Movilización contra el delito en la frontera

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Colombia Sin HeridasPor la Fundación Progresar 

Alianza Colombia sin heridas

La movilización de un contingente de 4.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en localidades de Táchira en el marco del plan nacional Patria Segura es vista en la frontera como la respuesta del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a todo un escenario de criminalidad en que se ha convertido ese estado fronterizo con Colombia, como coletazo en buena parte del conflicto armado colombiano, la disputa territorial de bandas criminales, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el contrabando de extracción de combustible y productos de la despensa familiar.  Estas formas criminales irradian su accionar desde Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Ragonvalia y Herrán, localidades de Norte de Santander, situadas a lo largo del río Táchira, que sirve de límite natural entre los dos países.

El despliegue de fuerza para trece parroquias de nueve municipios con la mayor incidencia criminal de los veintinueve que conforman la geografía tachirense incluye el montaje de diecinueve centros de atención ciudadana y sesenta y tres puntos de control para combatir el sicariato, el robo de vehículos y para contrarrestar el accionar de las bandas organizadas que provienen de Colombia y que se han acentuado en localidades como Ureña, San Antonio y Rubio, próximas a la capital de Norte de Santander.  Los efectivos militares actúan mediante controles del flujo y movilidad de motos, carros y el chequeo de las personas que transiten  por ellos, para detectar a quienes estén en la ilegalidad, según el propósito del plan.

Las molestias no se harán esperar para los 30.000 colombianos que a diario cruzan la frontera para ejercer un  trabajo informal o vincularse al aparato productivo de Táchira, que absorbe mano de obra calificada en sectores como la confección de bluyines, el carrocero, metalmecánico, plástico, cerámico, la construcción de muebles en madera, el tabacalero, marroquinero y el comercio.  Paradójicamente ellos laboran como indocumentados, razón por la cual podrían estar expuestos a excesos por parte de los funcionarios venezolanos en el afán de entregar resultados durante los seis meses que durará la primera fase del plan.

Históricamente las poblaciones fronterizas de Táchira y Norte de Santander fueron el hogar de miles de personas que por diferentes dinámicas migratorias  encontraron al otro lado el terreno abonado para levantar familia y construir empresa, y así contribuyeron al desarrollo de las localidades donde se asentaron.

La violencia política del país ha empujado en las últimas décadas hacia las fronteras a nuestros connacionales, que buscan ponerse a salvo en Venezuela de la guerra, donde han tenido que afrontar un futuro incierto por todo lo que implica el desarraigo y porque hasta allí han ido a asesinarlos sus victimarios, en lo que pareciera un suplicio de nunca acabar.

En localidades venezolanas como Ureña y San Antonio se han asentado en barrios de invasión familias provenientes del Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander, Santander, Cesar y la Costa Caribe, que con el estigma de desplazados, indocumentados y colombianos pobres mascullan cada día el dolor de sentirse olvidados por un gobierno y un Estado que poco hizo para protegerlos. En esos barrios subnormales campean las bandas criminales y otros malhechores que imponen a sangre y fuego el silencio, siembran el terror y la zozobra, revictimizando a quienes un día lo perdieron todo.

Por esa razón, las autoridades colombianas deben tomar atenta nota de lo que pasa al otro lado de la frontera con los connacionales, buscar los mecanismos de cooperación con las autoridades del país vecino, con el apoyo de aquellos planes diseñados, para garantizar la paz y la tranquilidad en esos municipios fronterizos a fin de que sea efectivo el accionar contra los grupos generadores de la violencia, que cuando se sienten presionados emigran al país vecino para solaparse y continuar su carrera criminal.

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