Medidas cautelares

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Laura-GilA Colombia no le gustaba el plato de las medidas cautelares, mandó cambiar el menú y tampoco le gustó. Así se describe el último capítulo de Colombia y las medidas cautelares.

Los países del ALBA ambicionan regímenes internacionales a su medida.  Consciente del impacto de un sistema interamericano de derechos humanos cada vez más independiente y liberal, el bloque de izquierda intentó maniatarlo mediante una reforma.  No lo logró del todo.

“En río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el adagio. La derecha, presionada por las decisiones y las condenas de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en algo ayudó.

Los gobiernos de Uribe y Santos aprovecharon para impulsar reclamos en los que coincidieron.  Al fin y al cabo, en materia de derechos humanos, existe mucho más continuidad de lo que se cree.

La Cancillería, siempre mortificada con la inclusión del país en el Capítulo IV, el de las situaciones especiales, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  logró que los criterios fueran modificados. Así consiguió el retiro de Colombia.

Colombia resulta el país con mayor número de solicitudes de medidas cautelares y eso le dio amplia legitimidad para debatir sobre ellas.  En 2011, el Gobierno hizo nueve peticiones de las cuales cuatro fueron consideradas fundamentales.

Insistió en la dificultad de conceder medidas cautelares colectivas como, por ejemplo, a la comunidad de San José de Apartadó o a comunidades indígenas en general.  En consecuencia, pidió “la individualización y determinación de los beneficiarios”.

Preocupado por la prolongación de las medidas cautelares, el Gobierno también exigió incluir la vigencia de las mismas para que, al acercarse la fecha de expiración, ella puedan ser revaluadas.

Asimismo, demandó “establecer criterios para el levantamiento, incluyendo disposiciones específicas sobre las obligaciones que le competen a los peticionarios y a los beneficiarios de las mismas. “

Todas estas pretensiones fueron arropadas en el discurso de “la prevención de los abusos”.  Pero la más importante de ellas consistió en el pedido de “fundamentar clara y suficientemente, las nuevas medidas cautelares de acuerdo con cada situación específica.”

No deben sorprender, entonces, las 11 páginas que los comisionados gastaron en justificar las medidas cautelares para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo que algunos representantes gubernamentales llamaron un “prejuzgamiento”.

En ningún momento, durante más de dos años de discusión de la reforma, Colombia cuestionó la obligatoriedad de las medidas.  Países como Ecuador sí lo hicieron pero no lograron imponer su punto de vista.  No consiguieron el apoyo de Colombia  que había incorporado las medidas cautelares de la Comisión a su ordenamiento interno.

Tampoco Colombia abordó la limitación del alcance de las medidas cautelares a la protección del derecho a la vida e integridad física.

Los argumentos jurídicos del Gobierno esbozados hoy dejan en evidencia su oportunismo político.

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