Minería ilegal y conflicto armado, problemas que siguen aquejando a la población afro

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Según el nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD, las comunidades afrodescendientes siguen padeciendo de exclusión social y territorial por factores como la minería ilegal, el conflicto armado y la ganadería extensiva.

Las comunidades afrodescendientes siguen siendo la población que sufre en mayor cantidad de condiciones sociales desiguales por responsabilidad del Estado

El informe concluye que Chocó y la Costa Pacífica son los lugares donde más se presentan las desventajas sociales de estas comunidades, pese a la riqueza que presentan estas zonas en cuanto a metales preciosos y diversidad de alimentos por su cercanía al mar.

En cuanto a la minería, pobladores tradicionales de la Costa Pacífica, especialmente en Buenaventura, han sido también pequeños mineros que han visto afectada su actividad por la llegada de grandes compañías multinacionales para la explotación de sus minas y, en el peor de los casos, ha sido la minería ilegal con su maquinaria la culpable del destierro laboral a quienes tradicionalmente habían buscado sustento en esos lugares.

Aquí interviene mucho el conflicto armado también, pues además de su actividad narcotraficante, los grupos guerrilleros y armados han comenzado a interesarse por la explotación del oro en varias partes del país, lo que aumenta la brecha en disputa y obliga a los pobladores afro a ser desplazados ante la llegada de estos grupos a zonas de influencia minera.

Las cifras son contundentes, de 4’311.757 afros que informa el DANE, tiene Colombia, 286.835 fueron desplazados entre 1997 y 2009, lo que equivale al 8,4% del total de población nacional, pero no es solo eso, cerca de 162 títulos colectivos de tierras también fueron entregados a comunidades afro entre 1996 y 2007, que al parecer han ido perdiendo sus dueños por las situaciones del conflicto armado interno, que genera desplazamiento.

Sin embargo, acota el informe, la vulneración a los derechos de las comunidades afrodescendientes no es algo exclusivo de las actividades ilegales, pues dentro de proyectos legales tampoco son tenidos en cuenta, para los temas de ganadería extensiva y la siembra de palma de cera.

Estas comunidades, además, no han logrado fortalecer sus agremiaciones y organizaciones sociales, lo que también los ha puesto en desventaja frente a las políticas de Estado, según concluye el PNUD en el informe nacional que hoy entrega.

La lucha ahora está en el vasto reconocimiento que pueda conceder el Estado a dichas comunidades del pacífico y Chocó, Buenaventura y Quibdó, para la garantía estatal de su seguridad y bienestar en las tierras que por siempre han sido de herencia afrodescendiente.

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