Lupa a tierras que explota Aceites Manuelita en Casanare

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Verdadabierta.com en su sección Negocios ilegales investiga cuáles fueron los intereses económicos detrás del conflicto armado en negocios ilícitos como el narcotráfico y la captura de rentas públicas, entre otros. El turno es para el Valle del Cauca con el Grupo Manuelita. EL PUEBLO reproduce la investigación.

El congresista Wilson Arias denunció que algunas tierras que explota esta empresa en Orocué, fueron compradas a testaferros de narcotraficantes. Aceites Manuelita dijo que verificó que  los predios no tuvieran antecedentes de violencia.

Según el congresista Wilson Arias, la empresa Aceites Manuelita S.A. compró varios predios en Orocué, Casanare, en cuya tradición aparecen los nombres de personas investigadas como testaferros de narcotraficantes y paramilitares. Foto archivo Semana
Según el congresista Wilson Arias, la empresa Aceites Manuelita S.A. compró varios predios en Orocué, Casanare, en cuya tradición aparecen los nombres de personas investigadas como testaferros de narcotraficantes y paramilitares. Foto archivo Semana

En el debate sobre predios baldíos realizado el pasado 14 de agosto en el Congreso de la República, las intervenciones se concentraron en denunciar la acumulación indebida de tierras baldías, es decir, en tierras que se supone deben ser explotadas por campesinos, pero que terminaron concentradas en manos de empresarios nacionales y extranjeros.

Lo que no dijeron ni congresistas ni funcionarios de Gobierno es que estas empresas no solo violaron la Ley 160 de 1994, es decir, la ley que impide que las tierras baldías sean acaparadas, sino que los empresarios compraron predios en los que grupos paramilitares habrían asesinado a líderes comunitarios, desplazado a campesinos y habrían instalado bases de entrenamiento donde reclutaron menores y desaparecieron a sus víctimas

Manuelita Por lo menos 17.000 hectáreas que explota en Orocué, Casanare, la firma Aceites Manuelita S.A., empresa que hace parte del Grupo Manuelita –el tradicional ingenio azucarero–, fueron cuestionadas en dicho debate de control político convocado  por el representante a la Cámara Wilson Arias, del Polo Democrático. El congresista advirtió que esta compañía no solo violó la Ley 160 de 1994, sino que compró algunos predios en cuya tradición aparecen los nombres de testaferros de narcotraficantes y jefes paramilitares.

Según Arias, Aceites Manuelita, que explota palma de aceite, compró y acumuló una veintena de predios, la mayoría de origen baldío, que adquirió entre 2007 y 2008 en Orocué, la Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuando el máximo de tierra que puede ser titulado oscila entre 300 y 800 hectáreas. Es decir que Aceites Manuelita excedió 16 veces el tope.

El congresista denunció que el 20 de junio de 2008 la empresa compró los predios San Luis, Las Margaritas, La Esperanza, Paratebueno y Mare Mare a la Agropecuaria La Gloria, que a su vez había recibido estas tierras como un aporte de Gélber Mauricio Oicata Morales. El 9 diciembre de ese año Aceites Manuelita adquirió directamente otras tres fincas, La Carpeta, El Rincón y el Medano, de Óscar de Jesús López Cadavid.

Oicata Morales y López Cadavid fueron luego, en 2010, incluidos en la llamada Lista Clinton. Estados Unidos incluye en esa lista a quienes considera han tenido vínculos con el narcotráfico o han participado en lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. En este caso, las investigaciones en Estados Unidos señalaron que ambos fueron testaferros de los narcotraficantes Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera (capturado en 2012 y extraditado en julio de 2013) y de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo (dado de baja en un operativo de la Policía en diciembre de 2010).

En Justicia y Paz, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, exjefe paramilitar del Bloque Centauros, confesó que El Loco le pagaba cada mes a este grupo $500 millones para que se le permitiera producir cocaína en los Llanos Orientales. Por su parte, alias Cuchillo, quien fue el jefe paramilitar del Frente Héroes del Guaviare –un brazo disidente del Bloque Centauros–, no se desmovilizó y formó un grupo armado llamada Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), que siguió con el negocio del narcotráfico.

Óscar de Jesús López Cadavid, exgobernador del Guaviare (elegido para el periodo 2007-2011), no solo fue incluido en la Lista Clinton. En enero de 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años y medio de prisión por concertar y promover grupos armados ilegales. El máximo organismo de justicia consideró que había suficientes pruebas que demostraban la relación entre el mandatario y el grupo paramilitar de los hermanos Castaño.

Durante el juicio, la Corte mostró que Chatarrito, como le decían al exgobernador en los Llanos Orientales, se había reunido con el jefe paramilitar Vicente Castaño, compró una finca que había sido despojada por las AUC, constituyó una empresa minera de la que luego fue socio Cuchillo y recibió apoyo de los paramilitares para ganar las elecciones.

En el debate, el congresista Arias advirtió que el Gélber Mauricio Oicata Morales no solo aparece en la tradición de varios predios que compró Aceites Manuelita. Él y la empresa Armo Ingeniería Ltda. (que aparece también en la tradición de otras tierras compradas por la agroindustria) celebraron con Aceites Manuelita contratos de servidumbre de riego y paso, es decir, permisos para que la empresa de biodiesel pudiera intervenir terrenos vecinos para facilitar el suministro de agua y la movilidad. Por ello, el congresista infiere que Aceites Manuelita no solo compró tierras que alguna vez fueron de Oicata, sino que este sigue teniendo tierras en el Casanare.

Al finalizar su intervención, el congresista cuestionó públicamente a la empresa sobre si hizo un estudio del pasado de los predios que compró e hizo un llamado para que las agroindustrias apliquen la llamada “debida diligencia”, es decir, que se aseguren de que a la hora de comprar y explotar tierras no generen impactos negativos o vulneren los derechos humanos, según lo sugiere El libro Blanco sobre empresas y derechos humanos, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

También pidió al gobierno y a la justicia investigar a las empresas que además de haber acumulado baldíos, explotan territorios con un pasado violento, como se ha denunciado sobre otros casos como La Fazenda y Poligrow. “El Congreso de la República no puede ser cómplice de este tipo de iniciativas, que en nombre de la productividad y el desarrollo de la altillanura, encubrirían serios delitos e injusticias”, dijo Arias.

VerdadAbierta.com se comunicó con el Grupo Manuelita, y la Coordinación de Comunicaciones envió el 20 de agosto de 2013 un comunicado de prensa en el que indica que la empresa ha actuado de buena fe, cumpliendo con códigos éticos, y que está dispuesta a suministrar toda la información a las autoridades. «Antes de celebrar los contratos de compraventa de tierras, Aceites Manuelita S.A. realizó la debida diligencia para verificar que sobre los predios no existieran antecedentes de violencia o desplazamiento. De igual manera, examinó el historial de los vendedores sin encontrar objeción que pudiera invalidar los contratos a celebrarse», indicó la empresa el comunicado.

 

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