Minería, baldíos y posconflicto

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German-Ayala-OsorioEl fin del conflicto armado interno es una condición apenas lógica para empezar a vislumbrar escenarios de posconflicto. Para ello se requiere que en Colombia se den cambios y se generen especiales condiciones que permitan repensar las formas tradicionales en las que viene operando el orden social y político.  Y repensar, el sentido de lo público.

Si bien el posconflicto demanda acciones concretas de reconstrucción física, social, económica y política de todo aquello que por las  dinámicas del conflicto armado resultó afectado, hay elementos y variables que resultan sustanciales y definitivas a la hora de pensar, diseñar e implementar escenarios de posconflicto.

Es claro que el país no puede pensar y avanzar en el diseño de estadios de posconflicto sin sentar las bases para un urgente y necesario cambio cultural. Cambio cultural que atraviesa las formas a través de las cuales resolvemos los conflictos y las diferencias. Respetar la opinión del Otro, al diferente y sobre todo las reglas y las normas establecidas, sigue siendo una tarea pendiente para los colombianos, en especial para aquellos grupos de interés que desde privilegiados cargos y lugares sociales, usan el ordenamiento jurídico, la incapacidad de los organismos de control y la debilidad de la justicia, para aumentar su poder  político y económico. De esta manera, aquellos grupos (élite política y empresarial) se convierten en negativos referentes para unas mayorías que exhiben débiles e incompletos procesos civilizatorios.

Hoy por hoy se vienen sumando a ese complejo contexto socio cultural, otras variables que hacen aún más complejo pensar en poner en marcha esos exigentes estadios de posconflicto. A la debilidad del Estado, a su baja referencialidad como orden moral y guía de la sociedad frente a cómo entender los asuntos públicos, se suman hoy circunstancias contextuales que tienen que ver con el modelo de desarrollo que desde 2002 se viene agenciando desde el Estado central. Un modelo que niega la inmanencia con la que, por ejemplo, los  indígenas establecen relaciones con la Madre naturaleza.

Y esas circunstancias se concentran en la actividad minera que ha desbordado las instituciones estatales, debilitadas por decisiones políticas y administrativas que comprometen a los gobiernos de Uribe Vélez y Santos Calderón, en el contexto de un doble Estado (The Limits of Legitimacy, de Alan Wolfe) que facilita las acciones depredadoras de actores legales e ilegales que vienen explotando oro, carbón y otros minerales en zonas biodiversas en donde hay ecosistemas frágiles y verdaderas “fábricas” naturales de agua. Y por supuesto, comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, cuyos proyectos de vida vienen siendo afectados de manera considerable.

La actividad minera, entonces, deviene en un fuerte obstáculo para asegurar estadios reales y viables  de posconflicto, en la medida en que desde el 2002  la gestión ambiental de las autoridades ambientales está negativamente comprometida, hasta el punto de que hoy están en grave riesgo valiosos ecosistemas naturales (cuencas, bosques y páramos).

Mientras el país es despedazado por la mega y mediana minería, con la anuencia y en muchas ocasiones en contubernio con autoridades ambientales locales, regionales y nacionales, el gobierno de Santos anuncia que el posconflicto será financiado por la locomotora minera. Hace poco un diario regional tituló e informó así una nota al respecto: “Alemania otorga crédito por US$100 millones a Colombia para posconflicto. El crédito estará enfocado en temas como prevención, protección, asistencia y reparación integral de víctimas; procesos de desmovilización y reintegración y desarrollo rural y agropecuario”.

Pero los problemas para pensar el posconflicto no paran allí. A la depredadora minería que deambula por el territorio colombiano se suman acciones de concentración de la tierra, emprendidas por empresarios, firmas extranjeras y poderosas familias que de manera irregular se apropiaron de baldíos, según un informe de la Contraloría General de la República. Los casos de apropiación indebida de baldíos aparecen en el Informe  publicado por dicho organismo de control, titulado Acumulación irregular de predios Baldíos en la Altillanura Colombiana. El Informe se publicó sin fecha, pero se concibió durante la gestión de la Contralora Sandra Morelli Rico.

En otros apartes de dicho documento se lee que “… se logró evidenciar la adjudicación irregular de tres predios en el departamento del Vichada por parte del Incora en el año d e1996 y su posterior acumulación por parte de cuatro empresas. Este caso se relaciona con primos del hoy Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia”.

En el mismo Informe de la Contraloría se hace referencia a los casos en los que están comprometidas firmas como Grupo Mónica de Colombia S.A.S, Multinacional Cargill, Rio Paila Castilla S. A y la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros casos.

De esta manera, los escenarios de posconflicto que se vayan a diseñar e implementar en Colombia tienen desde ya fuertes obstáculos que impedirán, muy seguramente, consolidar la paz y la convivencia dado que tanto la minería, como los proyectos agroindustriales (siembra de palma africana, por ejemplo), desde ya comprometen seriamente la sustentabilidad del modelo de desarrollo, al tiempo que complican la seguridad alimentaria de un país que en otrora fue una despensa agrícola.

El Gobierno de Santos  y la opinión pública hablan de estadios de posconflicto sin tener en cuenta que los recursos económicos (regalías) que genera la mega minería, no alcanzan hoy, ni alcanzarán mañana, a compensar los daños socio ambientales que dicha actividad produce.

Por Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

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