Mejor un mal arreglo que un buen pleito

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Por Camila Zuluaga

@zuluagacamila

 

Caducar la obra del túnel de la Línea fue la decisión que tomó el Invias esta semana debido a los múltiples inconvenientes e incumplimientos tan sonados que ha tenido la ejecución de la misma por parte del  consorcio Segundo Centenario del que hace parte el  conocido constructor  Carlos Collins. La pregunta que surge en medo de irresponsabilidades y descaros del contratista, como de reacción tardía de las autoridades, es si la mejor salida para el Estado colombiano es caducar la obra.

Decretar la caducidad de un  contrato implica que se deben hacer efectivas las pólizas que se exigen en cada licitación para respaldar a cada uno de los consorcios constructores,  también hace que a las empresas a las que se les caduca queden inhabilitadas para contratar con el Estado durante los próximos cinco años y si estas mismas tienen otras obras en ejecución en el territorio nacional  deben ser cedidas. Es decir la caducidad es la manera en que se puede castigar de la manera más severa a quienes incumplan con lo prometido en sus contratos.

Lo que sucede es que si bien este castigo severo da muerte comercial al consorcio, también es un suicidio para la nación; y esto lo digo por varias razones: 1. El Estado está obligado a abrir licitación nuevamente, lo que toma de 4 a 6 meses, dejando todas las obras paralizadas. 2. La nación se somete a demandas por parte del caducado, quien tiene posibilidad de ganar y entonces nos podríamos vernos sometidos a pagar una indemnización a quien se decidió quitarle el contrato. Todo lo anterior implica pérdida de tiempo, dinero y competitividad que sale del bolsillo de cada uno de nosotros los ciudadanos  que tributamos cada año.

Lo que rodea este proceso de la Línea es bastante oscuro y deja muchos sinsabores en el ambiente. Primero porque sí es cierto que el señor Collins ha sido bastante incumplido, ya la contraloría generó un informe al respecto. Sin embargo hoy hay una investigación en la fiscalía a funcionarios del ente de control, debido a que el señor Collins ha dicho que lo estaban extorsionando para que no se actuara en su contra. Adicional a eso también denunció que el vicepresidente Germán Vargas amenazó a su nieto en el restaurante Matisse de Bogotá el día de la segunda vuelta presidencial, de que le quitaría la obra. ¿Cómo sin haber estudiado el caso ya podía el vicepresidente anunciar semejante decisión? Por último, de las quejas que ha presentado el señor Collins, está la de que el vicepresidente junto con el gobernador de Cundinamarca y el conocido constructor Mario Huertas no están interesados en que él termine la obra, y una demostración de ellos es que a la vía Mosquera-Anapoima sí le dieron nuevos recursos, sin ser una obra necesaria, y a la del Túnel de la Línea no le han querido desembolsar lo que él ha pedido.

Al final de todo, no puede el señor Collins negar que se equivocó, que ha incumplido, que ha sido un mal contratista y que han sido muchas sus irresponsabilidades puesto que le han desembolsado el 90% de los recursos y la obra no va ni a la mitad. Pero tampoco podrá negar el señor vicepresidente que hay obras en similares condiciones y ni siquiera ha habido asomo de amenaza para su caducidad; ejemplo, la vía Tunja-Briceño-Sogamoso en manos de los hermanos Solarte.

En su afán mediático y electoral el vicepresidente necesita dar de que hablar, mostrarse como un súper trabajador y entregar obras a diestra y siniestra lo más rápido posible para asegurar su presidencia en el 2018.

En medio de esas dos realidades, de un contratista incumplido y un político afanado estamos los colombianos, que ante cualquier escenario salimos perdiendo, porque ambos representan una perdida en dinero y tiempo, sin embargo creo que en esta oportunidad cabe el adagio popular que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito y no se debería caducar.

 

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