Medioambiente  e institucionalidad

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 Por Germán Ayala Osorio

Comunicador social y politólogo

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

La institucionalidad recoge los elementos y factores culturales que rodean los ejercicios de la función pública (operación del Estado) y los de la función particular (operación privada de actores de la sociedad civil en el Mercado). Ejercicios estos, cuyos resultados se expresan en condiciones y circunstancias que garantizan, de un lado, la legitimidad del Estado y, del otro, coadyuvan o no a la consolidación de una idea más o menos universal de lo público (lo que nos interesa a todos).

Con un Estado débil y precario como el colombiano, que opera bajo la influencia de un ethos mafioso que disímiles élites de poder, burguesía y el grueso de la sociedad comparten, la institucionalidad deviene igualmente endeble y deleznable por la acción simbólica y práctica de ese ethos mafioso y por supuesto, por el sentido negativo y empobrecido que de lo Público tienen los colombianos, en el momento, por ejemplo, de exigir sus derechos, discutir asuntos de interés general, o reflexionar en torno a otros que comprometen las relaciones entre el Estado y la sociedad.

En particular, la institucionalidad ambiental en Colombia deviene fragmentada, debilitada y hasta capturada por prácticas clientelistas. Baste con mirar cómo vienen operando las CAR, para confirmar que dichas prácticas clientelistas son una realidad.

A pesar de los grandes esfuerzos y avances con la promulgación y aprobación de la Ley 99 de 1993 y la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), es evidente que las instituciones ambientales y la institucionalidad derivada de las acciones y decisiones tomadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos, las adoptadas por las CAR y la ANLA, y las de otras carteras ministeriales, apenas si logran controlar las acciones depredadoras de la minería legal e ilegal,  la propia de los ganaderos, así como las desarrolladas por palmicultores, azucareros y urbanizadores. Todos, de diversas maneras, vienen impactando negativamente territorios biodiversos y ecosistemas frágiles como humedales y zonas de subpáramo y páramo.

Poco se gana en términos de conservación y aprovechamiento racional de ecosistemas naturales, si no existen instituciones ambientales fuertes y comprometidas con el cuidado de zonas de páramo, a donde la minería legal y ilegal insiste en operar, a pesar de las medidas adoptadas recientemente por la Corte Constitucional que prohibió actividades mineras en zonas de páramo, autorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Santos.

La presión política y económica que ejercen actores de la sociedad civil, con la anuencia de las empresas mediáticas, para que se permita, por ejemplo, la exploración y explotación minera en ecosistemas de páramo y para el caso de Bogotá, para que se autorice la intervención con fines urbanizadores de la reserva Thomas van der Hammen, originan una sinuosa institucionalidad ambiental derivada de las problemáticas relaciones que específicos Gobiernos, en nombre del Estado, establecen con sectores de una sociedad civil que poco interés muestran en conservar y mitigar impactos ambientales de actividades antrópicas como la minería y los proyectos urbanísticos que suelen beneficiar a unos pocos.

Por supuesto que la institucionalidad estatal y las institucionalidades privadas derivadas de las acciones de actores de la sociedad civil que interactúan entre sí y con el Estado, son fruto de las correlaciones de fuerza y de los factores de poder que actúan dentro del Estado, fuera de él, o que simplemente hacen viable jurídica y políticamente un orden constitucional e institucional.

Pero así como la institucionalidad estatal como la particular resultan de un trasfondo cultural complejo y determinante, de igual manera guardan estrecha relación con las formas en las que el poder se manifiesta, dispone y determina las relaciones del Estado con una sociedad civil, que para el caso colombiano, exhibe una histórica confusión entre lo público  y lo privado, a lo que se suma una casi nula conciencia ambiental.

Lo anterior ha permitido consolidar actividades para-estatales que van deformando la idea de Estado moderno y sometiendo su funcionamiento a las lógicas de particulares que han logrado penetrar el Estado para cooptarlo y capturarlo, en beneficio de las instituciones privadas, con el consecuente debilitamiento de la institucionalidad estatal y la depredación ambiental.

La operación del Estado colombiano, en las circunstancias descritas, da vida de forma cotidiana a un Estado paralelo, que es maniobrado por grupos de poder, legales e ilegales, que de disímiles maneras debilitan no solo el sentido de lo Público y de lo público-estatal, sino la confianza que los ciudadanos de forma natural depositan en el Estado para sentirse seguros y en espera de que este los guíe moralmente y atienda sus demandas sentidas a través de efectivas, eficaces, eficientes y consensuadas políticas públicas.

Para el caso del derecho a un ambiente sano, consagrado constitucionalmente, es evidente que por encima de las instituciones y la institucionalidad ambientales gravitan poderosos empresarios y agentes de poder de una sociedad civil que solo piensa en depredar y violentar los límites de resiliencia de frágiles ecosistemas. La exploración y explotación de hidrocarburos en zonas de especial valor ambiental y la insistencia del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva van del Hammen, son claras expresiones de una débil y sinuosa institucionalidad ambiental. Mientras ello sucede, el grueso de la sociedad pasa la vida preocupada por satisfacer necesidades básicas, mientras unos pocos depredan ecosistemas y ponen en riesgo la calidad de vida de las futuras generaciones.

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