Más ingredientes a la eterna tragedia en Buenaventura

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El Cartel de Sinaloa traslada al Pacífico colombiano no sólo sus negocios sino sus crueles formas de violencia.

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Las conexiones entre las mafias narcotraficantes del Valle del Cauca y los carteles mexicanos son de vieja data. Hace casi quince años comenzaron sus negocios, que se evidenciaron en 2001 luego del decomiso de un cargamento de ocho toneladas de cocaína en las costas mexicanas, provenientes de Buenaventura. Eran las épocas en las que actuaban como socios.

Desde ese entonces hasta hoy la situación ha cambiado. Los capos colombianos han caído en manos de las autoridades nacionales o extranjeras o han optado por someterse a la justicia ante la presión policial. Los hermanos Comba han salido de circulación, así como Don Diego y otros más que negociaban con el Cartel de Sinaloa.

Las mafias mexicanas se han convertido en el entretanto en una especie de multinacional del delito y controlan en buena parte el narcotráfico que opera desde el Pacífico colombiano. La situación está documentada en un estudio adelantado por un grupo de investigación de la Universidad Nacional, que indica que el Cartel de Sinaloa actúa como “un auténtico holding, una multinacional con tentáculos en casi toda Latinoamérica”.

Las bandas criminales que se disputan la zona a sangre y fuego trabajan –todas– con tentáculos de las organizaciones mexicanas, lo que explica la presencia cada vez más notoria de enviados de El Chapo Guzmán en el Pacífico colombiano.

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La semana anterior, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las autoridades militares y policiales documentar la participación de las organizaciones criminales mexicanas en la zona de Tumaco, Nariño. Y aunque dijeron que si bien había muchos rumores al respecto, no se tenía información precisa. Pero lo cierto es que los destinatarios de la orden presidencial sí tienen esa información.

Datos de inteligencia policial tienen totalmente probada la relación de las mafias de los dos países, y en los últimos días han propinado golpes importantes a los enlaces de esas organizaciones. Los informes señalan que el propio sobrino de El Chapo llegó a Colombia para entrar en el negocio de drogas sintéticas, y la Defensoría del Pueblo ha dicho que en el puerto hay mexicanos que controlan directamente el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y México.

La detención de Daniel El Loco Barrera, quien estaba aliado con Los Zetas, pudo haber sido facilitada por El Chapo Guzmán, en su voluntad de controlar el narcotráfico desde Colombia.

Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz publicado en 2011 afirma que las Farc exportan cocaína desde Buenaventura directamente a México y que tienen contactos con el Cartel de Sinaloa. Los vínculos entre las mafias mexicanas y los grupos que operan en el Pacífico vallecaucano fueron confirmados por el ministro de Defensa hace un par de años, luego de que fue abatido Jorge Netfalí Umenza Velasco, más con conocido como Mincho, jefe del frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Él era considerado por las autoridades como el cerebro de las operaciones de narcotráfico que hacía la organización guerrillera hacia México.

Los contenedores con decenas de millones de dólares incautados por las autoridades colombianas en 2009 provenían de México y formaban parte de los negocios entre las organizaciones de los dos países.

Junior.jpEn enero de 2011 la Policía capturó en Cali a Julio Enrique Ayala, El Cóndor, considerado entonces como el principal enlace de El Chapo en Colombia.

El jueves 15 de febrero portavoces policiales de Bogotá informaron que el año pasado la Policía colombiana capturó a Julio Enrique Ayala Muñoz, un hombre cercano al jefe del Cartel de Sinaloa y pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos. El entonces Jefe de la Dijín dijo que Ayala “le reportaba directamente a El Chapo” y que era el dueño de los contenedores incautados con dinero en 2009. Afirmó igualmente que tenía lujosas propiedades en México.

