Movilización popular, paz y posconflicto armado

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El próximo 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo el primer taller “Dialogo Regional de Paz, cerrando brechas entre los acuerdos de La Habana y la agenda del Cauca”, donde  tendrán como invitados especiales al Centro de Estúdios Latino-americanos de la Universidad de Georgetown (E.E.U.U.), el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), GIZ-Pro indígena, Gobernación del Cauca, Espacio Regional de Paz, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Por: Henry Caballero Fula

Integrante del Espacio Regional de Paz del Cauca

La llave de la paz

En la II vuelta de la elección presidencial pasada varias organizaciones sociales promovieron la votación por la paz. No fue fácil explicar por qué esta decisión no representaba una votación por el candidato Santos aunque en el tarjetón se tenía que marcar por él;  a pesar de ello, muchas personas incursionamos en esta acción de voto.

Muchos de quienes votamos, lo hicimos por  un escenario de continuidad de la negociación política del conflicto armado, pero claramente no votamos por la paz de Santos.  En lo que coincidimos con el ahora presidente es en el escenario pero no en lo que esperamos del mismo ni en cómo debe ser nuestra actuación.

La paz del  presidente no es la paz que buscamos desde los sectores sociales que nos hemos manifestado en procesos de movilización como los de la Minga indígena y popular, la MANE, la Ruta Pacifica de Mujeres, la MIA, las dignidades, hoy la gran mayoría agrupados en la Cumbre Agraria.

El  boom de la paz, precipitado por el mandato dado a Santos, reforzado con la alta posibilidad, por primera vez, de que se concrete un fin del conflicto armado con las FARC, ha colocado a muchas organizaciones del campo democrático y popular en los vagones del tren del Presidente timonel. Pero sabemos que esos vagones no son conducidos con dirección a la paz integral con justicia social sino con dirección al país puesto al servicio del capital transnacional y los grandes cacaos nacionales; en donde la solución política del conflicto armado sí al caso es una parada secundaria, cuando no un frenazo para que se bajen los que molestan o para que se acomoden como puedan.

Coincidimos en el escenario pero no en el tren. Los intereses que representa el presidente Santos son completamente opuestos a los de las grandes mayorías, a la diversidad, a la democracia a la sostenibilidad, a la vida de los pueblos.

ALGUNOS LAMPARAZOS DE LA POLÍTICA DE SANTOS

– Al final de su primer mandato, en pleno auge de la movilización agraria, y en medio de la negociación con la MIA, por una parte, y con Dignidad agropecuaria, por la otra, nombró como ministro de desarrollo agropecuario,   a uno de los principales representantes del modelo agroindustrial y de los grandes gremios, para quienes la producción campesina debe desaparecer.

– Luego este ministro se dio el lujo de lanzar el “Pacto Nacional Agropecuario” para poner los recursos del Estado en manos de los grandes empresarios y gremios, así como de campesinos que logren y quieran depender de estos señores; pacto que fue rechazado por las organizaciones populares, pero que continua siendo la piedra angular de la política agropecuaria del ahora Santos II. De hecho a las movilizaciones y organizaciones representadas en la Cumbre agraria se les ha ofrecido una parte de los recursos previstos desde este pacto, no tanto para que entren al mismo, pero seguramente sí para que empiecen a hacer desarrollo desde la política pública existente para el campo (donde los afrocolombianos, indígenas y campesinos, son vistos como mosco en leche).

– Al final de su mandato le quito la gerencia del INCODER a Miriam Villegas quien venía haciendo una labor de diálogo con organizaciones sociales del campo, y que trataba de entender las propuestas de las mismas y trabajar para que el gobierno nacional pudiera articular una respuesta a las mismas. Se dice que fue para poder entregarles burocráticamente este instituto a los conservadores, pero seguramente en el fondo fue una estrategia para dejar los diálogos y mecanismos generados nuevamente como comenzando en ceros.

– En los dos últimos años de su primer periodo, Santos sometió al movimiento indígena a mesas de diálogo que llegaron hasta la formulación de documentos concertados en términos jurídicos (con la figura de decretos presidenciales). Desde dos meses antes de su elección y en los meses posteriores a la misma durante su primer periodo, y ahora lo que lleva como Santos II, los compromisos de firma de documentos concertados se fueron diluyendo; la promesa de la  “la semana próxima” se convirtió en estribillo pero cambiando su denominación por la de “mañana”, la cual nunca llega (como en los carteles de las tiendas: hoy no fio, mañana sí).  Para lavarse las manos, el gobierno nacional inicialmente puso en confrontación entre sí a las organizaciones indígenas de la Mesa permanente de concertación nacional; luego hizo un trabajo de zapa con las organizaciones campesinas y afrocolombianas, para poder utilizar el argumento consistente en  que no es el gobierno nacional el que no quiere cumplir sino que no puede echarse encima a las demás organizaciones sociales.

