias enteras son obligadas a irse por grupos al margen de la ley.

Puertas y ventanas encadenadas, casas abandonadas y saqueadas y familias enteras huyendo de la muerte son los síntomas del nuevo flagelo que viven algunos sectores de Cali. Se trata de un tipo de desplazamiento llamado intraurbano, que obliga a las víctimas a salir de sus viviendas por temor a ser asesinadas luego de amenazas y plazos impuestos por grupos al margen de la ley, como pandillas o bandas dedicadas al microtráfico de drogas o a la extorsión y el hurto.

En algunos casos los desplazados huyen porque son extorsionados y no pueden cumplir con las cuotas económicas impuestas por los agresores; en otras ocasiones, las familias simplemente tienen miedo de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento armado. Incluso se conocen testimonios que dan cuenta de delincuentes que exigen que las casas sean desocupadas para utilizarlas como caletas de armas o centro de acopio de drogas.

El foco del problema

Los casos más frecuentes se presentan en los barrios Petecuy y el Vergel y en una invasión conocida como “Cinta larga”, al oriente de la ciudad.

Según Gustavo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Petecuy 1, la Policía ya tiene toda la información y la Sijín adelanta las investigaciones sobre la autoría de este delito. “Uno de los factores que más nos han afectado son las guerras entre bandas de microtráfico”, señala el líder comunitario, quien además resalta que las víctimas de este flagelo deben migrar hacia otros barrios o incluso irse definitivamente a sus lugares de origen, en otras ciudades.

Los enfrentamientos entre pandillas y hasta el racismo regional hacen parte de los motivos que incitan a los violentos a obligar a familias enteras a que abandonen sus casas, pues cuando se conoce que alguna familia viene del Pacífico o de otras regiones costeras de Cauca y Nariño, son obligadas a abandonar el lugar en una oscura estrategia para no poner en peligro el control delictivo de las zonas.

En ese sentido, la Personería de Cali ha detectado que muchos grupos que vienen desde Buenaventura con la intención de delinquir quieren apoderarse de territorios, y como mecanismo de defensa de los grupos ya establecidos, toda persona o familia que apenas llega es sometida a la expulsión del barrio, así se trate de personas que pudieran o no tener intenciones criminales.

Jorge Luis Sterling es un líder comunal que pertenece al comité de seguridad y convivencia de la JAC del barrio El Vergel, otro de los sectores afectados por esta situación. Reporta que en su comunidad el desplazamiento no es por amenazas directas o casos de “vacuna” sino porque a la gente simplemente le da miedo quedar atrapada entre los enfrentamientos a bala entre pandillas, muy comunes en este sector.

“En nuestro barrio estamos trabajando en procesos de convivencia con los pandilleros para integrarlos a actividades que los alejen del entorno violento. Hemos logrado que disminuyan los enfrentamientos y estamos tratando de que estudien para alejarlos totalmente de las calles”, indicó Sterling, quien argumenta que sin embargo cuatro casas siguen actualmente abandonadas por esta situación.

En ese sentido, El Vergel ha recibido el apoyo del Representante a la Cámara Roberto Ortiz, a través de su fundación A lo Bien. Varios grupos de jóvenes de este sector trabajan en pro de solucionar los conflictos y darle un respiro de tranquilidad a esta zona del oriente caleño.

La Personería de Cali ha alertado en varias ocasiones sobre posible desplazamiento masivo en la Comuna 15 como consecuencia de amenazas por control territorial de bandas y pandillas, que básicamente quieren controlar zonas para el tráfico de drogas.

En una visita realizada por la dirección de Derechos Humanos de dicha institución al sector de Brisas de Comuneros, en dicha comuna, para atender  las dificultades del Sisbén, el ente de control evidenció que a pesar de los problemas encontrados con el régimen de salud subsidiado que los afecta,  actualmente la principal problemática de este sector obedece al orden público, pues desde hace quince días aproximadamente les dieron un plazo de veinte días a un número indeterminado de habitantes para que abandonen sus hogares, lo que generaría un desplazamiento intraurbano masivo en la ciudad.