Hace dos semanas la Policía asestó tres  importantes golpes a las organizaciones criminales que operan desde Buenaventura y Cali y que se encuentran relacionadas con los carteles mexicanos. En Bogotá fue capturado alias Junior, Pedro Julio Zamora Caicedo, quien según las autoridades actuaba desde Cali para el Cartel de Sinaloa y enviaba droga en lanchas rápidas desde Buenaventura. Zamora está pedido en extradición por los Estados Unidos, que lo sindica del envío de por lo menos cuatro toneladas de cocaína hacia México.

La creciente presencia mexicana en las actividades delictivas que agobian al Valle del Cauca se ha trasladado también a los métodos violentos que usan  para expandir y encubrir sus crímenes. En el país del norte la población no sale de su asombro por la permanente aparición de decenas de cadáveres desmembrados, localizados por las autoridades días después de que se haya sido denunciada su desaparición. Recientemente en Toluca se encontraron doce cuerpos totalmente destrozados empacados en bolsas.

Las autoridades colombianas consideran que los hechos denunciados por varias personas en Buenaventura, entre ellos el Obispo de esa ciudad, monseñor Héctor Espalza, sobre la existencia de “casas de pique”, así como la aparición de varios cuerpos descuartizados ocurrida a fines del año pasado, están asociados a la ‘importación’ a  Colombia de los métodos del Cartel de Sinaloa. Medicina Legal reportó que en Buenaventura habían sido desmembrados doce cuerpos en 2012, de los cuales uno todavía no ha sido identificado.

La Personería Distrital en el momento no tiene información de carácter oficial ni denuncias hechas por las víctimas sobre las “casas de pique”, mencionadas por monseñor Epalza, obispo de Buenaventura.

No obstante, no desconoce que esta modalidad de desmembrar cuerpos no es nueva en la ciudad, pues en el último año Medicina Legal reportó el arribo de seis cuerpos descuartizados, hallados en zona de baja mar; lo cual nos deja entrever que esta modalidad que utilizaban los paramilitares en el 2000 nuevamente se presenta en la ciudad, esta vez en medio de un conflicto interno en el que dos bandas delincuenciales se disputan el territorio, y la población civil es víctima de las múltiples situaciones.

Los datos de la Personería reportan 75 desapariciones forzadas y más de 1.500 personas desplazadas por los enfrentamientos en la zona urbana de Buenaventura.

El personero Álvaro Martán Abonce ha solicitado a la Policía y a la Fiscalía conformar un grupo especial para la búsqueda de esas posibles casas que dicen haber en la zona insular de la ciudad y le piden a la ciudadanía que brinde información veraz y oportuna que posibilite el accionar de las autoridades ante esta grave violación de los derechos humanos.

La situación, aunque con nuevas modalidades, es antigua. Buenaventura ha vivido muchas crisis humanas como consecuencia de su ubicación estratégica en el Pacífico colombiano y por la consecuente presencia de organizaciones criminales que quieren dominar el corredor para controlar mercados ilegales de drogas, armas y mercancías de contrabando.

Así como son antiguos los hechos, son antiguos los reclamos sobre la inacción estatal y la muy compleja situación social en la que viven los habitantes del puerto.

Recientemente, Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, recordó que en agosto, antes de que ocurrieran las últimas matanzas, él había alertado sobre la situación e incluso había dirigido una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que decía que “en la zona urbana, los integrantes de Los Rastrojos, las Farc y Los Urabeños profieren amenazas contra líderes, lideresas y organizaciones sociales, perpetran homicidios y atentados, establecen normas de convivencia, restringen la movilidad de los pobladores en los barrios, controlan los precios e imponen tributos al comercio legal, cobran extorsiones, controlan el microtráfico y la prostitución, administran las empresas de sicariato y practican la tortura y el degollamiento”. Pero la carta no tuvo respuesta.

Todd Howland, representante de la Alta Consejería para Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas, cuando viajó al puerto con el defensor del Pueblo, en mes anterior, exclamó: “¡Es una vergüenza! Da la impresión de estar en un país distinto, con un nivel de pobreza africano, como el Congo”.

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