Los pagos fantasmas de las clínicas privadas a los conductores de ambulancias

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Aunque algunos funcionarios reconocen que existen comisiones entre Centros Asistenciales de Salud y ambulancias de la ciudad de Cali, hasta ahora no se ha hecho ninguna denuncia formal por parte de algún afectado y por eso, tal parece, que esta práctica es solo una quimera.

ambulanciasLos problemas que ha denunciado la Personería Municipal de Cali respecto a que se siguen evidenciando los acuerdos irregulares y el pago de aparentes comisiones entre Centros Asistenciales de Salud y ambulancias de la ciudad, es una práctica que se viene presentando desde hace varios años, no solo en Cali y el Valle del Cauca, sino en todo el país.

No obstante, da la impresión que la vigilancia y el control de esta problemática se ha convertido en un dilema administrativo. Y es que existen algunas contradicciones entre la información que se comunica y los registros; además, se presenta lejanía entre los encargados de la inspección, vigilancia y el control de estas entidades prestadoras de servicios de salud y de los conductores de las ambulancias.

Desde que se hizo la denuncia, el personero municipal de Cali, Andrés Santamaría se ha referido a este tema como un problema grave, y lo es, ya que está en juego la salud de las víctimas de accidentes de tránsito, las cuales han ido incrementando en los últimos años, según un informe comparativo de la Secretaría de Tránsito de Cali, pasó de 21.962 en el 2009 a 22.947 en el 2011 y el año pasado superó los 25.000.

Este es un problema que afecta a muchas personas, ya que el SOAT es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas las víctimas que resulten en cada accidente de tránsito. Así que el elemento determinante siempre debería ser la proximidad, porque el traslado extendido puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Sin embargo, asegura Santamaría que “los centros privados de salud pagan para que lleven a sus instalaciones a los pacientes resultantes de estos sucesos y que no es posible que de un accidente en el norte de la ciudad se traslade al paciente al sur”.

“Lo que hay son unos “pactos” de “pagos de propinas” a las ambulancias para que trasladen a los pacientes a uno o dos centros de salud ya conocidos, esto se debe a que está de por medio el SOAT que agiliza y hace los pagos más rápidos a estas entidades”, agrega el funcionario.

“Al lugar reportado con el accidente asisten varias empresas privadas, en una especie de pelea por el accidentado, y son llevados en la gran mayoría de veces, no al centro asistencial más cercano, sino a la Clínica del Rosario y la Clínica Rey David”, según el comunicado de prensa que hizo la Personería el pasado 6 de mayo, el cual hace referencia a algunas entrevistas con el coordinador del Centro Automático de Despacho (CAD), el coordinador del Pool de Ambulancias de la “ESE Centro” y algunos usuarios.

No obstante, según Paola Andrea Zabala, encargada del proceso de atención y derecho a la salud en el Centro de Transparencia de la Personería, las denuncias que están registradas tienen que ver con la negación o cancelación de la atención de salud; los casos de ‘paseo’ que dan las ambulancias se evidenciaron por un recorrido que se hizo en el 2012 en algunas salidas de campo que realizó la entidad, no por alguna denuncia de un ciudadano que permita adelantar un proceso judicial y una posible sanción.

Las notificaciones registradas por el Centro de Transparencia en el año 2013 evidencian lo que dice la funcionaria. Se presentaron siete según el registro de la entidad: tres en la Clínica Nuestra Señora del Rosario, dos en la Clínica Rey David, uno en la Clínica Burgos y el último caso en otra entidad que no aparece referida.

Los tres pacientes que acusaron a la primera entidad presentaron reclamaciones por tres temas diferentes. El primero caso es el un joven de 22 años, el cual no quería ser atendido porque no contaba con el SOAT; el segundo, es la queja del padre de un adulto de 29 años que manifiesta que esta entidad de salud no pretendía realizar una cirugía a su hijo, también por problemas con el SOAT; y la última, se colocó porque un paciente que llevaba ocho meses hospitalizado, estaba esperando un traslado a una clínica de nivel 4, ya que necesita algunos procedimientos especializados.