En la mayoría de los casos las casas abandonadas son saqueadas y utilizadas para actos delictivos
En la mayoría de los casos las casas abandonadas son saqueadas y utilizadas para actos delictivos

Esta situación corrobora la información que igualmente la Personería entregó a la Policía Metropolitana, a la Sijín, al Gaula y a la Defensoría del Pueblo. El ente de control solicitó  a las autoridades policivas de la ciudad hacer presencia en el sector y  tomar medidas para controlar el orden en la zona, proteger a las familias que son víctimas de estas amenazas y así evitar que se produzca un desplazamiento masivo.

Según lo manifestado por varias personas que habitan el sector, el plazo inicial se vence esta semana  para cumplir con el desalojo de sus viviendas, situación que los atemoriza y ha generado zozobra entre los pobladores porque las advertencias son de muerte.

Asimismo, la comunidad ha dicho que tienen conocimiento de la existencia de cuatro estructuras de pandillas que operan en este lugar, y que al parecer un grupo proveniente de Buenaventura ha llegado a fortalecerlos, dotándolos de armas de largo alcance y buscando obtener el control de este territorio para el dominio del microtráfico, situación por la que se ha generado la amenaza del desplazamiento masivo, cobros de vacunas y reclutamiento de personas.

Bandas criminales como Los Urabeños utilizan un variado grupo de pandillas para “contratarlas” con el fin de cumplir objetivos específicos, entre los cuales está la distribución de drogas y armas. Para esto se necesitan lugares de acopio, y esta sería otra de las causas de las amenazas pues las casas abandonadas son utilizadas para tal fin, según información de inteligencia de la Policía. Estos sectores y en especial las invasiones son apetecidos por los criminales para sus fines por el difícil acceso que tienen las autoridades para ejercer controles rigurosos.

Según información oficial, durante un recorrido la Personería evidenció que ya hay algunas familias que han abandonado sus hogares por temor a lo que pueda suceder con sus vidas. Sin embargo, se desconoce el número oficial de personas que ya han salido de la zona al igual que el número de casas abandonadas, porque no existe un censo de alguna autoridad oficial que haya podido determinar estas cifras.

Otro de los sectores golpeados por esta situación es nuevamente una invasión conocida con el nombre de “Brisas de Comuneros”, muy cerca del barrio El Vallado, donde cuatro pandillas se pelean por controlar la zona. Aquí han llegado al extremo de poner plazos a través de panfletos con nombres propios para que personas y hasta familias enteras salgan del lugar. Usualmente los plazos son de veinte días.

Según datos del Observatorio Social de Cali, de las ciento tres pandillas identificadas en la ciudad, un alto número de ellas están ubicadas en la Comuna 13, donde se detectaron catorce agrupaciones, dos más que en la Comuna 15 donde se reconocen doce. En conjunto, las comunas 13, 14, 15, pertenecientes al distrito de Aguablanca, tiene en sus límites treinta y tres pandillas identificadas.

Irse o morir parecieran ser las únicas opciones que tienen estas personas; entre tanto, los panfletos siguen apareciendo y cada día los victimarios siguen ganando terreno.

 

Doblemente desplazados

Según información de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali, muchas de las familias expulsadas de los barrios ya eran víctimas de desplazamiento de sus lugares de origen en otras ciudades o sectores rurales debido al conflicto armado. Ahora viene la tarea de detectar si estaban censados y pueden gozar de los beneficios que ofrece el Estado para este sector de la población.

 

Un problema difícil de cuantificar

Según información de la ONG internacional Humanitarian Practice Network, las tendencias de la violencia en Colombia han ido cambiando en la última década, trasladando el conflicto de las zonas rurales a las urbanas.  Independientemente de sus circunstancias y preferencias, se sabe relativamente poco sobre los desplazados internos urbanos, lo que dificulta el trabajo de las organizaciones humanitarias para calcular cuántos son, valorar sus necesidades de asistencia y protección.

 

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