Mi celular y las ías…

0

leo quinteroPor Leo Quintero

 

La institución de representación popular más antigua es la Personería, cuyos primeros delegados de la corona española llegaron casi junto a Cristóbal Colón. En América la institución operó casi que paralela a la vida municipal. Es más, hasta la reforma constitucional de 1967, la llamada Ley Lleras, la Personería era el órgano vocero del Estado local y su titular el representante legal del municipio.

Pero los tiempos cambiaron. En la Constitución de 1991 se crearon otros órganos de control, una representación ciudadana para la defensa de la comunidad: la Defensoría del Pueblo, de cuya eficacia en las regiones todos tienen sabidas razones.

Las contralorías son órganos no tan nuevos e inmaduros como la Defensoría del Pueblo, ni tan antiguos como la Personería. En la Constitución de 1991, pasó de ser solo el órgano de auditoría fiscal a contar con la vocería de y para la comunidad y en temas ambientales.

Asuntos para los cuales, realmente,  la labor de estos órganos ha sido más que opaca.

A ellos se suman las regionales del Ministerio Público, o sea las oficinas creadas en imitación del ombudsman que operó en las naciones nórdicas, cuya respuesta hizo de esas sociedades las más avanzadas del mundo occidental. Y son cuatro, dos locales y dos nacionales, que guardaron silencio y han guardado silencio frente a lo que sucede con operadores de telefonía celular, como sucedió este martes pasado en la ciudad, donde Movistar virtualmente dejó a sus miles de usuarios sin el servicio o con una atención intermitente durante más de 12 horas en muchos casos y durante mucho más tiempo en otros.

Ningún pronunciamiento durante la jornada, mientras miles de personas esperaban que alguna autoridad les respondiera. Lo que es peor: no hubo vocería de la Superintendencia de Industria y Comercio, eje de control de estas empresas multinacionales, cuya crisis ha sido evidenciada con quejas constantes del propio presidente Juan Manuel Santos. A ello se suma un asunto más preocupante: no hay asociaciones de usuarios de telefonía  celular  reconocidas, no hay voceros identificados, no hay presencia organizada de la comunidad para exigir y obtener respuesta de los operadores de telefonía celular en las regiones.

Los llamados vocales de control  se concentraron en las últimas semanas en una demostración de sus labores en procura de llegar a uno de los tres escaños de la Junta Directiva de Emcali, conformada por el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco. No hay, visibles para el ciudadano de a pie, al menos no se conocen quiénes son los vocales inscritos ante esas empresas de telefonía celular, que por más que sean privadas prestan un servicio público para millones de consumidores. En Colombia hoy en día hay más teléfonos celulares que habitantes.

Aunque después de este apagón celular que ha padecido Cali –donde,  por su origen, Movistar tiene la mayor parte de la torta de la comunicación portable–, en miles de hogares han agradecido lo ocurrido: los hijos no estuvieron chateando durante todo el día, sin dialogar con las familias; en los restaurantes al mediodía no se observó a comenzales ensimismados en la pantalla de su teléfono inteligente; en las casas  todos acudieron a buscar información por otros medios diferentes a la telefonía celular.

La gran ganadora de esta jornada fue Emcali, cuyo tránsito de llamadas fijas creció. Los caleños redescubrieron que el sistema de telefonía fija sigue operando, que es de buena calidad y que, en muchas ocasiones, tiene mejor sonido y la oreja no se calienta al dialogar por más de veinte minutos con quien está al otro lado de la línea.

Por ahora, además de Movistar, cuyas respuestas han creado más confusión  que claridad, las perdedoras son las ías, cuyo papel en el momento de la emergencia quedó  al margen, sin vocería ni respuesta para los ciudadanos que esperan que el estado tenga controles sobre los inversionistas privados que prestan servicios al público.

Comments are closed.