Respecto a la Clínica Rey David, el primer afectado que hizo la denuncia, es la esposa de un ciudadano que sufrió un grave accidente en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca; aunque el paciente estaba hospitalizado, la mujer recibió una notificación que le informaba que su marido no iba a continuar siendo atendido si no entregaba un documento del vehículo en el que se movilizaba al momento del accidente de tránsito; el segundo, es un habitante también de Trujillo que había dejado de ser atendido por el vencimiento del SOAT.

Los dos reportes restantes se hicieron por situaciones diferentes. El primero porque había un paciente sin acompañante y el segundo porque la Cínica Burgos no quería seguir atendiendo al accidentado porque no contaba con el dinero para subsidiar el tratamiento.

Como se puede advertir las dos clínicas que más se vieron señaladas por estos casos de negligencia son las mencionadas en el comunicado de la Personería y tal parece que se han especializado y tienen la experticia en el recobro del SOAT, independientemente del tiempo que demora del trámite. Sin embargo, respecto a la afirmación de que se maneja algún tipo de “comisión” o pequeño aporte económico para las personas de las ambulancias y por ello la priorización de unos casos frente a otros, es sabido pero no está realmente comprobado.

Esto lo confirmó Diego Germán Calero Llanes, secretario de salud municipal de Cali, quien aseguró que este “no es un tema nuevo, que la entidad lo conoce y que muchas veces se ha preguntado ¿por qué se lleva la mayoría de los pacientes a una u otra clínica? Pero que hasta ahora no se tienen pruebas contundentes que conlleven a una acción punitiva”.

Respecto a qué entidades deben vigilar y tomar medidas para mejorar o acabar con esta práctica que afecta la salud de los caleños, el personero Santamaría afirma que en el caso de las ambulancias quien responsable es la Secretaría de Salud Departamental, encargada de reglamentar y dar los permisos del funcionamiento de las ambulancias en todo el Valle del Cauca. En el caso de los centros prestadores del servicio de salud la entidad encargada es la superintendencia de Salud.

Sin embargo, el secretario Calero dice que “tiene que haber presencia de la autoridad, como la Policía y el Tránsito en la medida de lo posible; además, de todos los órganos de control como la Personería y la Superintendencia de Salud, porque este problema no es solamente de las Secretarías de Salud Municipal y Departamental. A nosotros nos interesa que a los pacientes se les recoja y se los lleve rápidamente a una clínica o a un centro asistencial donde sea atendido oportunamente y se les brinde toda la atención que requiera; esta es la verdadera función de la secretaría de Salud. Pero cuando existen estas supuestas intermediaciones, tenemos que ponernos de acuerdo todas las entidades para reorganizar el tema y orientarlo”.

Para muchos funcionarios, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues hay varias entidades cuyas funciones parecen ser muy marcadas. Por ejemplo, el caso de la Secretaría de Transito, entidad cuyo papel es la gestión del tránsito y el transporte. Sin embargo, afirman que respecto a esta problemática no tienen mucho que ver, ya que ellos lo único que hacen es facilitar la movilidad de estos vehículos y a partir de ahí el que decide a qué centro asistencial traslada a las víctimas es el conductor de la ambulancia.

Por esta razón, el pago de comisiones a los conductores de ambulancias y la negligencia en el servicio de salud en algunas clínicas, son problemáticas a las que se le debería buscar solución de forma integra con la participación de todos los entes de control y vigilancia, así lo aseguró Calero; quien además, dijo que “ha habido reuniones anteriormente con la Secretaría de Salud Departamental y con algunos otros organismos de control, pero no se ha podido llegar a una conclusión y a una medida punitiva que pueda disminuir o erradicar ese comportamiento que es obviamente antiético e ilícito”.

 

 

 

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