– En tanto que las organizaciones indígenas acuerdan y re-acuerdan con los decretos, así como se las ven con infinidad de temas en la Mesa Permanente de Concertación indígena, el gobierno nacional desmonta el derecho a la consulta previa para comunidades indígenas y afrocolombianas, a la vez que niega la territorialidad de estos pueblos en documentos institucionales como las certificaciones que da el Ministerio del Interior e incluso en documentos “técnicos” como los formularios del censo nacional agropecuario. Con acciones como estas apuntala la acción de despojo  territorial que el modelo extractivista exige respecto a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

– Sacando provecho de su experiencia con la mesa indígena, el gobierno nacional ha instalado mesas con sectores sociales movilizados, campesinos y afrocolombianos, a todos los niveles: local, departamental, regional y nacional.  Reuniones permanentes: tiquetes, hoteles, secretarios(as), asesores(as), expertos(as), actas, espacios autónomos y conjuntos, subcomisiones, autorizaciones y desautorizaciones,  rompimientos, reencuentros, etc. Un proceso interminable que sí los representantes de las comunidades y organizaciones se descuidan les puede llevar innumerables años y arrojar pocos resultados, lo cual contrastado con la realidad que pasa por fuera de las mesas seguramente puede constituirse en retraso, estancamiento y/o derrota.

– A pesar de movilizaciones permanentes y la preocupación nacional por la minería legal  e ilegal, la extracción petrolera, el cambio climático, las represas y los macro-proyectos hidroeléctricos, en el periodo Santos II es nombrado como ministro del Medio ambiente y desarrollo sostenible,  Gabriel Vallejo experto en servicio al cliente y en ventajas competitivas, con experiencia en empresas de seguros y hotelería (con un paso en lo público ejerciendo de director del DPS). “La poca importancia que le da Santos al tema” dicen algunos, pero este nombramiento lo que hace es indicar claramente cuál es el papel del ambiente y el desarrollo sostenible: el ecoturismo, la venta de bonos de oxígeno, las patentes de obtentores vegetales y razas animales, etc. No en vano ya en su primer gobierno Santos había intentado nombrar una ministra del medio ambiente experta en turismo y en banalización de las culturas indígenas.

La  solución política del conflicto armado

Desde el año 2012, varias organizaciones sociales agrupadas en la red de iniciativas de paz desde la base habían dicho “la llave de la paz también es nuestra”.  Hoy más que nunca es necesario que nos apersonemos de esa consigna. No tenemos locomotora, tenemos minga y movilización popular; jalonemos hacia una paz integral con justicia social, lo cual tiene que hacerse en contra del modelo que en este momento se nos impone, que es por esencia extractivista, depredador y arrasador de las culturas y poblaciones locales.

Los forcejeos de la negociación en la Habana han logrado que se defina una declaración de principios cuyos contenidos fundamentales son:  la participación de las víctimas en el proceso como ciudadanos con derechos, el reconocimiento de responsabilidades tanto de la Guerrilla como del Estado y el no intercambio de impunidades entre estos, la garantía de los derechos de las víctimas al esclarecimiento pleno de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición y de protección y seguridad; dándole todo ello una base muy firme al proceso.

Los debates presentados en el país, y entre las victimas mismas, dejan muy claro que algunos sectores con mucho poder en Colombia la única verdad que están dispuestas a  aceptar es la que señala que durante más de 50 años la violencia se debió a un grupo terrorista en Colombia que surgió puesto por enemigos de la patria, que fue vencido, y que en virtud de ello está siendo obligado a reincorporarse, dejando las armas. Esta verdad pretende esconder la complejidad del conflicto armado, pero sobre todo quiere encubrir a actores fundamentales que lo han originado, que han actuado en el mismo y que sigan utilizando la violencia para imponer su concepción.

Muchas de las organizaciones sociales han exigido que se llegue a un acuerdo en la Habana y han avalado políticamente estos diálogos. Saben que ello no constituye la paz en sí misma pero que sienta las bases para su construcción en la medida en que se podrá abordar la lucha y organización popular sin muerte, desaparición, tortura, señalamiento, desplazamiento, amenazas, miedo. Sin embargo, es claro que este mínimo vital que necesita la nación se logra con el desmonte de todos los actores de violencia y del patrón societal e institucional en que se han apoyado y que, a la vez, han venido constituyendo;  sí con motivo del proceso de la Habana no se logra ello, muy poco o nada se habrá avanzado.

