Mujeres contra la minería depredadora

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Por Álvaro Guzmán Barney

Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Hace aproximadamente dos semanas un grupo de sesenta mujeres mineras del Norte del Cauca y 26 hombres de la “Guardia Cimarrona” que las acompañaban, hicieron presencia pacífica en Bogotá con una manifestación. De igual manera, promovieron encuentros con distintas autoridades nacionales (El Espectador 27 de nov/2014, P.2). La semana pasada se informaba que aún hacían presencia con sus reclamos en el Ministerio del Interior. Este es un hecho de alta significación por varias razones.

En primer lugar, está el esfuerzo colectivo que significa organizar un viaje por distintas ciudades del país, desde el municipio de Suárez en el Cauca hasta Bogotá, para manifestarse pacíficamente ante el Gobierno central, al mismo tiempo que publicitan su problema entre la ciudadanía y buscan su solidaridad. La razón que aducen para la movilización es de notable peso: su arraigo ancestral a un territorio, la cuenca del río Ovejas, en el que han desarrollado una actividad campesina y de minería artesanal que se ha puesto en jaque en varios momentos. Hace unos años, con la construcción de la represa de La Salvajina que desplazó campesinos y, actualmente, por la presencia de poderosos intereses mineros que han arremetido contra el territorio y su población. Los campesinos y los mineros que aún subsisten, retoman en estas circunstancias aspectos de su memoria colectiva que los vinculan con el territorio y sus tradiciones para defender unos intereses, conscientes de una situación de injusticia que los afecta. En esta ocasión han decidido protestar de manera pacífica en el escenario nacional, ante las autoridades del Gobierno central.

Como sucede en otras partes del país, en el Cauca y en Suárez se presenta una avanzada de explotación minera, legal o ilegal, pero conocida y tolerada por las autoridades en todos los casos, amparada por distintos grupos armados, depredadora de la naturaleza y del ambiente que busca por todos los medios el enriquecimiento rápido con la explotación del oro. Sobre la base de quienes lo han hecho ancestralmente, aparecen los “empresarios” nacionales, legales e ilegales, y la sombra de las concesiones mineras a grandes empresas multinacionales que esperan el momento oportuno para intervenir directamente. Entre los nacionales, se encuentran algunos que lo hacen teniendo en cuenta mínimos ordenamientos estatales, técnicos, ambientales con la explotación de las minas y con sus trabajadores. Pero, lo que domina hoy es la explotación ilegal de empresarios amparados en la fuerza, que somete a la población de la zona, que no guarda reglas de seguridad con los trabajadores y que no tiene consideración ecológica alguna con su forma de explotación. Se debe anotar que muchos de sus trabajadores apoyan esta forma de explotación ya que la consideran su única fuente de empleo y subsistencia. Frente a una visión alternativa distinta que promueve una minería sustentable, muchos de estos trabajadores sienten que pierden su modalidad de vida y de ingresos si se cierran las explotaciones que llamamos depredadoras. No consideran que la explotación minera y el empleo se puede hacer de otra forma. En medio de estas contradicciones, las mujeres que se manifestaron en Bogotá defienden su forma de vida, sostenida en la minería artesanal, pero protestan contra la minería que las ha desplazado, especialmente aquella que no tiene consideraciones por la vida de sus trabajadores, tampoco por el medio ambiente, que opera con violencia sobre las personas y la naturaleza, todo esto con el conocimiento del Estado.

No basta con decir que el Estado no proporciona una respuesta adecuada o se esconda en mecanismos sustentados en las promesas. Una revisión de prensa de los últimos tres años permite argumentar que hay un interés estatal en defender la minería legal de gran escala, una de las locomotoras del Plan de Desarrollo, sin ponerle una atención adecuada a sus impactos económicos, sociales y ambientales que son cuestionables. La Contraloría ha promovido importantes investigaciones a este respecto. También hay un interés de fondo por poner en cintura la minería ilegal, especialmente aquella que es informal y artesanal, como la de los campesinos y mineros a que aludimos en el presente artículo. Pero, hay una complacencia sospechosa con la minería ilegal e informal que mueve importantes capitales y está agenciada o relacionada con grupos armados de distinto tipo.

En el Norte del Cauca, todo parece indicar que son los Indígenas y los mineros negros los que se están organizando para controlar la minería depredadora. Aunque hay sectores de académicos solidarios con sus reivindicaciones y puede haber alguna simpatía entre la población, la sociedad urbana está de espaldas ante esta problemática, como ante tantas otras del mundo rural y campesino.

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