Medioambiente, movimientos sociales y universidad

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 German-Ayala-OsorioPor Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

 

Colombia es un país biodiverso. Parece que nadie, en sus cabales, discute esa especial condición ambiental. Las zonas protegidas y el Sistema de Parques Nacionales Naturales tratan de aseguran ese lugar que Colombia aún ostenta como país biodiverso. Especies vegetales y animales endémicos alimentan y sostienen en parte ese lugar destacado en materia ambiental. Pero hay amenazas serias que se ciernen sobre esos ecosistemas naturales, frágiles, valiosos y estratégicos, si se miran desde una perspectiva del llamado ecoturismo, para mitigar los efectos del cambio climático y/o por el simple goce estético que nos asegura alzar la mirada y contemplar un humedal, una montaña tupida de un inigualable verde esmeralda y/o las aguas saturadas de oxígeno de ríos que aún bajan limpios y puros de las montañas.

Muchos ecosistemas están hoy afectados en materia grave por cuenta de los desastres provocados por los actores armados, la agroindustria, la ganadería extensiva y la minería legal e ilegal. Pregunto: ¿a quiénes realmente les importa la suerte de ecosistemas naturales, cuando el grito del desarrollo encuentra eco en las débiles instituciones estatales y en la avaricia de quienes dirigen poderosas organizaciones? Creo que a muy pocos.

Las denuncias hechas en los medios masivos y redes sociales por parte de connotados ambientalistas como Manuel Rodríguez Becerra y Julio Carrizosa Umaña, entre otros muy pocos, solo sirven para poner el tema en la empobrecida agenda de los medios masivos. La efervescencia que generan los planteamientos de los ambientalistas, dura poco. Es más, las denuncias de uno de los señalados académicos son recordadas por el reciente rifirrafe que sostuvo el ex ministro Rodríguez con el también columnista, Ramiro Bejarano, que por el trasfondo ético, técnico y científico que contienen dichas denuncias, reparos y observaciones. Todo quedó reducido a una “pelea”.

Es decir, esa discusión no logró trascender. Se quedó en el ámbito cerrado de los columnistas. No logró colarse al grueso de la sociedad. Bien vale la pena preguntarse por qué las denuncias y las alertas que hacen académicos y columnistas no logran inocularse en la vida cotidiana de millones de colombianos.

Daré algunas pistas tendientes a responder el interrogante. En primer lugar, hay que señalar que el conflicto armado interno, la presencia de guerrillas, paramilitares y las prácticas abusivas y autoritarias de varias dependencias del Estado impidieron o afectaron la consolidación de movimientos sociales con vocación política y con particular énfasis en la defensa del medio ambiente. Sin duda hay movilizaciones en contra de proyectos como la represa de El Quimbo, para nombrar solo uno de los proyectos hidroeléctricos que mayor impacto ambiental, social y cultural provocará en la región en donde se desarrollan las obras de ingeniería. Pero el país no se ha volcado a respaldar a los campesinos y ciudadanos en general que vienen protestando por la construcción de la represa. O el caso de la mina de La Colosa, en la zona de Cajamarca, que preocupa a sus habitantes, pero que poco convoca al grueso de los colombianos.

Y no hay movimientos sociales en Colombia no sólo por cuenta de las dinámicas del conflicto armado interno, sino porque no hay partidos políticos que de manera coherente y eficaz luchen por un medio ambiente sano y recojan las causas y las demandas sentidas que dichos movimientos puedan exponer.

Recientemente, el país contó con el movimiento político Oxígeno. Un proyecto político-ambiental que no alcanzó a madurar. Hoy existe el Partido Verde, tímida colectividad que poco ha hecho para erigirse como un referente de lucha ambiental desde el ejercicio de la política. Los dos casos arriba mencionados son claras expresiones de que el discurso ambiental y la defensa del medio ambiente no atraviesan la vida política del país. Dichos movimientos políticos no cuentan con un discurso ambiental sólido y coherente. Vaya contradicción en un país biodiverso. Entonces, la política y su ejercicio público poco o nada han servido para que se legisle a favor de la conservación de valiosos ecosistemas naturales y en franca oposición a las locomotoras minero energética y de desarrollo agroindustrial propuestas por el Gobierno de Santos para “desarrollar” el país.

A lo anterior se suma la falta de una conciencia individual y colectiva alrededor de lo que significa para la vida humana contar con valiosos ecosistemas. No fuimos educados para contemplar y respetar la naturaleza. Tan sólo los pueblos indígenas desarrollaron conciencia ambiental y lograron establecer relaciones inmanentes con la tierra, la naturaleza, las selvas, los bosques y los ríos, entre otros. En menor medida ha sucedido con las comunidades negras. Prosperó una educación más cercana a las prácticas culturales, sociales y ambientales de arrieros, ganaderos, arroceros y azucareros, entre otros sectores y grupos humanos que han acumulado una larga deuda ambiental con el país por los efectos nocivos que dejan sus actividades.

Pero hay un actor político y social que al guardar relativo silencio frente a la catástrofe ambiental que el país viene soportando desde el año 2002, coadyuva en gran medida a que los asuntos ambientales solo convoquen a unos pocos académicos que, convertidos en columnistas, escarban solitarios en una desértica opinión pública y en medio de una especie de unanimismo político e ideológico que subsiste hoy alrededor de una única visión de desarrollo. Hablo de la Universidad, históricamente de espalda a la realidad. Claro que la universidad investiga, pero los efectos sociales, culturales y políticos de dichas investigaciones son casi nulos. Incluso, las universidades ofrecen doctorados con énfasis en asuntos y problemas del medio ambiente, pero es claro que para poco sirven esas tesis doctorales para transformar o modificar lo que sucede con ecosistemas naturales frágiles y estratégicos como los páramos y la altillanura, hoy amenazadas por el “fracking” y la mega y mediana minería, entre otras actividades.

De otro lado, las lógicas, dinámicas y los problemas de urbes como Bogotá, Cali y Medellín, entre otras, hacen que asuntos ambientales geográfica y culturalmente lejanos, poco interés despierte en ciudadanos que están resolviendo el día a día, esto es, enfrentando problemas de movilidad, inseguridad y la búsqueda del sustento.

Y si a lo anterior le sumamos que en las urbes colombianas hay una opinión pública empobrecida e incapaz de discernir sobre asuntos públicos, entonces de manera clara tenemos que los problemas que hoy enfrenta el país por cuenta de la mega y la mediana minería, legal e ilegal, le interesan y le seguirán interesando a unos pocos.

Todo lo anterior se debe entender en el contexto de un Estado débil y precario, penetrado y capturado por mafias clientelares de diverso tipo; y de una sociedad atomizada y poco educada en materia de conservación y respeto por el medio ambiente. Son esas, justamente, las mejores condiciones para que opere una visión de desarrollo extractivo que muy pronto nos llevará a todos a vivir episodios como los que se exhiben en la película Avatar. Llegado ese momento, ojalá no sea demasiado tarde para reaccionar.

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