El reconocer que las víctimas del conflicto armado son originadas desde  todos los actores es un gran avance. Sin embargo ello no se agota en la participación de delegaciones de víctimas en la Habana.  Es necesario que desde la sociedad civil colombiana, y en este caso desde las organizaciones sociales, estemos pendientes para que se cierre definitivamente el conflicto armado en Colombia. En la Habana están las FARC y el Estado colombiano. Las FARC tendrán que garantizar que no participarán más en el conflicto armado, y por tanto tendrán que contribuir en el esclarecimiento de la verdad, la garantía de justicia, de reparación y de no repetición; en tanto que el Estado tendrá que hacer lo mismo desde lo que le compete por acciones de la Fuerza pública violatorias de los DH y del DIH, y por la organización, apoyo y connivencia con los paramilitares.  El cierre del conflicto en la Habana debe garantizar, como marco mínimo para la construcción de la paz, el desmonte de las acciones y estructuras armadas de las FARC, los paramilitares y las violaciones e infracciones desde el Estado, así como del patrón de articulación política y empresarial que ha permitido esto.

Aunque el equipo del gobierno en la Habana ha aceptado que el conflicto no es de solo un actor (FARC) y que el Estado también ha actuado en violaciones e infracciones, existe el peligro de que este reconocimiento se quede en la construcción consensuada de una verdad histórica general que no llegue hasta el desmonte de la violencia ilegal que encarna cada uno de los actores.

En este  momento, la mayoría de las organizaciones sociales y de base parecen más preocupadas por el llamado posconflicto que por un cierre real del conflicto armado. No obstante, solo una fuerte presión desde la sociedad civil, partiendo desde las organizaciones sociales, permitirá que este fin del conflicto sea real y no formal

La expectativa con el posconflicto

Para las organizaciones sociales, particularmente para las del Cauca, está claro que luego de la firma en la Habana no vendrá el posconflicto, ya que está palabra implica un contenido que tiene que ver con la dinámica social y no solo con el conflicto armado.

Los grandes conflictos socioeconómicos seguirán dándose: por la tierra, por los usos del territorio (principalmente alrededor del agua, el bosque, la minería y la agroindustria, lo colectivo y lo individual) por la equidad, la participación y la diversidad. La esperanza y la apuesta, con el cierre del conflicto armado, es que los conflictos socioeconómicos y culturales no se tramiten, desde algunos de los actores, recurriendo a la violencia sino con base en las normas de un real estado social de derecho; por ello se apoya con firmeza el proceso de paz.

Entonces, luego de la firma de los acuerdos de la Habana no vendrá un posconflicto en general sino un posconflicto armado y eso en la medida en que se logre dar un cierre definitivo del mismo en los términos en que se apunta en los últimos párrafos del subtitulado anterior. A esto es a lo mínimo que le podemos apuntar, pero ello implica una fuerte movilización de la sociedad civil (fundamentalmente de sus organizaciones sociales), autónoma y deslindada del liderazgo monopólico del presidente de la República.

Lo cierto es que muchas instituciones privadas y públicas, de la comunidad nacional e internacional, se preparan y aprestan para la actuación en la etapa del posacuerdo, entendido este como fundamentalmente la desaparición del factor de violencia representado en las FARC.

Desde las organizaciones sociales, debemos direccionar y exigir para que esta oportunidad histórica  no se quede en la desmovilización de un actor armado sino que implique una transformación del país, la cual debe ser garantizada y tramitada desde un escenario de no existencia del conflicto armado, de desmonte de todos los mecanismos y patrones de organización de la sociedad y el Estado que lo han permitido. Muchas de estas decisiones de país referentes al cierre definitivo del conflicto armado tendrán que ser tomadas y ganadas políticamente desde las etapas actuales de negociación y no después de que estas hayan terminado.  

Sí bien es entendible que la mayoría de las organizaciones sociales se muestren entusiasmadas con el llamado “posconflicto”, dada la posibilidad de inversión social y de participación local y regional, no debemos sufrir un grado de euforia tal que nos lleve a “ensillar sin tener las bestias”, no tanto porque de pronto no se llegue a una firma de los acuerdos sino porque sí ello no garantiza el cierre total del conflicto armado tal vez estas dinámicas, proyectos y programas no representen sino un vano esfuerzo y una nueva desilusión.

Si particularizáramos  algo el dicho popular y  nos refiriéramos a caballos, podríamos decir “ensillar sin tener el caballo amaestrado”, lo que llevaría, al montarse,  a un gran porrazo nacional.

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