Menores bajo fuego en Cali

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La Personería volvió a prender las alarmas sobre la situación de miles de jóvenes que están en riesgo en la ciudad porque están en medio de la violencia.

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Aunque hay diferencias entre los datos que suministran las distintas autoridades, en Cali fueron asesinados más de 20 menores de edad en el primer mes de 2013 (Medicina Legal reporta 23). Aunque la cifra es alarmante,  el año pasado hubo varios meses en los que la cantidad de muertes violentas superó o estuvo cerca de ese número. En 2012 hubo 147 menores asesinados, una cifra parecida a la que se ha registrado en los últimos diez años.

La Personería, que documentó solo la mitad de los casos, encontró que el 40 % de estos homicidios está relacionado con actos delictivos de pandillas, ocurridos en los barrios el Paraíso, Mojica, Tierra Blanca y Siloé, zonas de oriente y ladera; otro 40 % está asociado a riñas entre los menores, y el otro 20 % se relaciona con venganzas personales.

El informe también señala que el 80 % de los homicidios fue con arma de fuego, y el 20 % restante con arma blanca. En todos los eventos homicidas, la víctima fue un menor de sexo masculino entre los 15 y los 17 años.

Tiempo atrás la Alcaldía reaccionó con medidas coyunturales: más policías y  restricciones a la movilidad de los menores en determinados horarios. Si bien de cuando en cuando se anuncian y se ejecutan programas “preventivos” o “sociales” con los que se pretende afrontar los factores de riesgo de ser víctimas o victimarios de violencia a los que se encuentran expuestos miles de jóvenes, nada parece producir resultados.

El Centro de Formación del Valle del Lili, para los menores infractores, no da abasto y sus condiciones de seguridad son precarias. Permanentemente hay fugas y amotinamientos, y muchos atribuyen las manifestaciones de violencia de menores a las deficiencias de esa institución y reclaman más severidad en el castigo. Lo verdaderamente preocupante es que las políticas que se adoptan son las mismas de hace décadas y como consecuencia de ello los resultados son los mismos.

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Mientras tanto, los diferentes estudios que se han realizado sobre los fenómenos de creciente violencia en Cali demuestran que cada vez más temprano un mayor número de jóvenes se enrolan en pandillas, que están asociadas a bandas criminales dedicadas al negocio del narcotráfico. Tanto el trabajo de la Fundación Ideas para la Paz como el de la Personería de Cali documentan el incremento del número de pandillas.

Según los datos de la Personería, en veinte años en Cali el número de pandillas aumentó en un 1.300  %: de diez pandillas reconocidas en el año de 1992 se pasó a 134 pandillas en septiembre de 2012. Es decir que cada año se forman en la ciudad un promedio de 6.7 pandillas. De seguir esta tendencia, para el año 2022 en la ciudad habría aproximadamente un total de 201 pandillas, es decir, una pandilla por cada 124.000 habitantes.

En estas semana en el barrio El Vergel se produjo un fenómeno de desplazamiento por cuenta de los enfrentamientos entre dos de estas pandillas, Los calvos y los de La tatabra. El testimonio de los funcionarios que llegaron al lugar revela que niños de aproximadamente diez años portan armas de fuego.

La mayoría de los hechos de violencia en esa zona de Cali los protagonizan menores de edad. El fenómeno produce graves situaciones que ponen en peligro a otros menores, los más pequeños, tal fue el caso de una niña que esta semana resultó herida tras un cruce de disparos entre miembros de pandillas. Familias enteras han abandonado sus lugares de residencia y niños, jóvenes y mujeres embarazadas se han visto obligados a hacinarse en lugares insalubres.

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Las autoridades intentan entablar un proceso de diálogo con los miembros de estos grupos para sacarlos de las pandillas, pero los resultados han sido infructuosos. Las actividades culturales y deportivas que se programan no son efectivas y la mayoría de ellos reclaman oportunidades laborales.

La Alcaldía ha puesto en marcha un programa en las comunas 13, 14 y 16, con el que espera trabajar con 400 jóvenes que se encuentran en situación de riesgo.

Juan Carlos Quintero, director de Derechos Humanos de la Personería, ha liderado un proceso de acercamiento con los líderes de Los Calvos, El Caguán, Los Indios y Los Lecheros, pero reconoce los riesgos que este tipo de actividades genera por la reacción que puedan tener aquellos grupos que no estén participando en el proceso.

Las intervenciones que se han hecho demuestran que casi todos están por fuera del sistema escolar. Ahí parece estar una clave del problema. Las cifras oficiales de tasa de deserción educativa muestran que esta ha venido creciendo en los últimos cinco años: de 4.1 % en 2008 pasó a 5.4 % hoy en día. Se estima que el 30 % de los jóvenes mayores de quince años no están en el sistema escolar y ese fenómeno se concentra en los estratos socioeconómicos más bajos, justo en los lugares donde hay mayor concentración de pandillas. Este año más de 300 menores no regresaron al sistema educativo público en Cali.

Estudios recientes de la Secretaría de Planeación Municipal mostraron cómo en solo cinco de los sectores más pobres de Cali hay más de 1.300 menores que no asisten a la escuela. La inasistencia escolar se concentra en las zonas del oriente de la ciudad y de ladera. En los estratos socioeconómicos más bajos el número de años de educación promedio es de 9,3 años, mientras que en la zona occidental sur es de 12 años.

Las evidencias demuestran que, después del entorno familiar, el mayor factor de protección de los jóvenes es el sistema educativo. La mayoría de los miembros de las pandillas están en los cuatro factores de riesgo que los estudios internacionales asocian con la delincuencia juvenil: la inasistencia escolar, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y otras drogas y la tenencia de armas.

Expertos consultados por EL PUEBLO señalaron que se hace necesario construir una red protectora que impida que los jóvenes permanezcan en esas circunstancias de riesgo y que ello se debe hacer con base en equipos transdisciplinarios que trabajen con las familias para fortalecerlas, como se ha hecho en un programa piloto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrollado en Bogotá.

En Cali, el secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, quien próximamente renunciará para postularse al Congreso de la República, anuncia medidas reactivas como el toque de queda o incluso los “programas sociales”, pero solo cuando ya la situación es irreversible, y sin la continuidad y el profesionalismo necesarios.

El gobierno local ha sido débil en el tratamiento del tema, incluso logros de gestión como la existencia de un detallado observatorio que daba cuenta actualizada de los fenómenos se ha perdido y –a diferencia de los ocurrido en Bogotá– no ha sido posible que las autoridades militares decreten la prohibición permanente del porte de armas,  a pesar de todas las evidencias que muestran su incidencia en los hechos de violencia de la ciudad.

Andrés Santamaría, personero de Cali y quien desde el cargo de defensor regional del pueblo, que ostentó hasta hace unos años, ha hecho investigaciones que le permiten afirmar que es necesario cambiar radicalmente el modelo de intervención. “Lo que se hace no ha servido”, dice enfáticamente y hace un llamado a la Alcaldía a emprender acciones más efectivas.

Las cifras son crecientes y la situación, alarmante. Bien merecerían un trabajo conjunto entre diversos sectores de la sociedad y las autoridades caleñas, que vienen realizando actividades desarticuladas e infortunadamente poco efectivas.

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