Minería ilegal e indígenas

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alvaro guzmanÁlvaro Guzmán B
Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER. Universidad Autónoma de Occidente

El titular y la foto de la primera página de la edición de El Tiempo del viernes 4 de abril son dicientes sobre una situación que la opinión pública no puede dejar pasar: “Indígenas frenan minería ilegal en su territorio”. Se aclara adicionalmente que “durante poco más de ocho horas, 1.500 indígenas de tres resguardos de Caloto, en el Norte del Cauca, realizaron una jornada para presionar la salida de retroexcavadoras que explotan ilegalmente oro en la cuenca del río Palo”. Efectivamente, seis de diez retroexcavadoras fueron desalojadas.

Una situación similar de explotación ilegal de minería se vive en otros municipios del Norte del Cauca, para no extendernos al conjunto del país, con casos tan dramáticos como los del Chocó, recientemente denunciados por un noticiero de televisión. Algunas personas conocedoras de la situación del norte del Cauca comentan en distintas tertulias que incluso las autoridades locales están comprometidas con este tipo de situaciones y sacan provecho de las mismas.

Hay varios interrogantes por resolver ante esta situación tan inquietante de la explotación minera y al mismo tiempo hay otros puntos para destacar, así como hay que aplaudir la movilización de los indígenas.

Se requiere saber, en primer lugar, quiénes están detrás de la explotación ilegal del oro, y la consecuente afectación de las cuencas de importantes ríos. Como es usual en Colombia, la sindicación de responsabilidades va de un lado para otro: que es la guerrilla, que son las bandas criminales con orígenes en el narcotráfico, que son empresarios particulares, que son habitantes de la zona, incluso comunidades afro, en este caso por la pertenencia de los operadores de maquinaria, o que hay políticos, inclusive, gobernantes comprometidos. Cualquiera de estas alternativas, o combinaciones entre ellas, es posible. Lo que es aterrador es que nadie se atreva a afirmar con certeza, y menos las autoridades, quién está detrás de tal atentado a la naturaleza y a la sociedad.

En segundo lugar, se debe destacar la convivencia que se da entre esta actividad minera y de depredación de los recursos naturales y las autoridades civiles y militares, locales y nacionales. ¿Cómo es posible que las autoridades no se den por enteradas e intervengan? ¿Cómo es posible que las Fuerzas de Policía y Militares no controlen el territorio y no intervengan en nombre del interés de la población y de la Nación? Más aún, ¿cómo es posible que se afirme que distintas autoridades están comprometidas con la actividad ilícita y sacan provecho de la misma?

Sería importante que desde el Estado central se adelantara un estimativo de los daños ambientales en los que se ha incurrido; y, por una vez, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría actúen mancomunadamente para que esta situación no tome ventaja, continúe y se extienda por el territorio nacional. Sin embargo, por lo general, su acción no llega o es lenta ante la magnitud e impacto del problema. La impunidad es la que predomina. Esto nos remite a otro aspecto de la noticia: el papel de los indígenas.

Organizados en resguardos y cabildos, con una fuerza de seguridad desarmada, la Guardia Indígena, cerca de 1.500 miembros de tres resguardos de Caloto se manifiestan y sacan las dragas que estaban trabajando en los lechos del río Palo. A falta de presencia y de acción estatal, son los indígenas organizados que se hacen valer, de manera no violenta, seguramente con el interés propio que los liga con la tierra en la zona de ladera del río Palo, pero indudablemente defendiendo un interés colectivo más general, que implica a toda la población, incluso las actividades de industria y comercio que se sirven de las aguas del río Palo, en la parte plana del valle.

Bien leído este hecho, muestra varios elementos de modernidad implícitos en la movilización indígena y traza un sendero por el que seguramente tendremos que hacer un recorrido los colombianos en el próximo futuro. Un sendero de respeto por la naturaleza, de participación en una sociedad pluralista, con distintas bases étnicas y de clase, con mayor presencia efectiva de un Estado del Bienestar, en el que también se reconoce el papel, moderno, de las mejores instituciones tradicionales indígenas.

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