Minería, periodismo y campaña presidencial

0

German-Ayala-OsorioPor: Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

En medio de escándalos avanza la campaña presidencial en Colombia. Sin la discusión pública de propuestas y planes de gobierno, el ambiente electoral da cuenta de un ethos mafioso que se entronizó en la vida política de un Estado y de una sociedad que se sostienen sin referentes de civilidad y orden. No hay propuestas de cambios sustanciales. Los candidatos a la presidencia parecieran reconocer que poco o nada se puede hacer para cambiar el rumbo de Colombia.

Como en La Habana, el modelo económico no se discute en la campaña hacia la presidencia. Eso parece que lo aceptaron los aspirantes a ocupar el Solio de Bolívar. Y menos aún está en discusión la extracción legal e ilegal de minerales, a pesar de los daños sociales y ambientales que viene dejando, y que comprometen seriamente las políticas ambientales de los gobiernos de Uribe y de Santos.

Mientras llega la hora de votar, la sociedad colombiana asiste a espectáculos mediáticos de vida y muerte, de eros y tanatos. La vida brota en salas de neonatos y en las selvas que aún se mantienen en pie, a pesar de un desaforado desarrollo extractivo. Eso sí, la muerte aparece con mayor fuerza y contundencia en ecosistemas naturales cercanos a centros urbanos como Cali.

El reciente desastre socio ambiental en una mina ilegal en zona rural de Santander de Quilichao es claro ejemplo del avance sin límites de la explotación aurífera hacia las goteras de ciudades capitales. Ya no se trata exclusivamente de grandes y medianas minas a cielo abierto, instaladas en territorios selváticos, muy lejos de centros urbanos. No.

La minería acecha a las ciudades cada vez con más fuerza, ante la anuencia de las autoridades ambientales que exhiben su histórica debilidad para controlar, requerir y enfrentar a empresas privadas y a grupos de narcotraficantes que están detrás de minas como las que proliferan en los departamentos de Valle y Cauca, en particular la mina de la vereda San Antonio, en Santander de Quilichao, que  contamina las aguas del río Quinamayó. Hay que recordar que éste es tributario del río Cauca, que atraviesa la ciudad de Cali.

Eso sí, no podemos olvidar los desastres socios ambientales dejados por la extensa e intensa explotación de oro en el cauce del río Dagua, en la zona de Zaragoza en la vía Cali- Buenaventura y las minas que muy seguramente aún se mantienen dentro del parque nacional los Farallones de Cali.

Sin duda, la biodiversidad está en riesgo y ello parece importarle tan sólo a unos cuantos expertos y amantes de la naturaleza. También está en riesgo la salud de millones de habitantes concentrados en urbes como Cali, que posiblemente estén consumiendo aguas contaminadas por mercurio y cianuro de ríos que proveen el vital líquido. Mientras los desastres ambientales avanzan, las autoridades, locales y nacionales, guardan silencio.

Lo cierto es, que el país no discute con seriedad los problemas que viene dejando a su paso la locomotora minero-energética de Santos. La academia guarda silencio. El periodismo se concentra en los escándalos de la política doméstica y en la proximidad del Mundial de Fútbol a realizarse en Brasil. Las autoridades poco o nada pueden hacer ante el poder mafioso que está detrás de la minería ilegal y menos aún pueden hacer algo ante el poder económico y político de grandes multinacionales, que con sus filiales colombianas, avanzan en zonas de páramos y sobre otros ecosistemas valiosos y estratégicos. Los candidatos a la presidencia hablan con timidez de los graves problemas que dejan la minería legal e ilegal. Pero no proponen mayores cambios.

De esta manera, un país biodiverso como Colombia asiste a la presencia de eros y tanatos sin la aplicación de medidas de control y autocontrol para tratar de mitigar sus efectos. Como asunto humano, la dicotomía parece preocupar a unos pocos, mientras el desarrollo extractivo y la aplicación efectiva y eficiente del modelo económico neoliberal continúan provocando crisis y problemas socio ambientales y la pauperización sistemática de las condiciones de vida de millones de colombianos apiñados en ciudades cada vez más insostenibles y segregadoras como Cali.

Para los medios de comunicación la tragedia de Santander de Quilichao ya pasó. Para el Estado nacional, regional y local fue un episodio lamentable, propio de la minería ilegal. El país continúa dando tumbos en lo que toca a su viabilidad como orden social y político.

El 25 de mayo saldremos a votar. La Derecha seguirá en el poder, por lo tanto, la locomotora minera seguirá adelante, sin pausa, pero con prisa. De esta manera, muy seguramente los efectos de la minería ilegal y legal se sentirán con mayor fuerza en ciudades capitales como Cali, en donde eros y tanatos conviven de tiempo atrás.

Comments are closed.